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Más allá de los stress test

Aun cuando nuestro sistema financiero no quiebre, el futuro que se le abre a la banca y a la economía española no deja de ser lúgubre.

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Los stress test de la banca española ya son públicos. Después de varias semanas de expectación, después de varios meses de ocultación, ayer tuvimos acceso a unos datos que supuestamente iban a revolucionar el modo en que observábamos a la banca española. En realidad, sin embargo, en el agregado hay muy poca información novedosa que no pudiera extraerse de las estadísticas que mensualmente publica el Banco de España en su página web. Sin salir de esta casa, Alberto Recarte llegó en 2009 a un cálculo de pérdidas muy parecido al que nos han ofrecido los burócratas europeos.

Aún así, creo que la escasa transparencia que en general caracteriza a toda la contabilidad bancaria aconseja que pongamos las cifras en cuarentena. O, al menos, que no nos creamos que son cálculos que gozan de una precisión apodíctica. Si en economía anticipar el futuro con exactitud ya resulta un ejercicio destinado a fracasar, en el caso de los bancos el margen de error puede oscilar en varias decenas de miles de millones de euros.

Con esto no quiero decir que las pérdidas previsibles del sistema bancario no tengan nada que ver con las ofrecidas por los test de estrés, sino que habida cuenta del enorme deterioro que ha sufrido nuestra economía en los últimos tiempos, los quebrantos finales probablemente se acerquen más a los 250.000 millones de euros que a los 207.000 que anticipan los test para el peor de los escenarios. Al fin y al cabo, no es demasiado difícil que los inmuebles se deprecien más del 30% que se ha presumido y que los impagos (especialmente en el sector empresarial) sean mayores de los supuestos. Además, los test pronostican que, como poco, nuestras entidades de crédito obtendrán en 2010 y 2011 un margen bruto de explotación (beneficios por sus actividades ordinarias) de 100.000 millones de euros, apenas un 20% menos que en los años de bonanza. Un recorte más prudente nos debería llevar a considerar una caída de entre el 30% y el 40%.

Dicho de otro modo, lejos de los 2.000 millones de euros de fondos públicos que los test sostienen que van a necesitar los bancos y cajas españoles para alcanzar una capitalización aceptable, lo más probable es que esa cifra ascienda hasta los 80.000 millones, lo que implicaría agotar de facto la dotación con la que cuenta el FROB.

Pero incluso con estas enmiendas de brocha gorda, el resultado final de los stress test no resulta tan calamitoso como muchos se temían, pues en general, y merced al tráfico del dinero del contribuyente, el sistema financiero español podría sobrevivir. Sin embargo, llegados a este punto, sí querría efectuar cuatro comentarios que, salvo excepciones, no suelen acompañar a las buenistas conclusiones de los test de estrés y que resultan fundamentales para saber dónde estamos y dónde vamos a estar.

Lo primero es que todos los cálculos anteriores asumen que a partir de ahora la economía española va a sufrir un deterioro moderado, tirando a estancamiento, en su crecimiento. En tanto esta hipótesis no se cumpla, la morosidad y por tanto las pérdidas de la banca serán sustancialmente mayores. ¿Hay motivos para pensar que España se desplomará? Los hay. Un paro del 20%-25% de la población activa destruye cualquier economía, especialmente si el Estado trata de jugar un papel "compensatorio" que ni puede ni debe permitirse. O las empresas se reajustan o sólo las partes más productivas de nuestra economía seguirán en funcionamiento, lo que equivale a decir que nuestro PIB puede caer hasta un 20% con respecto al de 2007... y de momento –gracias a los insostenibles planes de estímulo que sólo retrasan lo inevitable– no hemos caído ni siquiera un 5%.

En segundo lugar, los test de estrés no han considerado la posibilidad de que algún Estado (¿Grecia? ¿España?) quiebre. Sólo se han atrevido a recortar el valor de la deuda pública en propiedad de los bancos que éstos esperan vender en menos de un año (trading book) y no el de la deuda pública que buscan conservar hasta su vencimiento (banking book). Pero la parte del león se encuentra en la segunda. Un eventual impago de España, huelga decirlo, acabaría con nuestra banca, de ahí que resulte urgente acabar ya con el elefantiásico déficit público, mejorando la solvencia de la Administración.

