Reconozco que después de leer la declaración patrimonial de nuestros gobernantes empiezo a entender muchas cosas que hasta ahora sólo me planteaba como hipótesis. En esencia, comprendo perfectamente que nuestros políticos estén llevando al país a la quiebra y que se hayan dedicado a los dignísimos oficios públicos: probablemente habrían salido apestados de cualquier compañía que no quisiera suicidarse, lo que obviamente excluye a los bancos de inversión del estilo Lehman Brothers o a estafadores profesionales como Madoff.
Veamos. Siete de los algo más de 40 cargos del Gobierno están técnicamente quebrados, esto es, el valor de sus activos es inferior al de sus pasivos. Si fueran una empresa privada deberían declarar el concurso de acreedores y probablemente no saldrían muy bien parados pese a la clara subvaloración catastral de los inmuebles. Destacan Antonio Camacho y Bibiana Aído; el primero debe 450.000 euros y apenas tiene un patrimonio de 114.000, la segunda debe 110.000 euros y todos sus activos están valorados en tan sólo 38.000.
Después de ver estas cifras me sorprende que durante meses nuestros socialistas negaran que en España hubiera hipotecas subprime. ¡Si precisamente las tenían todos ellos concentradas en sus patrimonios! Es simplemente inexplicable cómo los bancos nacionales –tan independientes ellos de las influencias políticas– han concedido préstamos tan superiores a las garantías que nuestros gobernantes pudieron aportar.
Extraordinario, con todo, es el caso de Zapatero. Tras 18 años de diputado culiparlante y casi seis de presidente del Gobierno, apenas acumula un patrimonio de 210.000 euros... ¡y todo ello tras pedir prestados 80.000 al banco! Echemos unas pocas cuentas. Si un diputado raso cobra en torno a 60.000 euros anuales –media generosamente conservadora– y un presidente del Gobierno unos 90.000 –media todavía más generosa–, Zapatero se habrá embolsado desde 1986 alrededor de millón y medio de euros provenientes de las arcas públicas. Torrente de ingresos que sólo le han servido para ahorrar apenas 130.000, esto es, menos del 10% de todos sus ingresos. ¡Y ello a pesar de que como presidente del Gobierno tiene pagados todos los gastos de vivienda, alimentación o transportes!
Inexplicable, pues, en qué se habrá fundido el vallisoletano casi millón y medio de euros. Aun siendo conscientes de que sacar una familia adelante y llenar el armario de cinturones de Hermés resulta muy costoso, en este caso parece excesivamente gravoso. Aunque, como decía, tal monumental despilfarro, que a duras penas podrían igualar los muy faltos de escrúpulos capitalistas estadounidenses que utilizaban billetes de 100 dólares para liarse sus cigarros, explicaría que esté gestionando la Hacienda Pública a imagen y semejanza de su hacienda personal. Si Zapatero ha aplicado a su vida la máxima de que a lo loco se vive mejor, no resultaría extraño que, en aras del bien común, nos la quisiera imponer al conjunto de los españoles hipotecando a cambio de cuatro zanjas mal cerradas el futuro de los nietos de nuestros nietos.
Normal, pues, que tan excelentes gestores, que pese a cobrar los sueldos más cuantiosos de España en relación con la utilidad de sus tareas han conseguido situarse al borde de la bancarrota, no hayan encontrado acomodo en ninguna empresa privada que merezca tal nombre. Puede que como buenos socialistas tengan interiorizada la máxima de que todo capital tiene que desaparecer –empezando por el propio–, pero probablemente los accionistas de la compañía donde pudieran ser contratados no estén muy de acuerdo.
Claro que tan raquiticos patrimonios también puede servirnos para comprender por qué no se les han caído los anillos a la hora de subir la tributación a los ricos de este país y de perseguir a los paraísos fiscales. Si según tan pulcra y detallada declaración patrimonial apenas perciben rentas del capital, ¿acaso han de temer algo? ¿O más bien cabe temer que la fiabilidad de su declaración tributaria será la misma que la de sus bienes y derechos patrimoniales? Si es que ya se sabe: los ricos no pagan impuestos porque cuentan con los suficientes asesores como para acogerse a cuantas lagunas legales haga falta para enmascarar su riqueza. ¡No digamos ya quien redacta las normas fiscales!