La violencia en América Latina es cinco veces más alta que en cualquier otra parte del mundo. Un informe recientemente dado a conocer por el Banco Interamericano de Desarrollo señala además que la violencia es el principal problema económico y social de América Latina. Este fenómeno complejo y pluricausal tiene facetas múltiples que van desde la delincuencia marginal del pequeño hurto, pasando por los asaltos perpetrados por bandas armadas, secuestros a empresarios, robos a entidades bancarias..., hasta una creciente presencia del crimen organizado internacional que se va extendiendo cada vez más rápido por todo el hemisferio y que merece una consideración aparte, no sólo por su peligrosidad sino además por la enorme capacidad con que cuenta para corromper las estructuras políticas, jurídicas y policiales de los países que toca.
El BID en su informe puntualiza un dato, normalmente no incluido en los estudios sobre crimen y violencia: los costos que éste trae aparejados para cada país individualmente como para la región en su conjunto. Son 168.000 millones de dólares lo que en el Hemisferio consume la creciente violencia: esto supone casi el 15 por ciento del PIB de todos sus países. Encabeza la lista El Salvador. En el pequeño país centroamericano, el costo de la violencia se lleva el 25 por ciento del PIB; ni que decir de Colombia que con un PIB mucho más elevado pierde el 24,7 por ciento del mismo a causa del delito. En Honduras, no menos de una docena de empresas de Corea y Taiwán decidieron en el último año abandonar el país.
Un rostro relativamente nuevo de esta violencia es la decreciente edad de los delincuentes, en muchos casos niños, de no más de diez u once años armados con fusiles de asalto, instigados por adultos por su inimputabilidad legal, conforman bandas juveniles extremadamente violentas. En el istmo centroamericano, las autoridades policiales tienen “registradas” cerca de dos mil de esas “bandas”, con casi de 400.000 miembros, estas “maras” como se las denomina localmente, se internacionalizan vinculándose con grupos que emigraron a los Estados Unidos. Conforman así estructuras delictivas dedicadas básicamente al narcotráfico. Más de 400 toneladas de cocaína entraron en Estados Unidos durante el año 2000 a través del corredor Centro América-México. Estas bandas traen además problemas serios para las comunidades de conciudadanos honestos que se ven ahora objeto de la sospecha de las autoridades.
Brasil, aunque no llega a las cifras de Colombia, experimenta un alarmante crecimiento en los índices de secuestros en las áreas urbanas de Río de Janeiro, pero más aun en Sao Paulo donde el blindaje de coches y el traslado de ejecutivos en helicóptero se convirtió en uno de los negocios más exitosos de los últimos años.
En México las acciones del crimen organizado son ya una pesadilla sin solución aparente, no sólo para el país, sino para su vecino del Norte, con quien suscribieron a finales de julio pasado un nuevo acuerdo bilateral para luchar contra el contrabando de drogas, armas y personas que afecta la frontera. El gobierno del presidente Fox enfrenta “cárteles” que mueven cerca de 30.000 millones de dólares al año y la insuficiencia de las fuerzas policiales para combatirles le llevó a involucrar al ejército en la lucha, con resultados mixtos, ya que si bien, por un lado, los secuestros de cargamentos de drogas y armas aumentaron, no menos de ocho oficiales con rango de general están bajo proceso por su implicación en el delito. Los cárteles mexicanos respondieron a esta política de Fox con una política de alianzas con iguales grupos en Perú, Colombia, Italia y Rusia, a los que recientemente se sumaron grupos delictivos de lugares tan impensados como Ucrania. El cártel de Tijuana (el más poderoso de México) tenía además una sólida alianza con el ex hombre fuerte de Perú, Vladimiro Montesinos.
Para los países del Hemisferio, afectados en diversos grados por una crisis económico-social que se extiende como una epidemia, resulta cada vez más difícil destinar los recursos necesarios para combatir estos problemas que amenazan con devenir en un factor de inestabilidad política. Sucede que mientras los grupos sociales más favorecidos cambian sus modos de vida para protegerse y contratan guardias privados, aparatos electrónicos, edificios vigilados, comunidades cercadas, coches blindados o helicópteros de transporte, quienes no cuentan con esos recursos quedan cada vez más expuestos a los criminales, mientras aguardan de los estados nacionales soluciones que no llegan... ni llegarán ...
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