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'EL LIBRO NEGRO DE LA IZQUIERDA ESPAÑOLA'

La matriz del terrorismo

Durante largo tiempo la ETA no pasó de ser un grupúsculo que esporádicamente ponía alguna bomba y se dedicaba a ultrajar símbolos españoles. Entre tanto fueron imponiéndose en él posturas marxistas o marxistas-leninistas más y más alejadas del cristianismo, si bien ello no le enajenaba las simpatías de diversos clérigos que apreciaban ante todo su carácter separatista.

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Del aislamiento de la ETA en la sociedad de la época dan idea sus lamentos al sentirse "víctimas de un horrible pecado colectivo" del pueblo vasco, que no hacía caso a sus prédicas. En realidad, los etarras tardaron casi 16 años en lanzarse abiertamente al terrorismo, con su primer asesinato deliberado en 1968. Asesinato realizado por un estudiante bajo el efecto de anfetaminas, mediante disparos por la espalda contra un guardia civil que observaba, agachado, la matrícula de su auto. Fue un crimen en cierto modo fortuito, que costaría pronto la vida a su autor en otro enfrentamiento con la Guardia Civil, seguido de un nuevo asesinato, este de un inspector de policía, con información suministrada por un miembro del PNV.

Lo importante y asombroso es que estos dos primeros atentados mortales convertirían a la ETA, indirectamente, en una potencia política, al recibir, precisamente por haber sido capaz de asesinar, el sostén de casi toda la oposición antifranquista, de parte sustancial del clero vasco, del gobierno francés, que le proporcionó un santuario seguro en el sur de Francia, de otros gobiernos como el argelino o el cubano, de numerosa prensa internacional y, más disimuladamente, de la misma española. Creo que nunca en la historia habrá recibido un grupo de este género una solidaridad tan vasta y repentina en los órdenes propagandístico, político y otros más inmediatos: la propaganda mediante la sangre encontró entonces un eco y efectividad realmente pasmosos. Las causas no son difíciles de discernir. De un lado, estaba la idea muy extendida en Europa de que todo estaba permitido contra el franquismo... precisamente en una época en que este presidía la mayor prosperidad conocida en España y una progresiva liberalización política; en segundo lugar, el resto de la oposición calculaba que los "jóvenes e idealistas patriotas vascos" etarras, osados pero políticamente ingenuos, le harían el trabajo sucio, para cederle el protagonismo político cuando cayera el régimen de Franco. La ingenuidad, si así puede llamarse, demostró ser más bien la de tales calculadores maquiavélicos, generalmente marxistas o marxistoides –pues el antifranquismo tuvo ese carácter predominante–. Contaba, además, el dato de que la ETA se proclamaba socialista, y el socialismo, más fuerte o más descafeinado, estaba de moda en Europa.

Conviene (...) separar el terrorismo ocurrido en la última etapa del régimen de Franco, del posterior bajo la transición y la democracia. La diferencia salta a la vista, en primer lugar, en el número de víctimas mortales de la ETA. Entre 1968 y la muerte de Franco en 1975, siete años, el separatismo vasco mató a 45 personas, a las que deben añadirse 9 o 10 más por otros grupos; en los siete años siguientes hasta 1982, el número de asesinatos etarras ascendió a casi diez veces más, 437, más unos 45 atribuidos al Grapo y dos decenas a otros grupos. Desde 1982, el número de atentados aumentó o disminuyó según los años, con una lenta tendencia general a la baja, subiendo el balance total de víctimas por encima del millar. En la última época se ha sumado el terrorismo islamista, al que se atribuye oficialmente, sin que esté nada claro, el mayor atentado de la historia de España, con cerca de 200 muertos y de 2.000 heridos; pero lo dejo fuera de este análisis, por tener origen foráneo.

La enorme desproporción de víctimas entre el período franquista y el posterior guarda relación indudable con la distinta política seguida por los gobiernos. El franquismo no pudo evitar que parte considerable de la prensa española sirviera propagandísticamente a la ETA, como reconocería más tarde el fundador del Grupo16, Juan Tomás de Salas, pues la consideraba amiga en la lucha contra el régimen. Sin embargo el gobierno nunca aceptó a la ETA como interlocutor, ni sus asesinatos como forma de hacer política. De hecho acosó a los terroristas con bastante eficacia, y de no ser por el casi increíble apoyo a la ETA por parte de la oposición antifranquista y sobre todo del estado francés, la habría erradicado con gran probabilidad. Pues ya he indicado que el terrorismo a duras penas puede asentarse si el poder no colabora con él de algún modo, naturalmente de manera involuntaria en principio.

