El director general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Bernardo Pérez de León, explicaba en el diario ABC del pasado miércoles las fases del plan del Gobierno contra el robo de teléfonos móviles.
Cuenta el señor Pérez de León que el plan, impulsado conjuntamente por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Ciencia y Tecnología "se puso en marcha el pasado mes de abril con la creación de un grupo de trabajo permanente en el que, además del Gobierno, están presentes las cuatro operadoras de telefonía móvil españolas (Telefónica, Vodafone, Amena y Xfera) y los principales fabricantes de teléfonos".
Como medida para evitar los robos se pretende, según el diario, "diseñar una solución tecnológica que permita a las operadoras inutilizar un teléfono el mismo día en que su robo o pérdida ha sido denunciado". Y para ello, explica D. Bernardo, se va llevar a cabo "la elaboración de una base de datos de teléfonos robados, una auténtica lista negra" en la que se apuntará el IMEI (código que identifica universal y unívocamente a cada terminal telefónico móvil) de los equipos robados. "Lo único que tiene que hacer quien haya sido víctima de un robo es facilitar a la Policía y a su operador tanto su número de teléfono como su IMEI" y a partir de ese momento el terminal móvil no podrá utilizarse ni aún cambiándole la tarjeta SIM. Se volverá "un trasto completamente inútil, incapaz de efectuar o recibir llamadas", con lo que es de esperar que los robos de estos aparatos dejen de tener sentido.
Suena bien, ¿verdad?
Pero permítanme que les repita ahora la noticia contada de otra manera: en septiembre de 1994, el Special Mobile Group Technical Committee de la European Telecommunications Standards Institute (organismo que se ocupa de la estandarización de GSM, GPRS y UMTS, entre otros) aprobó el European Telecommunication Standard ETS-300-508. Según la sección 2 del mismo, "el objetivo principal es capacitar para que se tomen medidas contra el uso de equipos robados", y para ello se dan una serie de soluciones a incorporar por las operadoras.
Ocho años después de la aprobación de aquel estándar en España se roban al año 200.000 teléfonos móviles porque las medidas que en él se proponían han sido ignoradas por las operadoras. Entonces, el Gobierno español pone en pie de guerra nada menos que a dos Ministerios que se lanzan a la creación –y nos tememos que a la financiación– de planes especiales, grupos de trabajo permanentes y sesudas comisiones que se precipitan a diseñar las mismas soluciones técnicas ya pensadas, diseñadas y estandarizadas en 1994.
Ni siquiera en la nomenclatura resultan originales, porque las "listas negras" del Sr. Pérez de León se parecen hasta en el nombre a las black lists del ETS-300-508.
No podemos creer que esas "listas negras", de las que nos hablan a los Telecos hasta en las asignaturas de grado de la carrera, sean desconocidas para los Ingenieros de Telecomunicación que pueblan operadoras y ministerios, así que no entendemos que no se hayan puesto en marcha hasta ahora, ni que haya que crear planes ministeriales para hacerlo, ni que hagan falta grupos de trabajo permanentes para rediseñarlas, ni que se tarde desde abril de 2002 hasta junio de 2003 para tenerlas funcionando. Por no entender, no entendemos ni qué pintan en esos grupos de trabajo permanentes los principales fabricantes de teléfonos móviles, que ellos sí han incluido como debían en sus productos el IMEI que las operadoras luego no utilizan.
Menos mal que no sé cuántos millones de euros nos va a costar todo esto a los contribuyentes: así me deprimo menos.
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