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Un tambor con cuatro balas

O el nuevo Padrino convence a la CUP para que se deje de paellas y lleve a sus votantes a las urnas, o el futuro inmediato de la Generalitat quedará en manos del clan de los Colau.

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Junquera vota en el referéndum ilegal del 1-O | Europa Press

Si la CUP no se presenta y decide celebrar la insumisión con una paella festiva y pre navideña el 21D, Cataluña Si Que Es Pot se convertirá en el fiel de la balanza que rinda el poder del lado constitucionalista o lo mantenga en manos de Junqueras, que el luctuoso día 27, tras la cutre y doblemente penosa proclamación de la República, se quedó de pie a la vera de su escaño recibiendo los besos y los abrazos que en señal de sumisión le brindaron todos los lugartenientes de La Familia. Hacía tiempo que Puigdemont se había escabullido entre el tumulto como una trucha abriéndose paso contra corriente. Junqueras fue investido ese día como el Capo di tutti capi de la Cosa Suya.

Pues bien, o el nuevo Padrino convence a la CUP para que se deje de paellas y lleve a sus votantes a las urnas, o el futuro inmediato de la Generalitat quedará en manos del clan de los Colau. Esa es la conclusión preliminar a la que han llegado los sabuesos de las encuestas tras olfatear el vientre de las ocas. Hoy por hoy, lo tienen claro: no existe ninguna posibilidad, ninguna en absoluto, rien de rien, de que la suma de Ciudadanos, PSC y PP alcance la mayoría absoluta, salvo en el caso, naturalmente, de que los independentistas decidieran en bloque sumarse a la paella cupera y convertir las elecciones del 155 en un rancho aparte del españolismo represor.

Salvo en ese caso, que dígase lo que se diga no es en absoluto descartable, el sucesor de Puigdemont será quien decida el mundo de Podemos. Bastaría esta primera consideración para mirar seriamente al triunvirato constitucional y preguntarle a la cara: ¿pero se puede saber qué coño habéis hecho? Cataluña Si Que Es Pot tiene dos clases de pobladores: aquellos que defienden el derecho de autodeterminación para votar que no a la independencia y aquellos que lo defienden para votar que sí. Pero no hay ninguno, ninguno en absoluto, que no quiera cargarse el artículo 2 de la Constitución y trinchar la soberanía nacional como si fuera un pavo navideño.

Por este camino iríamos más pronto que tarde a la celebración de un referéndum pactado que otorgaría a los independentistas, con todas las bendiciones legales, el derecho a decidir. A partir de ese momento, que lo utilizaran para volver a la República solo sería cuestión de tiempo. Y no mucho, me temo. Cada año llegan al censo electoral miles de jóvenes recién salidos de esa fábrica de anti españolismo en que se ha convertido el sistema educativo catalán. Que Mendez de Vigo se niegue a admitirlo solo refleja su miopía dolosa y, por extensión, la de un Gobierno incapaz de pensar en otra cosa que no sea la de salir de este lío sin pasar a la historia como el idiota que estaba de turno cuando España se desplomó.

La buena noticia de la hipótesis arbitral de los podemitas es que ganaríamos algo de tiempo. La mala es que lo invertiríamos en llevar el procés a la vía legal, haciéndolo inmune al antídoto del artículo 155, y que el PSC encontraría la coartada perfecta para cambiar de bando. Si se admite la duda de que la soberanía nacional reside en el conjunto de la nación española, una e indivisible, la inexorabilidad del triunfo separatista quedará garantizada. La implosión del Régimen del 78 será inevitable. Estoy seguro de que un Gobierno en Cataluña Junqueras-Colau nos acercaría peligrosamente a esa amenaza.

Dicen los demóscopos más avezados que en plena apoteosis emocional es bastante temerario hacer pronósticos electorales. Tras el 1-O detectaron una fuga apreciable de voto españolista hacia posiciones más próximas a la independencia. Luego, cuando comenzó la estampida empresarial y se hizo patente la falta de apoyo internacional a la causa sediciosa, fueron muchos independentistas los que comenzaron a bajarse de su carro. La conclusión es que cualquier medición que se haga en estas condiciones será poco fiable. Además hay detalles influyentes que aún están por decidir. Dos ejemplos: en caso de candidaturas conjuntas, el menor número de restos de la Ley D’Hont favorecerá a la lista más votada, que será con total seguridad -si se presenta- la que encabece Junqueras. Como contrapartida, si la participación aumenta, la expectativa constitucionalista mejora.

