En el año 1985, el Ejecutivo de Felipe González dio un paso decisivo en la mejicanización de la política española. Para convertir al PSOE en un PRI a lo ibérico, se cargó la independencia del poder judicial. La elección de los miembros de su órgano de Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, pasó a recaer en su totalidad en el Parlamento. Al grito de Alfonso Guerra de "Montesquieu ha muerto", desapareció el sistema mixto de elección de los miembros del CGPJ que había establecido la UCD.
El Partido Popular, por su parte, ni antes ni durante ni después de su periplo en el Gobierno ha hecho absolutamente nada por devolver al poder judicial la independencia que le debería ser propia. Más bien al contrario, ha participado en todo tipo de componendas pasteleras con el PSOE en materia de justicia. Por su parte, los componentes de los altos Tribunales han esperado paciendo en sus Salas el anhelado ascenso o la llegada de la prebenda política. Sus señorías han entendido sistemáticamente que no debían interferir en los designios del legislativo.
Sin embargo, ahora, amenazan los trencillas, pretores de distinto rango, con poner a las puñetas en huelga el próximo día dieciocho de febrero, so pretexto de protestar por la insoportable injerencia del Gobierno en el funcionamiento del poder judicial. Resulta curioso que sea la sanción al juez Tirado (con mayúscula) el factor desencadenante de tan profunda indignación.
La multa impuesta por el Consejo General del Poder Judicial al que fue juez del caso Mari Luz, ascendió a la increíble cifra de 1.500 euros. No crean que los jueces comparten el sentimiento de la sociedad española, que percibe esta multa como una burla a los ciudadanos y a sus señorías como paseantes del patio de Monipodio. Muy al contrario, los de las puñetas están molestos por el trato recibido por Tirado, a quien están tratando de presentar como víctima, soslayando su responsabilidad.
Es evidente que la administración de justicia tiene una reforma pendiente, que los medios con los que trabaja están obsoletos, que una justicia lenta siempre es injusta, que un juez de instrucción tiene un poder discrecional temible, que junto con los cuerpos y fuerzas de seguridad suelen ser los sempiternamente marginados en el presupuesto. Nunca falta dinero para los despilfarros folklórico-autonómicos, en cambio no lo hay para que los jueces traten de controlarlos. Tan obvio resulta el deterioro de la justicia, que en el último barómetro del CIS son los integrantes del poder judicial la institución peor valorada de España.
En este lento proceso de descomposición del que debería ser uno de los pilares del Estado de derecho, algo ha excitado el ser del órgano jurisdiccional, como se dice en lenguaje procesal, y no imagina el lector cuán grado de excitación se ha alcanzado para amenazar hasta con la huelga. Las razones aducidas para la protesta son ciertas, pero no es menos cierto que sin la espoleta del corporativismo los jueces no se habrían puesto en pie de estrado, amenazando con una huelga de puñetas.