Resulta aterrador pensar hasta qué punto todo el futuro de España pasa en estos momentos por las manos de tres personas: los tres jueces que deben dictar la primera de las sentencias sobre el 11-M.
Porque lo que con esa sentencia se ventila no es sólo, por mucho que así debiera ser si estuviéramos en otro país menos convulso, la cuestión de la culpabilidad o la inocencia de las 29 personas juzgadas. Con esa sentencia se va a ventilar, en la práctica, el futuro de toda una nación.
Basta con analizar los últimos acontecimientos para darse cuenta de que estamos en una situación extremadamente grave y, a la vez, extremadamente abierta. Y para darse cuenta, también, de hasta qué punto los ciudadanos tenemos un poder que se nos ha pretendido negar sistemáticamente, y se nos sigue queriendo escamotear.
La "hoja de ruta" trazada con anterioridad al 11-M, y que los atentados del 11-M permitieron poner en marcha, preveía la necesidad de dos legislaturas de gobierno socialista, a lo largo de las cuales se procedería, de manera simultánea, a la plasmación de dos medidas esenciales: (1) la sustitución de la Constitución de 1978, preferiblemente mediante una relectura en sentido confederal, es decir, sin cambio formal en la propia Constitución y (2) el desarme definitivo de la banda terrorista ETA, cuya continuidad dejaría de tener sentido una vez alcanzados sus últimos objetivos militares: independencia de facto, excarcelación de presos y territorialidad. Dos legislaturas a lo largo de las cuales se procedería, en último término, a la recogida final de las últimas nueces que le quedan al árbol constitucional.
Ese plan requería, para poder ser viable, dos presupuestos básicos:
- Un cambio de gobierno para alejar del poder a ese partido (el PP) que había declarado formalmente cerrado el desarrollo autonómico.
- Una neutralización de aquellos sectores de la opinión pública que pudieran representar un obstáculo en la aplicación del calendario previsto.
Con respecto al primer punto, el 11-M garantizaría la expulsión del poder del PP de manera traumática. Después, con relación al segundo punto, resultaba crucial controlar a los medios de comunicación que más predicamento tuvieran entre el electorado de la derecha y controlar también a las víctimas del terrorismo, que podrían oponerse a las concesiones que habría que hacer a ETA. Cumplido esto, el Partido Popular, privado completamente de apoyo mediático y de soporte ciudadano, no constituiría ningún problema después del cambio de gobierno, ya que estaría noqueado por la pérdida del poder y por el modo en que esa pérdida se había producido.
Pero las cosas no salen siempre como uno quiere, y el fracaso en la tarea de neutralizar a los sectores de opinión pública opuestos al golpe de régimen ha sido clamoroso. La radical oposición de la AVT al proceso puesto en marcha por el Gobierno, combinada con el altavoz proporcionado por un puñado de medios (y en especial la Cope), permitió articular una auténtica revuelta ciudadana que, lejos de disminuir al irse cumpliendo determinadas etapas (por ejemplo, la declaración de tregua), iba arreciando a medida que la ciudadanía tomaba conciencia del verdadero alcance de esa "hoja de ruta".
Para colmo, las operaciones de intoxicación cuidadosamente preparadas como cobertura de los atentados del 11-M, y que buscaban ocultar a los verdaderos autores del golpe detrás de una maraña de cortinas de humo imposible de desenredar, fueron fracasando una tras otra a medida que el sumario de 11-M era sometido a un escrutinio público cada vez más intenso.
La rebelión cívica y el desenmascaramiento de las mentiras del 11-M han tenido tres efectos principales, completamente letales para los diseñadores de la "hoja de ruta".
El primero de ellos ha sido rearmar, dentro del Partido Popular, a aquellos sectores partidarios de salir cuanto antes del estado de shock provocado por los atentados. La contemplación de una masa ciudadana cada vez mayor y cada vez más movilizada ha logrado que el Partido Popular se cerciorara de que no estaba solo y de que su base social no iba a consentir la voladura controlada de la Constitución. Las investigaciones del 11-M, por su parte, contribuyeron a esa "resurrección" de los populares al poner de manifiesto que el PP había interiorizado una culpa que no le correspondía en absoluto: no era verdad que el 11-M fuera un atentado islamista; no era verdad que el 11-M fuera fruto de ninguna negligencia; no era verdad que el 11-M se produjera como consecuencia de determinadas decisiones de política exterior. Los atentados del 11-M no fueron otra cosa que un golpe de régimen destinado, precisamente, a expulsar del poder al PP. Ha costado tres años que esa idea calara entre determinados sectores de las bases y de los cuadros del partido, tres años en los que se ha tenido que realizar una intensa labor de "desprogramación". Pero esa labor está ya completada. Todos somos ya conscientes de qué es aquello de lo que estamos hablando en realidad.
