¿Puede España suspender pagos? No es ninguna novedad y ya lo dijimos aquí: si fuéramos una empresa privada ya habríamos quebrado. De hecho, poco después de anunciarse el rescate de la UE y el FMI ya nos barruntábamos que los especuladores habían acertado en su pronóstico de unos días antes: la economía estaba en una situación crítica y empezaron a huir de nuestro país.

Desde luego, podrá parecer exagerado que con una deuda pública que apenas representa el 55% de nuestro PIB el país suspenda pagos, aunque ya constaté en su momento que la mayoría de quiebras soberanas de los últimos 40 años se habían con una deuda pública en relación al PIB inferior al 60%. En el caso español, sin embargo, no deberíamos fijarnos solamente en la cantidad de deuda pública a la que debemos hacer frente, sino también en la deuda privada que sufre cada una de nuestras familias, empresas y bancos.

Al fin y al cabo, nuestra renta futura –si es que tenemos alguna– debe repartirse entre amortizar nuestra deuda pública (vía impuestos) y nuestra deuda privada. La quiebra no es más que aquella situación en que nuestra producción futura resulta inferior a las deudas que hay que abonar: no podemos pagar.

Así, si el estado de nuestra deuda pública no ha dejado de empeorar en los últimos tres años, el de la deuda privada lleva degradándose desde principios de la década, cuando el Banco Central Europeo favoreció una brutal expansión del crédito que la privilegiada banca privada sólo se encargó de amplificar. Pese a que en general sólo debería invertirse aquello que se hubiese ahorrado previamente, los españoles tuvimos acceso durante varios años a una financiación que no procedía de la abstinencia voluntaria de consumir (el ahorro), sino de una deliberada manipulación de los tipos de interés por parte del cartel bancario (dirigido por ese emisor monopolístico de dinero fiduciario que es el banco central). De ahí que, siendo el coste de los préstamos artificialmente barato, casi todo el mundo comenzara a endeudarse para consumir (incrementando la demanda a crédito de las empresas) y para aumentar su capacidad productiva (por ejemplo, comprando cantidades ingentes de suelo edificable).

Acumulamos una enorme deuda privada que supuestamente deberíamos haber amortizado con una producción futura que sólo existía en nuestro particular cuento de la lechera: "Compro un solar cinco veces más caro que hace dos años, construyo dos edificios costosísimos y los consumidores seguirán hipotecándose sin límite para adquirirme todas las viviendas del bloque, con cuyos ingresos podré comprar más suelo a precios todavía mayores donde construir nuevas viviendas que venderé aún más caras".

Es decir, puede que Grecia tenga una deuda pública del 120% del PIB, pero su deuda privada apenas alcanza el 90%. En cambio, España, con su 55% de deuda pública, acumula más de un 200% de deuda privada. Por ello, dicho sea de paso, se equivocan por completo quienes proponen reducir la deuda pública recaudando con más impuestos: la escasa renta de que dispondrán en el futuro nuestras familias y empresas les será necesaria para repagar su propia deuda privada; mejor sería que el Estado no les impusiera cargas tributarias adicionales para mantener unos niveles de gasto que, sí, son insostenibles.

En este dantesco escenario, es evidente que el eslabón más débil de nuestra economía, allí donde primero se manifiestan las desconfianzas y los recelos, son los bancos. Como acreedores netos de la economía, acumularon durante la orgía crediticia que ellos mismos impulsaron miles de millones de créditos contra unos constructores, promotores, e hipotecados que hoy ni construyen, ni venden, ni pagan las viviendas; situación que sólo se agrava conforme sigue aumentando el paro y la no reforma laboral impide a los agentes volver a generar riqueza en otras áreas de la economía.

Pero por si lo anterior fuera poco, las supercherías keynesianas que inspiraron a Zapatero lo empujaron a endeudar al sector público a partir de 2008 con tal de relanzar nuestra "demanda agregada interna" y evitar que la economía se reajustara. Para ello tuvo que colocarse la deuda del Estado a esas entidades crediticias que suficientes problemas padecían por la pésima calidad de los créditos privados que poseían. Para que nos hagamos una idea, en dos años, la deuda pública en propiedad de nuestros bancos y cajas aumentó en alrededor de 90.000 millones de euros: ha bastado con que Standard and Poor’s y los inversores extranjeros hayan entendido que no sólo son basura los créditos privados sino también los públicos para que la banca se hundiera en bolsa y para que la refinanciación periódica de sus deudas se volviera una misión casi imposible.

Y es que si la calidad de la deuda pública se vuelve subprime, nuestros bancos quiebran y si nuestros bancos quiebran... bueno, entonces los ajustes necesarios para nuestra rigidísima economía serían de tal calibre que ni volveríamos a crear riqueza en varios lustros ni podríamos tampoco hacer frente a la deuda privada. ¿Entienden ahora que los malvados especuladores huyeran de todo lo que llevaba la marca española?