En dos semanas han sido publicados tres informes distintos que señalan la excesiva regulación gubernamental como uno de los mayores problemas que confronta América Latina para avanzar hacia el desarrollo económico. El primero de los informes es un estudio del Banco Mundial titulado "Haciendo Negocios en 2004", el cual mide los costos de cinco funciones básicas para llevar a cabo operaciones comerciales en 130 países. Entre los temas estudiados están las regulaciones y los sistemas legales que afectan la habilidad de las compañías para iniciar operaciones, obtener crédito, contratar y despedir empleados, hacer cumplir contratos y participar en quiebras.
Caralee McLeish, una de los autores del informe, mantiene que "en América Latina se registra una tendencia general a mayor intervención reguladora". Entre las 10 naciones con las regulaciones más ineficientes en todo el mundo se destacan cinco países latinoamericanos: Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Venezuela.
Las consecuencias de ese exceso de regulaciones se ven claramente en los otros dos informes publicados simultáneamente. Uno es el "Indice de Corrupción Mundial", elaborado por la organización Transparencia Internacional, donde encontramos a la mayoría de los países latinoamericanos ubicados entre las más bajas posiciones de los 133 países estudiados. De las naciones catalogadas por el Banco Mundial como las más reguladas por la burocracia ninguna supera el puesto 50 del índice de corrupción, lo cual parece indicar que a más regulación, mayor corrupción.
El tercer documento es el "Informe sobre Trabajo Decente" elaborado por la Organización Internacional del Trabajo, el cual señala que en las diez economías latinoamericanas estudiadas —no incluye ninguna de América del Sur— el trabajo informal involucra a no menos del 40% de la población y en los peores casos alcanza 60%.
La relación entre regulaciones excesivas por un lado y corrupción e informalidad por el otro ha sido comprobada una y otra vez por estudios y libros como "El otro sendero" del economista peruano Hernando de Soto. Según de Soto, en la medida que las regulaciones dificultan iniciar un negocio, más personas optan por la informalidad. También aquellos que deciden atravesar el vía crucis regulador confrontan todo tipo de obstáculos y trabas que a menudo pueden superar sólo mediante el pago de sobornos a los funcionarios involucrados. Es así como se dispara la corrupción pública, mientras que las regulaciones y la informalidad crecen en paralelo.
El sector informal significa serios costos que se traducen en un pobre desempeño económico para los países que tienen un amplio porcentaje de su fuerza laboral operando al margen de la ley. Los informales no tienen acceso al crédito, seguros, servicios básicos, tampoco al sistema legal para hacer cumplir contratos y es un inmenso desperdicio no poder aprovechar las economías de escala ante las limitaciones implícitas en toda operación informal. Además, los informales deben dedicar gran parte de sus recursos a evadir a las autoridades que los persiguen o a pagar sobornos, a la vez que no pueden publicitar sus actividades abiertamente como lo hacen los negocios formales.
América Latina no prosperará ni podrá competir con otras regiones del mundo moderno si el peso regulativo empuja a la mitad de sus trabajadores a la informalidad, dejándolos fuera de la protección que brinda la ley. Eso disminuye la competencia porque representa una ventaja para los grandes empresarios que sí cuentan tanto con las conexiones políticas como con los abogados y especialistas en navegar ese mar de regulaciones. Por eso es imperativo que los gobernantes y políticos presten la debida atención al tema y reduzcan el tremendo peso que significa la excesiva regulación de las actividades empresariales.
Juan Carlos Hidalgo es colaborador del Proyecto sobre la Libertad Económica Global del Cato Institute.
© AIPE