El segundo efecto de la rebelión cívica ha sido propinar un castigo electoral intenso, y cada vez más acelerado, al Gobierno encargado de llevar a la práctica la "hoja de ruta".
La movilización ciudadana ha hecho que cada paso dado por el Gobierno, y a pesar del cuasi-monopolio del que el PSOE disfruta en el terreno de los medios de comunicación, se tradujera en un coste electoral insoportable. Como resultado, ese Partido Popular que había caído prácticamente noqueado en el primer asalto del combate ha sido capaz, tres años después, de ganar por los puntos al PSOE el asalto de las municipales.
El tercer efecto, provocado básicamente por las investigaciones del 11-M, ha sido desbaratar el intento de usar el juicio por los atentados para legitimar de manera definitiva al gobierno salido del golpe. La labor de zapa efectuada por tan poquitos, pero tan perseverantes, medios de comunicación, encabezados por El Mundo, ha logrado que el juicio del 11-M se transformara en un auténtico examen a la versión oficial de la masacre. Examen que, lejos de confirmar la tesis islamista que desde el principio se pretendió vendernos, ha puesto de manifiesto que las informaciones de los medios de comunicación independientes eran ciertas: que desde la propia mañana de los atentados se produjo una auténtica orgía de manipulación de pruebas para ocultar la verdadera autoría de los atentados.
Todo este cúmulo de circunstancias ha encendido las alarmas entre los encargados de plasmar la "hoja de ruta" y el resultado de las municipales ha marcado el punto de partida para una redefinición de las estrategias. Los planes son ya irrealizables en su factura original y han comenzado los movimientos para intentar reconducir una situación que se les va de las manos por momentos.
A eso responde la ruptura trampa de la tregua trampa. A eso responde la congelación temporal de la entrega de Navarra a los nacionalistas. A eso responde la ofensiva mediática de un Zapatero que trata de contener con mensajes huecos la avalancha de problemas que se le acumulan y que tienen su reflejo en unas encuestas cada vez más desfavorables.
El sorprendente y casi simultáneo anuncio de la vuelta de Rodrigo Rato y José Bono a la actividad política no es ajeno a este estado de cosas. Las distintas fichas se van posicionando en previsión de cómo puedan derivar las circunstancias.
Pero el debate interno está abierto, porque no tienen claro cuál es el camino correcto a seguir. ¿Mantener el plan original y apostar por una segunda legislatura de un Zapatero que parece haber perdido su tirón? ¿Renunciar temporalmente a seguir avanzando y tratar de consolidar las posiciones ganadas, potenciando a los sectores menos "peligrosos" del PP y permitiendo su victoria por mayoría simple, a cambio de que el PP garantice que no habrá vuelta atrás? Ante la duda, en estos momentos se intenta jugar a todas las barajas posibles.
Cuentan con algunas bazas realmente buenas. Por ejemplo, con la del Tribunal Constitucional, donde continúan las maniobras destinadas a convalidar el Estatuto Catalán y consagrar la bilateralidad entre Cataluña y el resto del Estado, consolidando así lo avanzado hasta el momento. O, por ejemplo, el todavía abrumador dominio mediático del Gobierno, que intenta inducir una campaña de cierre de filas en torno a la figura de un Zapatero renqueante.
Pero se divisan luces de alarma en el horizonte. Las guerras intestinas entre las distintas facciones del social-nacionalismo, que está teniendo su reflejo en una lucha nada soterrada por el control de los distintos grupos multimedia, amenaza con deserciones, cuando menos parciales, dentro del campo de los medios de comunicación afines al Gobierno.
La carta de ETA, por su parte, ha perdido casi toda su fuerza. Saben que pueden mantener una presión controlada sobre la ciudadanía, recurriendo a las campañas de atentados incruentos, a la extorsión generalizada y al terrorismo callejero. Pero son perfectamente conscientes de que cualquier crimen de sangre no sería ya imputado en exclusiva a los asesinos etarras, sino que la responsabilidad de esa sangre se haría ya extensible a aquéllos que tanto tiempo llevan (¿desde cuándo?) utilizando a la bestia para sacar adelante su propia hoja de ruta.
