Para Colombia y para el resto de Hispanoamérica, la evolución del conflicto armado con el narcotráfico y los grupos terroristas conforma un dilema que no va a resolverse por sí solo, y al que ahora se le suma la pretensión de los Estados Unidos de que el nuevo Gobierno colombiano firme un acuerdo bilateral que garantice la inmunidad de los ciudadanos de los Estados Unidos respecto de cualquier acusación substanciada ante el nuevo Tribunal Criminal Internacional (ICC).
En buena medida, el incordio de Colombia para la región se genera por el hecho de ser limítrofe con cinco países del área: 2200 kilómetros de frontera con Venezuela; 1645 con Brasil; 1625 con Perú; 586 con Ecuador y 226 con Panamá. Prácticamente todas las regiones fronterizas tienen sectores más o menos extensos de alta porosidad donde la efectividad del Estado es nula o muy débil. En estas zonas fronterizas, la presencia de grupos terroristas y la existencia de nodos del crimen organizado, donde se trafica con armas, documentos y dinero falsificados, bienes robados, precursores químicos, donde funcionan pistas clandestinas y “depósitos de personas secuestradas”, da origen a la proliferación de verdaderas “áreas sin ley” que pululan ante la impotencia, indiferencia y/o complicidad de los Estados y sus funcionarios.
Álvaro Uribe (que asumió el poder el pasado 7 de agosto), como parte del inicio de una nueva política hacia el conflicto armado, inició una ronda de sondeos y consultas con sus vecinos tendentes a realizar “operaciones conjuntas” en regiones fronterizas. Brasil, Ecuador y Panamá respondieron de forma negativa a esta iniciativa, mientras que Venezuela y Perú, si bien no se mostraron tan taxativos en sus respuestas, no parecen empero demasiado entusiastas. El Ministro de Defensa de Brasil se expidió llegando a afirmar que “no existen conflictos amenazantes para la región” y calificó a los carteles de la droga como “un problema policial”. Sin embargo, aún cuando se oponga a cualquier aproximación multinacional al tema, Brasil desplazó ya unos 20.000 efectivos de su ejército al área fronteriza, activó el nuevo sistema de vigilancia Amazónica –SIVAM– e inauguró una base aérea en la región.
La Policía de Panamá negó estar participando de ejercicios junto a los efectivos colombianos; claro que Panamá, sin Ejército, y con una pequeña fuerza policial, poco puede hacer en concreto para controlar los ingresos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a su territorio en el área de Darién (la zona fronteriza entre ambos países). Ecuador reforzó los más de 500 kilómetros de frontera (casi todos en zona selvática), pero solicitó ayuda financiera de Washington para mantener el esfuerzo, al tiempo que declinaba la posibilidad de realizar operaciones conjuntas.
El Presidente Uribe, entretanto, busca poner en marcha un sistema de auto-defensas rurales (algo similar a las “rondas campesinas”, que en Perú contribuyeron a terminar con Sendero Luminoso) reclutando hasta 20.000 “campesinos-soldados” que funcionarían con un status legal de fuerzas “privadas”, pero reconocidas y equipadas por el Estado, con lo que existen fundados temores de que los grupos armados de tipo paramilitar, ahora disueltos, se reciclen en esta nueva fuerza, lo que unido a su potencial falta de control podría hacer que las violaciones a los derechos humanos comenzaran a aumentar nuevamente.
Entretanto, como mencionábamos al comienzo, la administración de G. W. Bush solicitó al Gobierno colombiano la firma de un acuerdo bilateral que garantice total inmunidad para el personal involucrado en la lucha contra el narcotráfico y los grupos guerrilleros de cualquier acusación frente al ICC en consonancia con la legislación aprobada por el Congreso de USA recientemente y que demanda el congelamiento de la ayuda a los países signatarios de la ICC que no firmen un acuerdo especial exceptuando al personal norteamericano de la jurisdicción de la misma. Este requerimiento, no solo coloca al presidente colombiano en una situación muy comprometida, resuelva lo que resuelva, sino que hace suponer que, al levantarse las restricciones impuestas por el Congreso de EE.UU que limitaban la participación de su personal y equipos a la lucha contra el narcotráfico, incluidos los tres batallones de despliegue rápido entrenados y equipados por Estados Unidos, el involucramiento norteamericano en el conflicto puede llegar a aumentar.
Las percepciones regionales respecto del tema no son unánimes; para algunos EE.UU debería hacer el “trabajo sucio” y además cargar con la condena de la región; para otros, toda participación de EE.UU es condenable de por sí, no importa las circunstancias, finalmente hay quienes opinan que el tema es exclusivamente colombiano y que es este país quien debe resolverlo. Sin embargo, la simbiosis entre los grupos de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el narcotráfico ha llegado a un grado tal de retroalimentación que la pregunta de cómo terminar con uno sin hacerlo con los otros, no parece tener respuesta por ahora.
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