La conclusión de los expertos es que hoy por hoy, si la CUP no se queda en casa, nada garantiza que el nuevo Parlament vaya a ser sustancialmente distinto del que proclamó la República el viernes pasado. No hace falta ser un lince para advertir que, de todas las posibles, esa sería la eventualidad más catastrófica. Los resultados se leerían en clave de referéndum encubierto y colocarían contra las cuerdas a los genios que han utilizado el 155 para hacerlos posibles. ¿Son conscientes Rajoy, Sánchez y Rivera de que deberían pagar mancomunadamente el precio de esa debacle?

Rajoy, sí. Más que sus compinches de chifladura. Él nunca quiso asumir en solitario la responsabilidad de parar a tiempo el golpe sedicioso para evitar que las voces de la Oposición le acusaran de estar agravando un problema que aún podía solucionarse -decían los del PSOE- sin tener que recurrir a la artillería pesada. Ahora sabemos que eso no era verdad. Pero él no quiso rebatirlo y dimitió de su deber de correr riesgos preventivos por miedo a equivocarse solo. Desde el principio buscó en su respuesta la compañía de otros.

Eso es lo que explica, me parece a mí, su errático comportamiento de los últimos días. Cuando parecía que había cedido a la presión interna del PP, partidario de retrasar seis meses la convocatoria electoral y de endurecer la aplicación del 155, nos sorprendió a todos haciendo lo contrario: primero renunció a poner orden en TV3 y luego acortó a 54 días -lo mínimo imprescindible para no saltarse la ley- la cita con las urnas. De un brincó pasó de estar del lado del PP a echarse en brazos de sus socios parlamentarios. Era el mejor modo de cubrirse las espaldas. Si las medidas adoptadas no obtienen el resultado apetecido siempre podría decir que no se le ocurrieron a él.

La última hipótesis que debemos considerar es que el 21D no haya presencia independentista en las urnas y que, en consecuencia, siete de cada diez catalanes en edad de votar, incluyendo los abstencionistas sistémicos, decidan quedarse en su casa para deslegitimar el nuevo Parlament. Si la CUP se hace fuerte en su negativa a presentarse, ERC deberá elegir entre avalar con su presencia una labor parlamentaria que renegará del supuesto mandato del 1-O, que él hizo suyo, o bien desentenderse de las elecciones y hacerse fuerte en la Asamblea de Cargos Electos, que según el plan B de la estrategia golpista es el órgano encargado de asumir la gestión de las instituciones políticas intervenidas.

La Asamblea está compuesta por cuatro mil concejales de los 787 Ayuntamientos -de un total de 948- que apoyan la República. La inmensa mayoría son de ERC. Sus estatutos y su funcionamiento se mantienen en secreto. Sin embargo, el hecho de que cada miembro cuente con una tarjeta personal, un número de identificación y un código QR sugiere la idea de que su operativa esté organizada para actuar mediante comunicaciones informáticas a distancia. Lo más importante, en todo caso, no es tanto el modo en que vaya a trabajar, sino el hecho de que decida hacerlo constituyéndose en una especie de Administración pirata que prolongue sine die el conflicto institucional con la Administración del Estado.

La falta de legitimidad de un Parlament que careciera de presencia independentista, y por supuesto la del Gobierno que emanara de él, haría muy difícil, por no decir casi imposible, la misión de devolver a la legalidad a la Comunidad Autónoma declarada en rebeldía. Máxime si mientras tanto opera por su cuenta un centro de poder paralelo capaz de coordinar la acción política, con desobediencia incluida, de la mayoría de los cargos electos de Cataluña. Con ese paisaje de fondo, la confrontación institucional no solo no se acabaría, sino que se alargaría indefinidamente. La tensión se haría endémica. Por la estúpida pretensión de Rajoy de poder decir eso de que "no se suspende la autonomía ni el autogobierno en Cataluña, se recupera la legalidad" acabaremos enfrentándonos a la imperiosa necesidad de hacer lo primero tras haber fracasado en lo segundo.

Así que, tal como yo lo veo, este es el resumen de la situación en la que nos encontramos. El tambor del revólver tiene cuatro recámaras: 1) Elecciones sin CUP con Gobierno independentista tutelado por Podemos. 2) Elecciones con todos y mayoría absoluta independentista. 3) Elecciones con todos sin mayoría absoluta independentista (lo que nos devuelve a un Gobierno tutelado por Podemos). Y 4) Elecciones sin independentistas con un Gobierno en el Palau sin legitimidad suficiente y otro en la sombra sin asomo de legalidad haciéndole la puñeta. ¡Qué mal tiene que estar la cosa para que debamos implorarle al cielo que la bala que active el gatillo sea la número 3! Hay males menores que duelen de narices.

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