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La Xunta persigue a las familias que educan en casa

La incoherencia y la descoordinación de las administraciones de este país dejan a las familias en una situación de absoluta inseguridad jurídica lo que, a su vez, lleva a que se incoen procesos judiciales dignos de Kafka.

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Mientras la Xunta de Galicia se congratula por la aprobación del Anteproyecto de Ley de Apoyo a la Familia y la Convivencia, los homeschoolers temen por la repercusión negativa que ésta pueda tener sobre su ya de por sí delicada situación legal. Cuando se publicó el borrador del Anteproyecto, me reuní (junto con otras madres que educan en casa) con la secretaria general de Bienestar Social, Doña Susana López Abella, quien nos atendió muy amablemente y pareció interesarse sinceramente por el pliego de alegaciones que le presentamos en nombre del colectivo de familias que educan en casa. Al día siguiente, nos reunimos con los portavoces parlamentarios del PP de educación y de servicios sociales quienes, a su vez, se comprometieron a presentar nuestra propuesta como enmienda en caso de que fuera rechazada en la fase de alegaciones.

¿En qué afecta esta ley a los homeschoolers gallegos?

El artículo 52 establece que la falta de escolarización habitual del menor se considera "situación de desamparo". Hasta la fecha, la falta de escolarización había tenido la consideración de "riesgo de desamparo", lo cual implicaba que las autoridades competentes debían investigar si existían otros indicios de desamparo o no. Al eliminar la condición de "riesgo", esta ley da vía libre a los servicios sociales gallegos para que retiren la custodia del menor no escolarizado y asuman su tutela de forma temporal o definitiva. Además, esta ley añade a otras situaciones de desamparo la condición de que "esta situación implique un daño físico o psíquico al menor" pero, quizás por desidia o quizás de forma intencionada, el legislador ha omitido esta condición en el supuesto de la falta de escolarización.

La actual configuración del reparto competencial permite la existencia de profundas desigualdades entre comunidades autónomas y, quizás, obligará a las familias homeschoolers a cambiar su residencia en función de la legislación de cada autonomía. Por un lado, el PP del País Vasco solicitó, en 2008, la comparecencia de los representantes del colectivo homeschooler ante el parlamento autonómico. En Cataluña, por su parte, la nueva ley de educación incluyó, en julio de 2009, la modalidad de educación no presencial de forma "excepcional". Habrá que ver en qué se traduce esta "excepcionalidad" cuando se desarrolle la ley pero, de momento, los residentes en Cataluña tienen la tranquilidad (relativa) de que la ley les ampara. Mientras tanto, también en julio de 2009, la consejería de Educación de Andalucía emitía una circular en la que se equiparan la educación en casa y el absentismo. En diciembre de 2010, el Tribunal Constitucional denegó el derecho de unos padres a educar a sus hijos fuera del sistema de educación presencial. Sin embargo, tanto las fiscalías de menores como los juzgados de instrucción van decretando los archivos de cada uno de los expedientes abiertos a familias que optan por el homeschooling al no encontrar suficientemente probada la existencia del tipo penal de abandono de familia.

La incoherencia y la descoordinación de las administraciones de este país dejan a las familias en una situación de absoluta inseguridad jurídica lo que, a su vez, lleva a que se incoen procesos judiciales dignos de Kafka.


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