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Juan Ramón Rallo

Réquiem por la banca pública... con reservas

La privatización de las cajas no puede convertirse en un mecanismo encubierto para desvalijar a los españoles.

Tan entusiasmada estaba la izquierda pensando que la crisis subprime significaba el hundimiento del sistema capitalista, que no se detuvo un momento a tratar de comprender lo que realmente estaba ocurriendo. Tan errabundo ha sido su discurso, tan contradictorio y suicida, que al final no ha quedado más remedio que lanzar su programa económico al lugar de donde nunca debiera haber salido: el vertedero del populismo.

Empezaron pidiendo un mayor gasto público para estimular las economías y conforme las economías no se estimulaban sino que se acercaban a la bancarrota, han tenido (en el caso de Grecia o España) o tendrán (Estados Unidos) que reclamar la misma austeridad que algunos veníamos reclamando desde el comienzo de la crisis. También se afanaron en oponerse a toda liberalización de los mercados, haciendo bueno el viejo adagio keynesiano de que los salarios nominales deben ser lo más rígidos posibles; pero cuando mandaron a un cuarto de la población al desempleo, han pasado a pedir la misma flexibilidad que algunos exigíamos desde 2007. Y, cómo no, también insistieron en que la recuperación sólo llegaría si los bancos volvían a prestar a familias y empresas, para lo cual incluso se volvía imperativo regresar a la banca pública; al final, también han tenido que claudicar y reconocer que la banca pública ya existía en España, que está quebrada y que es preciso no re-nacionalizarla, sino privatizarla.

La reforma de las cajas de ahorros aprobada por Zapatero es una buena noticia que llega con varias décadas de retraso. Nada ilegítimo hay en que una compañía decida convertirse en un banco-fundación, pero sí bastante en que esos bancos-fundaciones estén copados por políticos y que, para más inri, no puedan alterar su naturaleza jurídica, transformándose en sociedades anónimas cuando lo consideren oportuno. Era una anomalía que pudo tener su sentido en el s. XIX –más social y caritativo que económico– pero que carecía de lógica en el XX, la centuria del Estado total y omniinterventor.

Al final, las cajas de ahorros terminaron sirviendo sólo para lo que siempre sirve la banca pública: tomar decisiones ruinosas, convertir en nuevos ricos a cuatro pelagatos amiguetes, financiar a los partidos políticos propios, corromper el tejido empresarial y, por supuesto, promocionar a los burócratas que las dirigen. Una poco recomendable estrategia financiera que ha llevado a la práctica totalidad de las mismas a la bancarrota en medio de la mayor expansión crediticia de los últimos 80 años.

Zapatero y Rajoy, superiores jerárquicos últimos de todos los gestores de cajas en quiebra, pretenden ahora que les salven la papeleta los capitales privados, es decir, los esforzados y austeros ahorradores que han logrado amasar un cierto patrimonio a lo largo de toda su vida. El movimiento es inteligente y necesario, pues si hay algo que merezca la pena salvar de esos esqueletos de dinosaurio que son las cajas, desde luego los inversores privados serán quienes lo localicen, lo valoren y carguen con el éxito o el fracaso de sus predicciones.

Sin embargo, y precisamente por esto último, permítanme efectuar un muy importante caveat: la privatización de las cajas no puede convertirse en un mecanismo encubierto para desvalijar a los españoles. Recordemos que, tras la prórroga de Bruselas, el FROB –ese fondo dotado con 100.000 millones de euros para rescatar a entidades financieras– estará vigente al menos hasta julio de 2011.

En ningún caso la adquisición de una caja privada debe implicar la compra de un derecho a recibir varios miles de millones de euros del FROB para "reestructurarla". Los inversores deben pujar por modelos de negocio, no por parcelas del presupuesto público. En estos momentos, lo pertinente sería suspender el FROB (o, si se es tan ciego como para no contemplar alternativas, limitarlo a aquellas cajas que no puedan ser recapitalizadas por inversores privados) y condicionar la adquisición de las cajas que ya lo hayan recibido al reembolso proporcional del mismo en un plazo muy breve de tiempo. Sólo de este modo podremos discriminar el grano de la paja: es decir, aquellas cajas que deben quebrar (o pasar a propiedad de sus impositores) de aquellas que, con los pertinentes cambios de rumbo, son viables y deben seguir en el mercado.

En caso contrario, sólo asistiremos al típico mercadeo de fondos públicos y privados que ya venía caracterizando a nuestras cajas de ahorros y, en general, a toda la banca pública habida y por haber. Claro que quizá esos sean los muebles que desean salvar de la quema Zapatero y Rajoy.

En Libre Mercado

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