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Un sencillo plan para acabar con el déficit

Con medidas como éstas, España puede dejar de ser un país de gorrones al borde de la quiebra, para convertirse en una economía solvente y confiable. Incluso tendríamos margen para contrarrestar la eventual quiebra del sector bancario.

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El plan de Zapatero para acabar con el déficit público ha generado mucha polémica por recortar unos presuntos derechos sociales que, no deberíamos olvidarlo, fueron incrementos del insostenible Estado de Bienestar propio de la socialdemocracia europea que ni nos podemos permitir ni es la mejor de las alternativas económicas.

Sin embargo, las medidas anunciadas se quedan cortas y mantienen numerosas transferencias de renta a las típicas castas amamantadas por el poder político que sería justo y necesario desaparecieran. Además, Zapatero ya ha amenazado con la posibilidad de subir impuestos, no porque sea imprescindible para eliminar el déficit, sino porque debe contentar a su electorado de ultraizquierda a costa de expoliar a las clases medias españolas. Una receta segura para el descalabro económico.

Estando como estamos en un momento de cambio, voy a esbozar mi propuesta de plan de ajuste, alternativa a la planteada por Zapatero. Mis sugerencias permitirían eliminar el déficit de la Administración Central en uno o dos años sin subir impuestos y por tanto colocaría a nuestro país en una posición idónea para encarar la reducción del endeudamiento privado y las distorsiones en la estructura productiva provocadas desde 2002 por la expansión crediticia de los bancos centrales.

Me basaré en las cifras del presupuesto ejecutado en 2009, que arrojó un déficit público de 87.000 millones de euros: la diferencia entre unos ingresos de 102.000 millones y unos gastos de 189.000 millones. A este objetivo, hay que tener en cuenta que el último ejercicio fue desastroso para el déficit, ya que aumentó en 68.000 millones con respecto a 2008 (momento en el que cerramos con un déficit del 1,8% del PIB), pues los ingresos se desmoronaron en 27.000 millones de euros y los gastos crecieron en 41.000.

Mi objetivo es, pues, reducir esa brecha en las cuentas públicas de la Administración Central de 87.000 millones de euros y para ello deben atacarse las siguientes partidas:

  • Primero, reforma laboral: De nada sirve ajustar el presupuesto si una parte de la sociedad española (más del 20%) se encuentra ociosa en casa, sobreviviendo gracias a un subsidio del Estado. Los parados no generan rentas con las que obtener ingresos fiscales y además incrementan de manera muy sustancial el gasto público (no agrandan la tarta de la riqueza de la economía, sino que consumen partes crecientes de la tarta cada vez más pequeña del sector productivo). En 2009 la recaudación por IRPF cayó en 8.000 y, mientras tanto, los subsidios de desempleo aumentaron en 20.000 millones. Volver a tasas de paro europeas –unido a una progresiva terminación de los subsidios– permitiría reducir el gasto en esos 20.000 y aumentar los ingresos, tirando por lo bajo, en 6.000. Con la reforma laboral, por consiguiente, puede reducirse el déficit directamente en 26.000 millones.
  • Las transferencias autonómicas, después: El sistema fiscal español, en el que se centralizan los ingresos y se descentraliza el gasto promueve un déficit estructural en el conjunto de las Administraciones Públicas: las autonomías gastan y el Estado no sube los impuestos para financiar ese gasto. O se centralizan ingresos y gastos o se descentralizan ambos (particularmente prefiero esta segunda opción, pues favorece la competencia fiscal), pero mantener el sistema actual es suicida. Mientras ello suceda, las transferencias corrientes que reciben las autonomías deben reducirse proporcionalmente con las cantidades realmente recaudadas por la Administración central. No es admisible que el Estado se endeude para que las autonomías gasten sin freno. En 2009, los ingresos totales cayeron en 26.000 millones, sin embargo, las comunidades autónomas recibieron 1.000 millones más que en 2008 y, por tanto, la Administración Central 27.000 millones menos. Una reducción proporcional de la menor recaudación hubiese supuesto unos 10.000 millones menos de ingresos para las autonomías y 16.000 menos para el Estado central. Con lo cual, por esta vía, el Estado se ahorraría en gasto 10.000 millones.
  • No más planes E: En 2009, el Plan E, una medida contraproducente para el reajuste de la economía, supuso un gasto de 8.000 millones. No repitiendo ruinosos experimentos keynesianos, nos ahorraríamos este importe.
  • Cursos de formación de parados: Los gestionan con dudosa eficacia los sindicatos y no tienen demasiado sentido existiendo contratos de aprendiz o de prácticas. Acarrean un gasto de 7.500 millones de euros.
  • Supresión del gasto público en I+D: Es un mito, bastante caro, que el Estado tenga que promover las inversiones en investigación y desarrollo. Son las empresas las que, conociendo las particularidades de su negocio, las oportunidades de beneficio y las posibilidades de innovación, deben investigar o no hacerlo. De aquí se extrae un ahorro de 6.000 millones.
  • Paralización de la inversión pública en Fomento e Industria: Siguiendo con la idea anterior, la política industrial no consiste en mantener industrias que no sobrevivirían en el libre mercado, sino dejar en que sean las propias empresas las que se orienten para servir a los consumidores de la mejor manera posible. Es una de las medidas aprobadas por el Gobierno, de donde se ahorran 6.000 millones.
  • Acabar con la ayuda al desarrollo de dictadores: Por dejar de sufragar los gastos de las tiranías tercermundistas podemos ahorrarnos 2.900 millones.
  • Reducción del gasto en personal: Los funcionarios han ganado un 16% de poder adquisitivo desde 1999, amén de tener su puesto garantizado por el Estado. En medio de un aquelarre laboral en el que han perdido su empleo más de cinco millones de personas –precisamente porque sus salarios eran demasiado elevados– debería resultar razonable que vieran recortadas sus retribuciones, al menos hasta que los ingresos tributarios vuelvan a aumentar. Es lo que sucedería en cualquier empresa privada. El Gobierno ha propuesto un recorte del 5%, pero debería ser al menos del 10%. Con ello, la Administración central se ahorraría 2.700 millones.
  • No al cheque bebé: La natalidad puede ser beneficiosa para una sociedad, pero no a costa de subvencionarla por el Estado. Suprimiendo esta partida, de dudosa eficacia, nos ahorramos 1.500 millones de euros.
  • Fin de ayudas a la vivienda: La mejor ayuda es dejar de sostener a los promotores y permitir que los precios del enorme stock de viviendas sobrante caigan. 1.500 millones menos de gasto.
  • Acabar con las subvenciones a lobbys diversos (partidos políticos, sindicatos, patronal, mundo de la cultura): Aparte de sostener a un lobby caracterizado en buena parte por apoyar al presidente del Gobierno que nos ha llevado a esta situación crítica, ni las subvenciones a la cultura sirven para ello –¿qué cultura hace falta subvencionar en EEUU para que sea la primera potencial mundial en la transmisión del American Way of Life– ni las ayudas a los agentes sociales permiten otra cosa que cebar a quienes son responsables de la sangría laboral. Que cada palo aguante su vela, es decir, que cada afiliado sostenga a su organización. Evitamos gastarnos 700 millones.
  • Otros: Suprimir el Ministerio de Igualdad, eliminar el cajón de sastre que representan los "imprevistos y funciones no clasificadas" y reducir de verdad los altos cargos y los asesores, unos 2.300 millones de euros.
  • Reducción proporcional del resto del presupuesto: Para alcanzar el equilibrio presupuestario nos faltan 12.000 millones de euros (apenas un 1,2% de déficit público). Sin meternos a analizar otras partidas concretas, hay una manera bastante sencilla de lograrlo y que tomo prestada de Carlos Rodríguez Braun: reducir proporcionalmente el resto de partidas que no hemos tocado. Tras adelgazar como hemos visto el gasto de la Administración, todavía quedarán unos 84.000 millones de euros (excluyendo el gasto en personal para no aplicarles una rebaja adicional). Basta con que reduzcamos menos de un 15% todas las restantes partidas, para minorar el gasto en el importe que nos falta.

