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Columna publicada el 17-01-2005
No es, desde luego, el más grave de entre los contenciosos que enfrentan a España y Marruecos; de entre los contenciosos de Estado, digo. Pero es, sin duda alguna, y con gran diferencia, el más irritante, en lo que a las garantías ciudadanas, no en Marruecos sino en España, se refiere. Me ha vuelto a la memoria –aunque es un asunto que nunca me he permitido perder de vista– , ahora que los monarcas españoles viajan al reino feudal del condecoradísimo Mohamed, sultán alauita por derecho divino y por profético linaje. Y ahora que releo el aterrador testimonio de lucha contra el paterno teócrata Hasán, que José Luis Gutiérrez acaba de publicar con el título de En defensa propia.
Recuerdo la historia para quienes no la hayan seguido: asombrosamente, la prensa española ha sido mucho menos combativa en este asunto de lo que lo han sido los principales organismos internacionales de seguimiento de la libertad de expresión en el mundo. ¡Vaya usted a saber por qué! O no, mejor no vaya; se llevaría sorpresas.
Lo sucedido se remonta atrás. El parisino Le Monde había publicado, en su primera página del 3 de noviembre de 1995, un informe del Observatorio Europeo sobre las Drogas, encargado por la Unión Europea. Sus resultados eran demoledores para el tirano marroquí de entonces, el padre del de ahora. El titular del vespertino francés (“Marruecos, primer exportador mundial de hachís. Un informe confidencial acusa al círculo del rey Hasán II”) provocó las iras de palacio. Tras años de pleitear contra la libertad de expresión en Francia, Hasán perdió la partida, en virtud de una documentadísima sentencia del Tribunal europeo de los Derechos Humanos en Estrasburgo, de fecha 25 de junio de 2002. No podía ser de otra manera. Hombre previsor, el Sultán había decidido ya buscarse, desde diciembre del 95, un segundo contrincante más modoso: España. Y, como suele suceder por aquí siempre, en todo lo que a déspotas marroquíes concierne, se salió con la suya.
Punto de partida: una información del Diario 16 que José Luis Gutiérrez dirigía en esas fechas, donde se remachaba la hipótesis de Le Monde, a raíz de la incautación de un alijo de cánnabis, oculto en un camión que circulaba por España bajo las siglas de los Dominios Reales marroquíes. Ahí empezó todo. Hasán reivindicó su honor, que ya tiene gracia, en el gestor de las cárceles y centros de tortura más negros del Sur mediterráneo. Al cabo de nueve años, la Sala I del Tribunal Supremo, presidida por Clemente Auger, dio la razón al Sultán ya fenecido, recurriendo a un artículo de la legislación franquista sobre la defensa del honor: transcribir datos de un informe de la UE sobre el sultanato marroquí, es delito en España, con independencia de que esos datos sean verdaderos o falsos. A la espera de que el Constitucional repare lo que tiene todos los tintes de una aberración judicial, difícilmente explicable en términos no políticos, José Luis Gutiérrez sigue siendo el único periodista español condenado por ejercer –aunque fuera contra un tal Hasán– el constitucional derecho básico a la libertad de expresión.

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