Informaba el diario Público este lunes de que una decena de abogados españoles amenaza a las agencias de rating con presentar una querella criminal por incurrir en un conflicto de intereses que ha perjudicado seriamente al erario público y a los pequeños ahorradores. El reportaje es sorprendente porque demuestra que la izquierda sigue viviendo en otro planeta, en una realidad alternativa en la que todos sus dogmas ideológicos encuentran acomodo.

Los hechos: las agencias de rating –Moody’s, Fitch y Standard and Poor’s– son un oligopolio privado construido por los Estados; muy en particular por Estados Unidos y Europa. Hasta los años 70, el mercado de estas compañías se encontraba abierto a la competencia; las diversas agencias prestaban un servicio de asesoría financiera: si una persona o una institución quería invertir en un bono de, por ejemplo, General Motors, podía acudir a alguna de las numerosas agencias y pedir su opinión, previo pago por el servicio. A partir de los años 70, Estados Unidos comenzó a exigir indirectamente que todas las emisiones llevaran asociadas una calificación especial que sólo podía ser proporcionada por aquellas agencias que contaran con una licencia emitida por la SEC (la CNMV yanqui). De este modo, las agencias con licencia se convertían en un cartel aislado del resto de potenciales competidores (empresas sin licencia) y sus clientes pasaban a ser, no los individuos o empresas que querían invertir en deuda, sino las compañías que deseaban emitirla. Posteriormente, los países europeos que suscribieron Basilea II ratificaron este cartel, pues el tratado sólo permitía a las agencias "internacionalmente reconocidas" (las tres de arriba) emitir calificaciones que el tratado reconociera como válidas.

El resultado de este blindaje es de sobras conocido: las agencias de rating han fracasado estrepitosamente durante esta crisis y, sin embargo, siguen gozando de muy buena salud. Es lo que suele suceder con los monopolios de verdad. En este caso, los clientes últimos de las agencias no son las empresas que emiten deuda, sino los reguladores; pues son ellos quienes exigen que la deuda privada se evalúe exclusivamente en esas tres agencias.

Ahora vayamos a la información de Público: según este nada tendencioso diario, estas agencias han perjudicado gravemente la economía porque al principio de la crisis inflaron artificialmente los ratings de las subprime y demás activos tóxicos pero luego, cuando los benevolentes Estados comenzaron a gastar y gastar sin freno, redujeron taimada y de nuevo artificialmente los ratings de la deuda pública, dificultando y encareciendo el endeudamiento estatal.

Si es que estas agencias son unas desagradecidas: primero los Estados les conceden un lucrativo oligopolio privado y luego los castigan rebajando falsamente su solvencia. ¿O no? Puestos a conspirar, ¿no sería más lógico pensar que debe de haber un contubernio entre estas tres empresas y los Estados que las han agraciado con numerosos privilegios para mantener artificialmente inflados sus ratings?

En cualquier caso, me temo que sólo alguien muy alejado de los mercados puede creerse que los grandes inversores deciden comprar o vender la deuda pública en función de las calificaciones de estas agencias; los ratings sólo sirven para calcular los requisitos de capital del sector financiero... y poco más (esos requisitos de capital tan dados a manipulaciones contables inducidas por los propios Estados para no reconocer que su banca está quebrada). Es un hecho constatado que primero los tipos de interés suben porque los inversores huyen en desbandada de la deuda pública y sólo bastante tiempo después y a regañadientes las agencias degradan sus calificaciones. ¿Cómo se explica si no que el tipo de interés de España se disparara durante noviembre de 2010 sin que estas agencias modificaran su rating?

Es más, ¿no habíamos quedado en que si los tipos de interés subían era por los malvados especuladores que vendían al descubierto? ¿Qué pintan ahora las agencias de rating? ¿Son condiciones necesarias para las subidas? ¿Suficientes? ¿O más bien irrelevantes? Para cierta izquierda, todos, todos son culpables salvo... ¿adivina? Sí, los propios Estados que se están endeudando de manera insostenible y que amenazan con impagar sus obligaciones.

Y sobre el supuesto conflicto de intereses que detecta Público mejor no hablamos demasiado. El razonamiento es tan brillante que no merece mucho comentario: como el sector financiero es el principal cliente de las agencias de rating (son los que realizan más emisiones de deuda que requieren de calificación) y, al mismo tiempo, es el principal inversor en deuda pública, es evidente que las agencias han bajado las calificaciones de la deuda pública para que el sector financiero perciba mayores cobros en concepto de intereses. Fantástico, sólo tiene un problema: ¿en qué beneficia a los bancos que han invertido millonadas en deuda pública que los tipos de interés suban y suban hasta el punto de abocar a la quiebra a Estados como Grecia, Irlanda o puede que Portugal y España? ¿Tan tonta es la plutocracia neoliberal que gobierna el mundo?