Señoras y señores, el sistema de pensiones tal como lo conocemos está al borde del abismo. Todo el mundo lo sabía, excepto el ministro del paro, Celestino Corbacho, que ha negado la mayor hasta hace unas semanas. En un artículo anterior ya expliqué que una de las medidas "estrella" de la reforma será el cambio en el método de cálculo de las pensiones, de forma que se tengan en cuenta más años de cotización a la hora de determinar el importe de las jubilaciones. En la actualidad es de 15 años.

Pero en esta ocasión quiero centrarme en la decisión del Gobierno de ampliar la edad de jubilación desde los 65 años actuales hasta los 67 o incluso los 70, con el objeto de evitar que los números rojos de la Seguridad Social obliguen al Ejecutivo a aprobar partidas de gasto en los Presupuestos del Estado destinados a cubrir el agujero que se generará en el sistema de protección social en los próximos meses.

La medida tiene todo el sentido del mundo. La mayoría de los países europeos han aprobado planes similares para luchar contra el efecto del envejecimiento de la población, que provoca que la pirámide demográfica se convierta en un pilar. Cada vez hay más gente mayor que necesita cuidados específicos, elevando el gasto sanitario y reduciendo el número de cotizantes a la Seguridad Social; al mismo tiempo que el índice de natalidad se desploma. Una combinación letal para las pensiones.

Este fenómeno había sido paliado, en parte, durante los años del boom económico gracias a la llegada masiva de inmigrantes que se incorporaron al mercado laboral, pero ahora en plena recesión económica la sangría laboral ha generado más de 4,5 millones de desempleados en España y el sistema se prepara para perder casi 3 millones de cotizantes en los próximos años.

Una vez realizadas estas consideraciones, es necesario analizar la falta de rigor del Gobierno sobre el futuro del sistema de pensiones y la chapuza de reforma que se plantea ahora. Si el Ejecutivo hubiera escuchado las palabras del gobernador del Banco de España hace casi un año se habría puesto manos a la obra para reformar el sistema junto con el principal partido de la oposición.

En lugar de ello, Corbacho atacó con dureza a Miguel Ángel Fernández Ordóñez por asustar a los pensionistas y le acusó de "falta de responsabilidad". El ministro criticó la paja en el ojo ajeno y pasó por alto la viga en el propio. Demasiado tiempo dedicado a la política como para que los árboles le permitan ver el bosque.

Una reforma de este calado debe preparase con carácter minucioso, analizar los pros y contras, realizar estudios económicos y llevar todos los documentos a la Comisión del Pacto de Toledo (creada ex professo para modificar el sistema de pensiones). Así, la opinión pública conocería los riesgos y oportunidades, sabría los plazos de las modificaciones y no temería por su futuro. En lugar de eso, el Gobierno prepara la reforma por la puerta de atrás, con nocturnidad y alevosía, para aprobarla en Consejo de Ministros. ¿Diálogo? No, gracias.

La muestra más palpable de la profunda falta de rigor se encuentra en las declaraciones de Corbacho a pocas horas de aprobar la citada reforma. El responsable de Empleo y Seguridad Social no sabe cuántos años se retrasará la edad de jubilación. "Hasta el final de la reunión ministerial no se conocerá el resultado". Pues si usted no lo sabe, señor Corbacho, apañados vamos. De hecho, el ministro ni siquiera comparecerá en rueda de prensa para explicar la reforma, pasando la patata caliente a "una de las dos vicepresidentas del Gobierno".

El Gobierno incumple así todos sus compromisos parlamentarios. La Comisión del Pacto de Toledo se convierte en un organismo inútil, a pesar de que hace unas semanas el presidente Zapatero anunciaba a bombo y platillo que trabajaría codo con codo con la oposición para lograr el máximo consenso posible. En lugar de ello, el texto será enviado por Trabajo a sus amigos de CCOO y UGT (los sindicatos más subvencionados de España) para que le den el visto bueno.

Esperemos que al menos el Ejecutivo tenga la vergüenza torera de presentar algún tipo de memoria económica que acompañe a la citada reforma, de forma que se pueda evaluar el impacto de la ampliación de la edad de jubilación en el sistema de pensiones. No lo hizo con la Ley de Economía Sostenible ni con el resto de propuestas kafkianas aprobadas por el Gobierno socialista, pero en esta ocasión el tema es lo suficientemente importante como para que actúen con cordura y responsabilidad.

Sé que lo que pido es un brindis al sol. No es plato de buen gusto comunicar a los ciudadanos que van a trabajar más para cobrar menos, pero eso es exactamente lo que aprueba el Ejecutivo, por lo que es previsible que la demagogia vuelva a ser el leiv motiv de los argumentos de las vicepresidentas Salgado y De la Vega. Con ello, ocultarán su ineptitud.