Desde la transición, por el contrario, la política de los gobiernos debilitó la acción represiva –para desesperación de las víctimas y los sectores sociales más directamente afectados– en función de una "solución política". Tal solución implicaba varias consecuencias que nunca se expusieron al público con claridad: a) dar a la ETA el carácter de organización política y lo mismo a sus presos, aunque oficialmente se pretendía lo contrario: el asesinato quedaba admitido, subrepticiamente, como un modo de hacer política; b) supuesta licitud de la negociación con los pistoleros –siempre a espaldas de la opinión pública–, poniendo en cuestión el estado de derecho y la democracia; c) envío de un claro mensaje de debilidad por parte de los gobiernos, que solo podía alentar la confianza de los terroristas en la eficacia de sus métodos y la esperanza de alcanzar sus objetivos, persistiendo en ellos; d) legalización de las terminales políticas de la ETA (Herri Batasuna), por medio de las cuales los terroristas recibían financiación del estado para su actividad propagandística y política. Difícilmente podría concebirse la "solución política" al margen del ya tradicional aprecio y afinidad de la oposición antifranquista hacia la ETA. Pues, debe recordarse, la banda terrorista compartía con casi toda la oposición unas posiciones ideológicas socialistas o marxistas, un antifranquismo visceral y una aversión o al menos desdén por España (el filósofo antifranquista Julián Marías señalaba como factor de perturbación política la visión negativa de la historia de España fabricada por el PSOE).

No obstante, la "solución política" empezó a practicarse con más o menos claridad durante los gobiernos derechistas de Suárez, lo que cabe atribuir a su deseo de distanciarse del franquismo y congraciarse con la izquierda. Pero fue en la etapa de Felipe González cuando aquella política adquirió mayor nitidez, doblándose al mismo tiempo, y paradójicamente, de terrorismo gubernamental contra la ETA (el GAL). La paradoja se aclara atendiendo a diversos factores: los socialistas en el poder no miraban los atentados con la misma complacencia que cuando estos se dirigían contra el franquismo, ni con la indiferencia comprensiva o interesada de cuando gobernaba Suárez. Por tanto intensificaron sus intentos negociadores, que no tenían fruto porque el sector hegemónico de la ETA, considerando la debilidad del gobierno, imponía condiciones excesivas. El terrorismo gubernamental pretendía dirigirse sobre todo contra los etarras más intransigentes, a fin de facilitar las negociaciones. También se concibió como una advertencia a Francia: los atentados podían extenderse a su territorio si París persistía en dar cobertura a los asesinos. En este plano tuvo cierto éxito.

Las cosas empezaron a enderezarse cuando los gobiernos de Aznar, por presión sobre todo de Mayor Oreja y en contra de la opinión de muchos otros políticos del PP, pasaron a primar, aun si no por completo, la "solución policial". Herri Batasuna fue prohibida, las finanzas de los terroristas eficazmente perseguidas, y la banda infiltrada. Como consecuencia, la capacidad criminal de la ETA descendió al mínimo (solo tres asesinatos en el último año y cuarto de Aznar), fracasaban casi todos los atentados y se vislumbraba por primera vez la extinción de la banda en un plazo no muy largo. Un plazo que, con toda certeza, estaría cumplido mucho tiempo antes si se hubiera aplicado con resolución la misma política desde Suárez.

Hacia finales del año 2000, el PSOE propuso un Acuerdo o Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, por el cual parecía adherirse a la política de Aznar. El pacto suscitó la mayor inquietud en los partidos separatistas de las Vascongadas y de Cataluña, los cuales, sobre todo el PNV, habían respaldado directa o indirectamente a la ETA (por ejemplo desprestigiando a las fuerzas de seguridad, equiparando la "violencia" de las instituciones con la de los asesinos, uniéndose a diversas de sus reivindicaciones o facilitándole cargos públicos, entre otras muchas maneras). Sin embargo, apenas firmado el pacto, el PSOE, dirigido por Rodríguez Zapatero, lo traicionó, iniciando tratos secretos con los pistoleros. Esa política se intensificó al máximo después del atentado del 11 de marzo de 2004, a continuación del cual el PSOE subió al poder. Tal como he expuesto, la "solución política" equivalía por varios conceptos a una colaboración real con el terrorismo, de la que este ha extraído incontables ventajas; pero, a pesar de su excesiva prolongación en el tiempo, cabría considerarla un error, aun si muy grave. Ahora bien, después de tan prolongada experiencia histórica y de la etapa de Aznar, volver a ella ya no puede considerarse en modo alguno un error: se trata de una complicidad consciente y deliberada. En Nueva historia de España he analizado este nuevo período, que entraña una completa involución política, cuyo eje es precisamente dicha colaboración.

