Mientras el pasado jueves 9 de mayo, el Senado, en una sorpresiva votación realizada a las tres de la madrugada derogaba la llamada “ley de subversión económica” en una desesperado esfuerzo por encuadrarse dentro de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), queda cada vez más claro que hasta el problemático acuerdo con el FMI se desdibuja frente a la sorda pugna por el poder que se desarrolla entre bambalinas y en medio de una creciente violencia. La impresión generalizada respecto que la actual administración difícilmente logre llegar hasta diciembre del año próximo hace que aquellos que se vislumbran a sí mismos como actores políticos futuros traten de posicionarse en el escenario, prescindiendo por completo de la realidad.
El Parlamento, entre tanto, corre desenfrenado hacia un autismo cada vez mas suicida; molestos los representantes por las manifestaciones de desagrado de sus representados, lejos de tratar de auscultar qué es lo que sus mandantes piden, optaron por rodear el edificio del Parlamento con un sistema de vallas y rejas metálicas custodiadas por cuerpos anti-motines para sesionar de esta forma, y como los vallados bloquean el tránsito vehicular, generan además un verdadero caos en el tráfico de la zona. En este contexto se aprestan en los próximos días a dar el golpe de gracia a los ahorristas que quedaron encerrados en el llamado “corralito”, que verán convertidos sus dineros en bonos que el estado rescatará en cinco o diez años (lo que hoy aparece como altamente dudoso) o bien, deberán vender estos bonos en el mercado abierto con pérdidas que posiblemente superarán el 80%.
La ley de subversión económica pasó ahora a la Cámara Baja donde el trámite promete ser accidentado, a pesar de las presiones del Presidente Duhalde que parte hacia Europa la semana entrante y quería hacerlo con esta legislación aprobada, cosa que no parece hoy del todo segura, en la medida en que su bancada podría no contar con los votos necesarios. Al momento, la amenaza que más preocupa al gobierno es que la Cámara de Diputados se niegue a un rápido tratamiento de lo aprobado por el Senado girándolo en cambio para estudio de las comisiones respectivas, con lo que las posibilidades de obtener ayuda inmediata del FMI se reducen sustantivamente.
Entre tanto, las cifras de la inflación para el mes de abril que se acaban de dar a conocer superan el 10%, con un acumulado en lo que va del año del 21%, lo que desdice la pauta inflacionaria del 15% anual que se había incluido en el último proyecto de presupuesto. Este dato poco parece afectar algunos curiosos planes del presidente provisional, que busca ya maneras de convertirse en “definitivo”, y no sólo está determinado a permanecer en el poder hasta el 2003, sino que inició, en medio de la tormenta, una serie de ensayos de alquimia política, para sondear las posibilidades de una reforma constitucional que permitiera pasar a un régimen parlamentarista con la elección de un primer ministro, a más de la figura presidencial. Estos cálculos, realizados en un marco de ausencia de “algo” que se asemeje a un plan de gobierno y ni que decir a un plan económico, la administración aparece así consumiendo sus energías y su menguante capital político oscilando entre la pequeña componenda y la contradicción permanente.
El elusivo acuerdo con el FMI es presentado en algún momento como la razón que da sentido a nuestras vidas, y al siguiente se le denosta como un pacto con Belcebú, todo sin solución de continuidad. Así las cosas se bombardea a la población con mensajes donde las “culpas” de la situación actual se colocan siempre allende las fronteras, o bien en los nuevos demonios, como son los bancos, en particular los foráneos, o las empresas que se hicieron cargo de las privatizaciones. Mientras tanto, los índices de pobreza llegan hasta el 50% de los 36 millones de argentinos y el crecimiento en espiral de la inflación, muestra a las claras que no existe confianza en la moneda y que la “cultura inflacionaria” renació con toda fuerza.
La discusión en el seno de la clase política pasa por la conveniencia o no de convocar a elecciones anticipadas durante el año en curso; obviamente con los partidos y los candidatos “tradicionales”, formulando las promesas rituales y vistiendo lo viejo con ropa nueva, sin detenerse a considerar que los cuestionamientos pueden ser mucho más profundos de lo que la vieja política espera. La convocatoria o no a elecciones anticipadas, con toda su relevancia, es muchísimo menos importante que la necesidad de pensar un proyecto de nación, y los modos de llevarlo a la práctica, cosa que hasta ahora brilla por su ausencia.
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