Fijémonos que con esta reducción del gasto, ni siquiera sería necesario implementar el incremento del IVA y de la tributación de las plusvalías previsto para julio de este año o, al menos, podrían reducirse paralelamente otros impuestos. Asimismo, salvo para el caso del IRPF, asumo que todas estas medidas no producirán una reactivación económica que aumente la recaudación vía otras figuras tributarias como Sociedades o IVA.

Por otro lado, se me podrá objetar que la segunda medida –menores transferencias autonómicas– reduce el déficit del Estado a costa de aumentar el de las comunidades autónomas (desde los 20.000 millones a los 30.000). Este punto es cierto, pero desde luego no es el Estado quien tiene que cargar con el despilfarro de los políticos autonómicos. El mismo análisis que hemos efectuado con los Presupuestos Generales, podríamos realizarlo con cada presupuesto autonómico, de donde a buen seguro sería posible reducir enormes cuantías de dinero. El estudio de la Fundación UPyD sirve, como mínimo, para encender las luces de alarma: cada año, las comunidades autónomas despilfarran en duplicidades que no prestan función alguna 26.000 millones de euros. Es decir, con medidas como las que propone UPyD, prácticamente eliminaríamos el déficit autonómico de 30.000 millones.

Por último, el volumen de deuda acumulada durante los últimos años –que si bien no es todavía excesiva, sí que ha dificultado la capacidad de adaptación del sector privado– debería amortizarse a través de la venta de activos del sector público: a saber, privatizaciones de todo lo privatizable (empezando por las televisiones públicas y terminando por las participaciones en empresas).

Con medidas como éstas, España puede dejar de ser un país de gorrones al borde de la quiebra, para convertirse en una economía solvente y confiable. Incluso tendríamos margen para contrarrestar la eventual quiebra del sector bancario. Lástima que tanto socialista esté amenazando con poner el país patas arriba a la helena simplemente por el tímido recorte del gasto de Zapatero. Por lo visto, prefieren la quiebra hoy y la miseria mañana. Claro que por algo son socialistas.

Juan Ramón Rallo es doctor en Economía y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos y en los centros de estudios OMMA e Isead. Es director del Instituto Juan de Mariana.

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