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Columna publicada el 10-06-2008
Hoy se ha celebrado la primera sesión del juicio del caso del ácido bórico. El tribunal ha rechazado, de entrada, aplicar la doctrina Botín, que hubiera permitido dejar el juicio sin efecto. Ha tenido en cuenta, para ello, que el propio Tribunal Supremo tampoco aplicó la doctrina Botín en el caso del procesamiento de Atutxa, lo que quiere decir que esa famosa doctrina sólo es aplicable en circunstancias específicas, que en este caso no se dan. En concreto, la doctrina Botín sólo es aplicable si hay perjudicados directos y éstos renuncian a presentar escrito de acusación.
La defensa de los imputados ha argumentado que sí que tenía que aplicarse la doctrina Botín, porque hay una acusación particular (la abogacía del Estado) y esa acusación particular había decidido no acusar, pero el tribunal ha rechazado el argumento por falaz.
Además, el tribunal ha cortado la evidente irregularidad derivada del hecho de que la abogacía del Estado se personara como acusación y, sin embargo, no presentara cargo alguno contra los procesados. Los magistrados han decidido apartar de la causa a la abogada del Estado, que a partir de este momento no podrá intervenir en el proceso.
Los interrogatorios han comenzado por el jefe de laboratorio Francisco Ramírez, quien ha reconocido que rehizo el informe elaborado por los peritos, pero ha tratado de argumentar que eso no representa ninguna irregularidad. Según él, los peritos que elaboraron el informe original no son peritos, sino analistas, y ese informe no había llegado a salir del laboratorio, por lo que no era todavía un informe pericial oficial.
No ha sabido dar una respuesta satisfactoria a varias de las preguntas de las acusaciones y ha estado, en general, un tanto inseguro y confuso en las argumentaciones. Ha reconocido, por ejemplo, que se usó el typex para alterar registros, pero ha dicho que eso no era inhabitual. Lo cual, para ser honestos, es para echarse a temblar.
Si los peritos no son peritos, sino analistas; si los informes no son oficiales hasta que el jefe de turno los corrija como desee, aunque no haga él mismo las pruebas o no sea experto en la materia, y si los registros oficiales se pueden alterar con Typex según convenga, existe una cosa llamada seguridad jurídica que habría dejado de existir hace mucho tiempo. En un estado donde los mandos policiales pueden decirle a los expertos en análisis lo que pueden poner y lo que no en sus informes periciales; en un estado donde los mandos policiales pueden cambiar a esos expertos a voluntad si no tragan con lo que se les dice, o modificar los informes directamente, es imposible confiar en que los sumarios se instruyan con imparcialidad.
Más que nada, porque la pregunta que surge, al escuchar a Ramírez defender más mal que bien las alteraciones efectuadas en el informe del ácido bórico, es la siguiente: ¿y qué otros informes periciales del 11-M han sido alterados antes de salir de ese laboratorio o de cualquier otra dependencia policial? ¿Qué cosas no han llegado a manos del juez del caso porque alguien decidió que no era conveniente o pertinente? ¿Qué cosas se han quitado o se han añadido en las actas, informes periciales o declaraciones del 11-M porque algún mando policial lo considerara oportuno?
Yo no sé si el señor Ramírez se da cuenta, pero las explicaciones que ha dado son casi peores que lo que hasta ahora sabíamos. Porque de ellas parece desprenderse no sólo que el informe pericial fue rehecho, sino que encima era práctica habitual hacer ese tipo de cosas.
En lo que sí ha sido muy claro Ramírez es en su deseo de exonerar a Santano, comisario jefe de la Policía Científica, de toda responsabilidad en el asunto. Por el contrario, dice que quien decidió las alteraciones en el informe es el secretario general de la Policía Científica, Pedro Luis Mélida. Veremos lo que declaran uno y otro en los días sucesivos.
