Justo una semana atrás, los cortes de rutas y caminos que ya forman parte del paisaje cotidiano se tornaron violentos en las afueras de la capital Argentina. Dos muertos e imágenes bochornosas de policías y “piqueteros” recorrieron las salas de noticias, contribuyendo a la imagen de Argentina como un país a la deriva –que lo está–, amenazado ahora por los fantasmas del hambre, la desocupación y la violencia con 11 meses por delante para que un nuevo gobierno se haga con el poder. Los diagnósticos, más o menos acertados, se multiplican hasta el cansancio; las cifras, a cuál más desalentadora, no reflejan en nada los padecimientos de los seres humanos, sólo informan a los técnicos de la magnitud del desastre. Por cierto, que existen en Argentina bolsones de riqueza, algunos de ellos enormes; no en balde se calcula que el dinero perteneciente a argentinos depositado en los diversos centros financieros y paraísos fiscales supera cómodamente los 1.200 millones de dólares.
Un dato relativamente nuevo de esta realidad es la expansión geométrica del hambre que en la práctica cubre, ahora, todas las provincias del país en mayor o menor grado y afecta, primero, a los más débiles entre los débiles, infantes y niños pequeños que sufren las irreversibles secuelas de la desnutrición. Por cierto, redes solidarias surgen por todos lados, tratan de parar la avalancha con más corazón que medios, pero sus esfuerzos tienen límites. Mientras, los índices de desocupación siguen en alza y alcanzarían ya un 24% del promedio nacional.
Ni una sola idea original respecto de qué hacer nace de las cabezas de una clase dirigente que optó por cortar voluntariamente todo nexo de comunicación con la población. Este proceso no fue instantáneo, lleva, por el contrario, más de una década en desarrollo. Sucede que hasta que la recesión comenzó a hacerse innegable, para convertirse luego en depresión a partir del año 2000, casi nadie parecía prestarle demasiada atención, y además siempre las soluciones estaban a la vuelta de la esquina.
La relación político-votante-estado se tornó ya inexistente por tres causas básicas: La primera es que después de cinco presidentes y más de cuarenta meses entre recesión y depresión, ningún liderazgo fue capaz de generar las políticas necesarias para revertir este estado de cosas. Segundo, porque el “futuro político” y los “éxitos” de los candidatos dependen cada vez menos de la captación del voto de los ciudadanos, y cada vez más de su relación con los “jefes” y la “maquinaria del partido” que posibilitan, o no, su inclusión en un buen lugar en las listas de candidatos, y esto hace posible que el líder ignore la voluntad del liderado sin pagar costo alguno por ello.
Finalmente, una tercera causa que entronca con la segunda. Los candidatos no necesitan individualmente del votante, luego, tampoco tendrán interés en reflejar sus necesidades, deseos y problemas. Súmese a esto la noción patrimonial del Estado por la que los partidos y sus dirigentes convierten en privada la Hacienda Pública, lo que permite hacer un manejo corrupto y discrecional de la misma, el cual es, en definitiva, mirado con cansada impotencia por parte de la población y con complicidad apenas encubierta por el resto de la cofradía política.
Particularmente indecorosa resulta la gestión del Parlamento, el mismo que aplaudiera de pie el default y que ahora marcha alegremente hacia el suicidio colectivo. El mismo Parlamento que votaba en 2001, no una, sino dos leyes garantizando la intangibilidad de los depósitos bancarios, y un par de meses después, instauraba el llamado “corralito” que en la práctica implicó la incautación de los mismos.
La semana concluida señaló la preocupante reaparición de demostraciones violentas, mostró también una fuerza policial poco profesional que termina por victimizar a la población que debe proteger; pero sobre todas las cosas dejó en evidencia el abierto desinterés que estas protestas provocan entre legisladores, miembros de las elites políticas y líderes gremiales que se mantuvieron totalmente al margen de los acontecimientos. Lo que la clase política continúa sin advertir es que existe un cuestionamiento –por ahora no totalmente exteriorizado y evidenciado en forma pasiva– de la capacidad de las elites para generar soluciones viables para este estado de cosas. Simultáneamente, se expande el número de personas que ve realmente amenazada su posibilidad de subsistencia.
El adelantamiento de las elecciones generales al próximo mes de marzo del 2003 no hace sino confirmar la impotencia de la actual gestión. La duda que queda flotando es, por una parte, cómo se transita hasta dicha fecha y cuáles serán las opciones políticas que devuelvan al pueblo una esperanza que hoy no existe.
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