Tercero, y esto es esencial, los test de estrés son mediciones de solvencia de las entidades, no de liquidez. Lo que indican es que en principio la banca logrará los recursos necesarios para hacer frente a todas sus deudas, pero no tratan de pronosticar si dispondrá de los recursos suficientes en el instante necesario. La diferencia entre liquidez y solvencia es importante, pues si las entidades carecen en un determinado momento de fondos, se verán forzadas a liquidar anticipadamente su activo, lo que provocará pérdidas adicionales a las previstas por los test. El asunto es endiablado, pues entre la banca y el Estado español se produce una situación de interdependencia que bien podría acabar con ambos: el Estado necesita a la banca para que financie parte de su deuda, y la banca necesita esas emisiones de deuda para, mediante el FROB, ampliar capital y sobrevivir. La posición de ambos es tremendamente débil (ni siquiera merecen ser considerados castillos de naipes) y por ello ante el más mínimo susto los dos se encuentran a punto de colapsar (como sucediera en mayo). Si, por ejemplo, el Estado no logra colocar parte de sus emisiones de deuda a los inversores extranjeros, la banca española se hallará un pelín más cerca de la quiebra, con lo cual se le cerrará el grifo del mercado interbancario y, asfixiada como está, tampoco podrá participar en adquirir esas emisiones de deuda del Estado. Al final, pues, o los dos caen en suspensión de pagos o financian sus pasivos a tipos de interés crecientes, como le pasa a Grecia (lo que provoca depreciaciones adicionales en el trading book de la banca). De momento, ambos han sobrevivido gracias a la muy laxa política del BCE, pero es de esperar –y de desear– que Trichet en algún momento cierre el grifo: en caso contrario, Zapatero y los directivos de la banca nunca se reestructurarán (o tardarán lustros en hacerlo) y la economía se encontrará en un estado zombie.

Y, por último, incluso en el supuesto de que ninguno de los riesgos anteriores se conjure, el futuro que se le abre a la banca y a la economía española no deja de ser lúgubre. Aun cuando nuestro sistema financiero no quiebre –y a la luz de los test, es un futurible al menos razonable–, lo que sí resulta seguro es que sufrirá unas pérdidas cuantiosísimas que erosionarán la mayor parte de su capital. Es decir, la capitalización de nuestros bancos y cajas será mucho menor de la necesaria para que éstos se decidan a asumir el riesgo de seguir concediendo nuevos créditos a familias y empresas.

En esta caso, y como ya supiera ver en 1937 el gran economista Ludwig Lachmann, lo previsible es que bancos y cajas traten de compensar su escaso margen de solvencia con una progresiva mejora de su liquidez (con un incremento de sus saldos de tesorería). Ya que no son suficientemente solventes, al menos tratarán de convertirse en extraordinariamente líquidos (los keynesianos denominan a este proceso "trampa de la liquidez", aunque lo atribuyen a factores del todo distintos). Y esto, para que nos entendamos, se traduce en no conceder nuevos créditos cuando vayan venciendo los existentes.

No es que este ejercicio de prudencia y desapalancamiento resulte a largo plazo perjudicial para una economía, pues al fin y al cabo los agentes no pueden incrementar de manera permanente su endeudamiento (en algún momento tienen que pagar sus obligaciones). Sin embargo, sí deberíamos prepararnos para, en el mejor de los casos, asistir a una década de estancamiento en la que trabajaremos (si la ley laboral nos deja) para devolver todo el endeudamiento extraordinario de nuestros recientes años locos. Algo muy similar a lo que le ocurre a Japón desde 1990.

Si no queremos que nos suceda lo mismo –perder dos décadas en lugar de solo una– convendría no hacer demasiado caso a quienes aconsejan implementar políticas de expansión fiscal o monetaria, pues el problema es real y no parece tener una solución instantánea. Japón lo intentó todo y todo fracasó. Aquí no será distinto (ya lo estamos descubriendo) y puede que de hecho resulte mucho peor, pues al menos los nipones ahorran la mayor parte de sus rentas y pueden sufragar internamente los despilfarros de su gobierno (a nuestro país los malditos especuladores foráneos le cortarían mucho antes el chorro de crédito).

En definitiva, más allá de las pérdidas concretas que vayan a sufrir los bancos y cajas españoles en los próximos años reflejadas en los stress test, lo cierto es que tenemos por delante importantes retos a corto y a largo plazo que deberemos afrontar si no queremos dinamitar la economía. La parte buena del asunto es que los remedios para el corto y el largo plazo son los mismos: liberalización de los mercados y austeridad por parte de todos los agentes económicos. La parte mala es que ambas soluciones son incompatibles con el ADN intervencionista de nuestra casta partitocrática. Hagan sus pronósticos.

Juan Ramón Rallo es doctor en Economía y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos y en los centros de estudios OMMA e Isead. Es director del Instituto Juan de Mariana.

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