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Lincoln Anderson

Hay que aplicar las leyes antimonopolios a la OPEP

Boston-Los precios del petróleo se han disparado a 37 dólares el barril, casi llegando al pico de 40 dólares alcanzado en octubre de 1990, durante la Guerra del Golfo. Los altos precios le han costado directamente más de 35 mil millones de dólares a los consumidores americanos. Si a esto le añadimos el impacto indirecto sobre las empresas por consumo de energía, las pérdidas sobrepasan fácilmente los 100 mil millones de dólares, sin contar las pérdidas en inversiones por la inflación producida y por las restricciones impuestas por la Reserva Federal para contener esa inflación.

Las respuestas del presidente Bill Clinton y del secretario de Energía Bill Richardson han sido peores que ineptas. La principal reacción del gobierno ha sido atacar a las empresas petroleras americanas, a las refinerías y a los distribuidores de gasolina, acusándolos de estafar con los precios.

Pero las petroleras no son las culpables. El precio de la gasolina no ha aumentado más rápidamente que el precio del crudo. Las utilidades del sector han estado más bien por debajo. En los últimos 10 años, el índice de Standard & Poor aumentó en el sector energético en 135%, mientras que el índice total de S&P 500 aumentó 350%.

La otra propuesta de Washington ha sido acumular reservas de aceite para calefacción. Esto no aumentaría la oferta a los mercados de energía, sino que interferiría con la programación normal de las refinerías y más bien empeoraría la situación, al desviar petróleo destinado a otros usos.

Lo que el gobierno de Estados Unidos debiera estar haciendo es combatir a la OPEP, principal culpable de los incrementos de precios. Una manera de hacerlo es vendiendo petróleo de las reservas estratégicas. Ello podría añadir 2 millones de barriles al día a la oferta dentro de Estados Unidos, haciéndole sombra así al aumento mezquino de 800 mil barriles anunciado recientemente por la OPEP.

Igualmente importante, estas ventas iniciarían el proceso de vaciar las reservas estratégicas, de manera de volver a comprar si los precios se vienen abajo. Una de las principales herramientas utilizadas por la OPEP para mantener el control del mercado es amenazando y de vez en cuando imponiendo un colapso en los precios para disciplinar así a los productores de petróleo que no son miembros del cartel, evitando que amplíen sus exploraciones y su producción. Unas reservas estratégicas vacías estarían entonces listas para proceder a comprar petróleo y darle estabilidad al mercado.

Algunos argumentan que eso sería una interferencia gubernamental en el libre mercado. Pero como la situación actual lo demuestra, el mercado petrolero no tiene nada de libre. Vender las reservas estratégicas aportaría alguna estabilidad a los precios petroleros, dándole cierto respaldo a los productores que no son miembros de la OPEP contra los saqueos del cartel.

Pero las acciones anti-OPEP deben ir mucho más lejos. El gobierno de Estados Unidos y la Comisión Europea han estado persiguiendo duramente a empresas acusadas de fijar precios. En el último año, seis multinacionales pagaron más de 1000 millones de dólares en multas por ponerse de acuerdo para fijar los precios de las vitaminas. Microsoft, MCI WorldCom y ahora AOL han sido atacadas por supuestamente instrumentar prácticas anticompetitivas, dañando a la economía mundial.

No debiéramos permitir que las compañías petroleras de la OPEP descaradamente hagan lo que no le permitimos hacer a nuestras empresas. Ya es hora que el Departamento de Justicia y la Comisión Europea confronten las prácticas anticompetitivas, imponiéndoles las mismas reglas a las empresas petroleras de la OPEP. Los fiscales antimonopolios deben confrontar a Aramco, a Petróleos de Venezuela, a la Compañía Petrolera Nacional de Irán, a la Compañía Petrolera Nacional de Libia y a las demás por fijar precios.

Tales empresas no son difíciles de encontrar, conspiran abiertamente en reuniones bien publicitadas. Petróleos de Venezuela está aquí mismo, siendo dueña total de Citgo, para poder ponerle así la mano más fácilmente a utilidades monopólicas en Estados Unidos. Lo que tenemos que hacer es tratar a los miembros de la OPEP como empresas multinacionales con obligaciones bajo las leyes internacionales, no como agencias gubernamentales a las que se les permite un comportamiento ilegal.

Un esfuerzo combinado, utilizando la política extranjera de Estados Unidos, las reservas estratégicas y los mecanismos legales internacionales para confrontar a la OPEP constituirían una política energética seria, que a su vez aportaría un ambiente más estable para el crecimiento económico.

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Lincoln Anderson es Director de inversiones de LPL Financial Services en Boston. Este artículo fue originalmente publicado en el Wall Street Journal, diario que autorizó la traducción de AIPE.

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