De este modo, las terminales políticas de la ETA fueron de nuevo legalizadas, volviendo así el gobierno a financiar la propaganda pro terrorista con dinero público y entregándoles el censo de ciudadanos con sus domicilios; la represión policial cayó a un nivel simbólico durante varios años, y, aunque incrementada posteriormente, se hacía en la perspectiva de que los presos salieran en un plazo no largo de la cárcel, convertidos en "héroes populares"; paralelamente, la Asociación de Víctimas del Terrorismo padeció el acoso del gobierno, que intentó dividirla, desacreditarla y obligarla al silencio; los terroristas abatidos o presos durante el franquismo, desde el año del comienzo de los asesinatos, pasaron a considerarse "víctimas" con derecho a sustanciosas "indemnizaciones" para ellos o sus familias, según la llamada Ley de Memoria Histórica –una ley antidemocrática y totalitaria desde su misma concepción–; la colaboración llegó al extremo práctico, pero en rigor menos grave que otros, del chivatazo del gobierno a los etarras para facilitarles eludir la persecución policial; otras concesiones a los asesinos permanecen desconocidas, pues las negociaciones se llevaron a cabo a espaldas de la opinión pública. Cualquiera de estos hechos convierte al gobierno en colaborador con banda armada, esto es, en delincuente o mafioso. Si no es llevado ante los tribunales se debe exclusivamente a que otra de las políticas practicadas por el PSOE desde que llegó al poder, en 1982, fue la corrosión de la independencia judicial ("Montesquieu ha muerto", resumió Alfonso Guerra). El poder judicial es uno de los más desprestigiados entre los ciudadanos, un índice del grado de involución antidemocrática alcanzado por el país bajo mandato socialista.

No hace falta explicar que las concesiones a la ETA se han realizado a costa del estado de derecho, de la democracia y de la unidad de España. Y, entre todas las concesiones, la más relevante desde el punto de vista político ha sido la de los nuevos estatutos, llamados "de segunda generación", que no son ya de autonomía, sino de estado asociado, dejando el poder central en "residual", según definición de su beneficiario Maragall. El gobierno siguió en este punto decisivo una estrategia indirecta, para evitar un escándalo excesivo, facilitándolo para Cataluña en primer lugar. Debe subrayarse que se trata de estatutos totalmente ajenos a la inquietud de la sociedad, impuestos tan solo por interés y acuerdos entre políticos y partidos, favoreciendo un proceso hacia el separatismo o la balcanización de España. De este modo, la ETA se convertía en definidora de aspectos cruciales de la política española.

La colaboración fracasó cuando la ETA, creyendo probablemente poder conseguir más aún, es decir, la secesión abierta del País Vasco, rompió las negociaciones; pero, con todo, estas han proseguido solapadamente y en la actualidad estamos viendo sus frutos y su relanzamiento. En todo caso, los daños causados al país han sido ya inmensos, y han degradado profundamente la democracia.

Pese a todos los datos y evidencias, al profano se le hace muy difícil creer una conducta semejante de un gobierno teóricamente de España y democrático. Sin embargo tiene una explicación bastante sencilla. El actual presidente heredó una ETA en quiebra, por lo tanto más predispuesta a dejar las pistolas si a cambio se le ofrecía el logro de muchos de sus objetivos, aun sin llegar, al menos de momento, a la secesión. A su vez, el gobierno obtendría el crédito por haber "acabado con el terrorismo", lo cual le aportaría un tanto electoral de enorme trascendencia... si la oposición no ponía las cosas en claro ante la sociedad (y el PP actual solo es oposición de nombre). A su turno, el presidente tendría incluso grandes posibilidades de conseguir el premio Nobel: por algo bautizó su colaboración con banda armada como "proceso de paz".

Por lo demás, el fondo esencial de la colaboración sigue siendo la afinidad ideológica, ya aludida, entre el PSOE y la ETA. Nunca se insistirá lo suficiente en este punto clave: ambas son organizaciones de carácter socialista, progresista, fanáticamente antifranquista –incluso 35 años después de que el franquismo desapareciera–, antiespañolas o indiferentes a España, simpatizantes de regímenes totalitarios como el de Castro o antidemocráticos como los de Chávez o Evo Morales, antes del de Sadam Husein, etc. No se trata de datos anecdóticos, sino de semejanzas profundas y esenciales, si bien llamativamente poco comentadas por los analistas políticos (el nivel del análisis político en España es ciertamente muy mejorable). Y que proporcionan al PSOE y a la ETA una considerable base para el entendimiento. En definitiva, hablan un lenguaje político parecido.

