La ley, al parecer, es una vieja zorra de encantos ocultos que debidamente magreada permite conductas más licenciosas de lo que cabría esperar de su naturaleza coercitiva. A los independentistas, por ejemplo, les va a permitir este lunes por la mañana que aprueben una declaración parlamentaria que invita -rectifico, que obliga- a la sedición. Lo asombroso no es sólo que esa dama casquivana, la ley, vaya a permitir tal cosa, sino que además se las ha ingeniado para pararle los pies a quienes han tratado de evitarlo. Tras la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar la suspensión del debate convocado por Forcadell para este lunes a las 10 de la mañana, Junts pel Si y la CUP tienen vía libre para defender sus tesis independentistas y conseguir que el Parlament las apruebe. Perdón por la imagen, pero es así como lo veo: la ley, este lunes, se va a llevar a la cama a su violador.
Lo más triste del asunto es que ese mismo principio -el de la permisividad de la ley con quien le mete mano con suficiente habilidad- hubiera servido para provocar un interesante intercambio de parejas. Si el Estado hubiera tomado la iniciativa, en lugar de haber sido el voyeaur del estupro, ahora sería él quien estaría amartelado con la ley, y esa misma ley, tan fiel a quien la invoca como el genio de la lámpara de Aladino, se encargaría de estar parándole los pies a los prohombres de la secesión catalana.
El Gobierno ha permitido que la escena de cama entre la ley y el independentismo alcance temperaturas tan tórridas porque está convencido de que, al final, habrá gatillazo y no se consumará la violación anunciada. Yo creo que se equivoca. Primero, porque estoy tristemente convencido de que la violación sí se consumará (y tendrá consecuencias a corto plazo, aunque no sé muy bien de qué alcance). Y segundo porque a los estudiantes de derecho se les enseña que si se puede probar que la intención del violador era la penetración, el hecho de que en el último momento no pueda consumarla por no lograr la erección no le exime de culpa, sólo convierte su acto en un delito de violación en grado de tentativa. El Gobierno lo sabe pero ha decidido mirar hacia otra parte.
Hasta ahora, Mas y los suyos se han salido siempre con la suya. En las diadas, en los referéndums de cartón, en las proclamas plebiscitarias de las elecciones autonómicas, en la reunión ilegal de la Junta de Portavoces y en las declaraciones parlamentarias de independencia. Ninguno de los tres poderes del Estado -ni el ejecutivo, ni el legislativo ni el judicial- han hecho nada para impedir que alcanzaran cada uno de sus objetivos. El discurso gubernamental es que no hay que preocuparse en absoluto porque ninguna de esas conquistas de las huestes independentistas significa nada desde el punto de vista práctico. Es una curiosa manera de entender lo que es práctico. Si ir ganándole terreno al adversario palmo a palmo hasta hacerle combatir al pie de la muralla de su fortaleza y conseguir que la moral de la tropa sediciosa vaya agigantándose hasta acercarla a la euforia no significa nada desde el punto de vista práctico, que venga Sun-Tzu y lo vea.
Los cancerberos del Estado declinaron la batalla preventiva y ahora se han puesto de acuerdo, en el último minuto, en que defenderán la virtud de la ley impidiendo que la consumación del delito quede sin castigo y produzca efectos políticos. Así que esto es todo lo que va a pasar: el martes, a primera hora, se reunirá el Consejo de Estado para aprobar el dictamen preceptivo que el Gobierno le solicitará este mismo lunes por la tarde, una vez que el Parlament haya aprobado la declaración sediciosa. Inmediatamente después tendrá lugar un Consejo de Ministros extraordinario que aprobará la interposición del recurso de inconstitucionalidad. El miércoles se reunirá, también en sesión extraordinaria, el pleno del TC. Ese mismo día, por unanimidad, los once magistrados lo admitirán a trámite y la declaración quedará automáticamente suspendida. Después de eso, compás de espera.
El Gobierno no prevé que haya actos de desobediencia hasta después de las elecciones del 20 de diciembre. Lo que establece la resolución soberanista es que en el plazo de 30 días debe comenzar la tramitación parlamentaria de leyes que pongan en marcha las estructuras necesarias del nuevo Estado (una Hacienda propia y una Seguridad Social propia, por ejemplo), pero el Gobierno cree que los plazos se demorarán en el tiempo porque primero tiene que pronunciarse el Consejo Consultivo catalán y ese trámite depende, entre otras cosas, de que se haya elegido al nuevo presidente de la Generalitat, algo que no parece una tarea inminente mientras la CUP no se apee del burro de los vetos. La patata caliente, por lo tanto, pasará a manos del nuevo Gobierno y Rajoy, con un poco de suerte, ya no tendrá que comerse el marrón -al menos en solitario- de aplicar el artículo 155 de la Constitución.
Todo gira, como se ve, a una pura cuestión de observancia de las normas. La ley, y sólo la ley, se ha convertido en la última ratio de este debate de mil demonios. Y eso es precisamente lo malo. Una última ratio no es un amén irracional de obligado cumplimiento, sino un argumento definitivo que hace innecesario prolongar la discusión porque es muy superior a todo argumento en sentido contrario. Al hablar sólo de la ley olvidamos lo que hay detrás de la ley, el bien jurídico que la ley protege. El verdadero debate no es la ley, sino la nación, ese sujeto político en el que reside la soberanía constituyente de un Estado. Quienes defienden el derecho de autodeterminación, el derecho a decidir, defienden en el fondo lo mismo que la CUP o Esquerra: que Cataluña es una nación -y por lo tanto tiene derecho a constituir un Estado propio (otra cosa es que lo ejerza o no)- sólo por el hecho de que es una comunidad humana con ciertas características culturales comunes.
A partir de ahí, naturalmente, la consecuencia se cae por su propio peso: hay que expulsar "lo español" de las influencias culturales que han ido haciendo con el paso del tiempo que Cataluña sea lo que es hoy día. ¿Pero de verdad es eso posible? ¿Se pueden aislar los componentes genéticos que a lo largo de un proceso secular de interacciones sociales, culturales o políticas han dado como resultado una identidad mestiza? ¿Se puede resetear todo ese proceso de sucesivas influencias reciprocas y quintaesenciar el concepto "Cataluña" hasta reducirlo a un hecho diferencial en estado puro? El fanatismo nacionalista ha hecho posible que muchos piensen que sí.
La educación en Cataluña sigue desde hace décadas las pautas del discurso indigenista de Ecuador, Bolivia o Venezuela. Considera a Cataluña como un pueblo indígena que fue colonizado por una nación extranjera y sólo le preocupa el estudio de los caracteres y la cultura del pueblo primitivo que habitaba en el territorio que profanaron los colonos españoles. Cualquier día de estos veremos a Ada Colau emulando a su predecesor de principios del siglo XX, el alcalde Bartomeu Robert -curiosamente hijo de padre mexicano y madre donostiarra-, que hacía exhaustivas mediciones de cráneos a gentes del país para demostrar que la estirpe catalana era superior a las demás.
El debate lo hemos perdido. Ahora sólo nos queda -y no sé si por mucho tiempo- la mera observancia de la ley. La última barricada.