Y, en la lejanía, pero acercándose con la inexorabilidad de un reloj, la sentencia del 11-M espera su turno para contribuir de una manera o de otra a dibujar el paisaje después de la batalla. ¿En qué sentido contribuirá?
Es natural que, en estas circunstancias, la rumorología se dispare y que los conciliábulos proliferen. Y que se gatopardee desde los despachos para intentar encontrar una salida que permita que todo cambie para que todo siga igual.
A lo largo de los próximos meses, viviremos nuevos intentos de dividir y destruir a la AVT. Lo han intentado todo hasta el momento y han fracasado una vez tras otra: intentaron silenciarla, intentaron desprestigiarla, intentaron dividirla desde dentro, intentaron asfixiarla económicamente... pero nada les dio fruto. Arreciarán, por tanto, las campañas mediáticas y las maniobras para desgastar a la AVT desde fuera, en un último intento de conseguir la neutralización de las víctimas de cara a la siguiente fase del proceso.
Como también veremos presiones cada vez más fuertes para inducir en el PP el miedo a una victoria electoral no pactada. Las presiones invocarán supuestas razones de estado para que el PP se avenga a encontrar una solución que no haga que el chiringuito se derrumbe. "Si les ponéis entre la espada y la pared", les dirán algunos, "no les vais a dejar otra salida que poner en marcha el ventilador de la mierda". ¿Será capaz el PP de mantener el tipo en estas circunstancias? ¿Será capaz de no olvidar que el derrumbe del chiringuito no implica el colapso del sistema, sino que es precisamente ese chiringuito lo que está pudriendo lentamente el sistema desde dentro?
Y también podremos asistir a presiones nada sutiles sobre el tribunal que tiene que tomar una decisión sobre el futuro del país. Porque el tribunal del 11-M, como decía al principio, no va a decidir tan sólo sobre la culpabilidad o la inocencia de Mohamed El Egipcio o de Suárez Trashorras. El tribunal del 11-M va a decidir, sobre todo, el futuro de España como nación y el destino definitivo de la "hoja de ruta" puesta en marcha con la masacre.
Una sentencia que refrendara la versión oficial, convalidando el falso carácter islamista de los atentados, terminaría de consolidar, ante la opinión pública nacional e internacional, la patraña con la que se ha querido encubrir el golpe. En esas circunstancias, no habría ya posibilidad alguna de detener el "proceso", porque los diseñadores de la "hoja de ruta" se desharían de su principal espada de Damocles y dispondrían del arma que necesitan para recomponer sus filas. Una sentencia, por contra, que destruyera la versión oficial significaría el fin definitivo del golpe, y abriría un proceso catártico que por fin permitiría, porque los españoles así lo queremos, consolidar una democracia sólida y no asentada sobre el chantaje del terror.
¿Qué hará el tribunal ante este panorama? Me gustaría saberlo, pero no lo sé. Quiero confiar en que cada uno de sus miembros es consciente de qué es lo que realmente nos estamos jugando. Quiero confiar en que saben ya, a estas alturas, que dentro de la mochila de Vallecas no hay sólo 10 kilogramos de Goma2-ECO, sino todo un país. Y quiero confiar en que actuarán en conciencia e impartirán justicia sin ceder al vértigo que algunos tratarán de inducir en ellos.
Por nuestra parte, no nos queda otra, en una situación en la que nos jugamos el futuro de todos, que seguir aprovechando ese factor humano con el que se ha conseguido detener la primera embestida del proceso: será necesario profundizar en esa rebelión cívica que nadie, por mucho que se empeñe, podrá detener desde los despachos. Habrá que volver a salir a la calle para dejar claro que nadie va a negociar en nuestro nombre, no ya con los terroristas, sino tampoco con los recogenueces. Para dejar claro que no vamos a consentir ninguna solución, ni unilateral ni pactada, que implique la desaparición de España como nación, ni por muerte súbita, ni en cómodos plazos. Hemos pagado un precio demasiado alto por la democracia española como para dejar que nadie nos la arrebate, así que a la vuelta del verano volveremos a vernos en la calle.
El tiempo de los recogenueces ya ha pasado. Es la hora de que comiencen a devolverse las nueces al árbol. Es la hora, en realidad, de que los ciudadanos, sea cual sea nuestro ámbito particular de responsabilidad, les obliguemos a hacerlo.
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