Terminaré este ensayo con el problema de la distinta actitud adoptada por la izquierda ante la ETA y ante el Grapo. He examinado el asunto en varias ocasiones, y últimamente en el libro La Transición de cristal. Pues el Grapo es, o era, igualmente socialista, antifranquista, progresista, etc., y sin embargo contra él sí se aplicó desde el principio la solución policial, con excelentes resultados. ¿Por qué fue así? A mi juicio se debió a una razón de índole cronológica. La ETA, recuérdese, empezó a matar en 1968, cuando el final del franquismo parecía lejano y nada claro. Por consiguiente, la oposición pensó que no perdía nada y quizá ganara mucho apoyando a los terroristas. Por el contrario, el Grapo empezó ya en 1975, con Franco al borde de la tumba, cuando se planteaba claramente la transición, eran considerables las libertades, sobre todo la de expresión, y la oposición recibía constantes mensajes de que el régimen iba a cambiar a fondo. En esas nuevas circunstancias, a aquella oposición no le venían bien los atentados, por cuanto temía que ellos dieran pie a una oleada represiva por parte del régimen, que la barriera de paso a ella, a la oposición no directamente terrorista. Desde luego, los atentados etarras por ese tiempo también molestaban mucho a aquella oposición, la cual no tenían más remedio que disimular, dado su respaldo anterior. El Grapo, por otra parte, se estrenó con acciones espectaculares y sin precedentes, por ello mucho más peligrosas, que asustaban a los antifranquistas expectantes ante los cambios políticos, empezando por su anhelada legalización (Junta y Plataforma democráticas). Obsérvese cómo su argucia principal contra el Grapo consistió en atribuirle un carácter no izquierdista, admisión implícito de que la oposición aceptaba, comprendía o disculpaba el terrorismo si este mostraba una marca auténticamente de izquierda, como el de la ETA; es decir, si el Grapo fuera auténticamente marxista y antifranquista como se proclamaba –y como era, en realidad–. Lo más que concedía aquella oposición era que el Grapo, aun si fuera de izquierdas, estaba "infiltrado" por la policía. Acusación gratuita como la anterior, y chocante por venir de partidos que sí estaban muy infiltrados por la policía, como nadie ignoraba. (Por ejemplo, algún confidente policial de tiempos de Franco alcanzaría cargos muy importantes en el aparato del PSOE, siendo conocido como "el amo de Asturias", según han denunciado públicamente el estudioso J. R. Gómez Fouz y otros).

Otro argumento expuesto a menudo para explicar el distinto tratamiento a la ETA y al Grapo es que la primera tenía implantación popular, mientras que el segundo la tenía casi nula. Pero al señalar este hecho se olvida que la implantación etarra había sido creada no solo, ni siquiera fundamentalmente, por la misma ETA, sino por los ingentes apoyos, simpatías y aplausos que recibió de aquella oposición (de casi toda la izquierda, el PNV, parte del clero vasco y de la prensa, etc.). El problema lo crearon precisamente quienes lo denunciaban tardíamente, usándolo como pretexto, además, para proseguir la colaboración. Antaño, esa colaboración se escudaba en la consigna de la solidaridad contra Franco pero, como hemos visto, continuó después con la "solución política" y actualmente a escala mucho mayor con el proceso de paz. El único modo de restar implantación popular a la ETA no podía ser otro que una resuelta "solución policial" acompañada de una intensa información a la ciudadanía y de una política de aislamiento del terrorismo por parte de los partidos que antes lo habían apoyado. Y precisamente aquella relativa implantación popular hacía mucho más imprescindible aplicar esa línea a la ETA que al Grapo. Creo haber explicado por qué prevaleció la orientación contraria.

La historia del terrorismo en España es tristísima, y no tanto porque hayan abundado las personas obcecadas con ideologías mesiánicas y totalitarias, como por la flojedad, demagogia y escasez de principios democráticos y patrióticos demostrada una y otra vez por una clase política demasiado inclinada a obrar como una casta. Es preciso mirar cara a cara al pasado y extraer de él las lecciones apropiadas, si queremos salir de atolladeros históricos como el presente.

 

NOTA: Este texto forma parte de EL LIBRO NEGRO DE LA IZQUIERDA ESPAÑOLA, editado por JOSÉ JAVIER ESPARZA y recién publicado por Chronica

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