Cuando Rajoy se alzó al fin con la investidura, la lógica parecía indicar, contra toda lógica, que comenzaba una larga legislatura. Aunque apostar por la longevidad de un Gobierno que apenas tiene 137 apoyos en un Parlamento de 350 podía parecer algo excéntrico -de hecho a gente más lista que yo se lo parecía-, a mí daba en la nariz que la Oposición iba a hacer todo lo posible para ganar tiempo.
El PSOE tenía que pasar por el astillero y reparar todas sus vías de agua, Podemos acababa de perder más de un millón de votos en seis meses y ya no era el cagaprisas que aspiraba a merecer el cielo sin acumular méritos propios y Ciudadanos necesitaba consolidar una estructura territorial que le permitiera asentarse en la vida política con vocación de permanencia.
Las premisas fundamentales en las que se basaba el análisis eran que los barones socialistas harían valer su ley en el debate interno de su partido y que el Gobierno trataría con afecto interesado a su socio preferente en el Congreso de los Diputados. Esta semana, sin embargo, han sucedido dos cosas que permiten pensar que esas premisas podían estar equivocadas.
Por una parte, los datos que dieron a conocer el viernes los lugartenientes de Pedro Sánchez, el muerto más vivo de la política nacional, apuntan a que el cuarenta por ciento de la militancia socialista, que es la que vota en las primarias, ya ha decidido tomar partido por él. Ni Patxi López ni Susana Díaz están en condiciones de hacer una exhibición de musculatura equivalente. La idea de que Sánchez regrese a Ferraz no es ninguna locura.
Por otra parte, las relaciones del PP con Ciudadanos han entrado en una espiral que conduce indefectiblemente a la ruptura. Lo de Murcia parece ser un ensayo general con todo de la batalla que se avecina. Rivera ha levantado las pancartas de "el PP no cumple lo que firma" y "Rajoy no es de fiar" y los megáfonos de Génova no dejan de repetir, a todo volumen, que Ciudadanos se echa en brazos de la izquierda. Parece el preludio de una batalla campal.
El resultado puede ser que Rajoy se quede, a la vez, sin socio con quien practicar el bipartidismo encubierto que está dándole gas al arranque de la legislatura y sin aliado parlamentario con quien ir trasteando el día a día. Sin Javier Fernández -o alguien de su cuerda- y sin Albert Rivera, lo único que le queda al PP es el refugio de una angosta trinchera de 137 escaños donde resistir todo lo que pueda.
El problema es que podrá muy poco. Antes era un fijo en la quiniela que habría Ley de Presupuestos, la herramienta para gobernar, antes de Semana Santa. Dábamos por hecho que Rajoy guardaba en la chistera los apoyos del PNV y de algún francotirador con los que alcanzar los 176 votos favorables. Ahora, en cambio, ni siquiera está claro que tenga los votos de Ciudadanos. La apuesta por una legislatura larga, en estas condiciones, empieza a ser temeraria.
No se me va de la cabeza que hay algo de disparatada imprudencia, de arrogancia desmedida, en la actitud con que el PP desafía las amenazas que asoman por el horizonte. Parece que quiera dar a entender que no sólo no teme, sino que incluso desea el escenario de la disolución anticipada. Parte de la base de que los resultados de unas nuevas elecciones le darán más margen de maniobra del que ahora tiene para seguir en el poder sin apuros.
¿En qué se basa? Teniendo en cuenta que no ha hecho nada para reconciliarse con sus electores prófugos, que ha celebrado un Congreso autocomplaciente de culto faraónico al líder, que dice diego donde dijo digo a las medidas de regeneración pactadas con Ciudadanos, que avala la exaltación de Condes Pumpidos al TC, que está obligado a gestionar políticas ajenas por falta de mayorías propias (aunque hacía lo mismo desde el fortín de la mayoría absoluta) y que los tribunales siguen depurando responsabilidades penales por las magancias de muchos de los suyos, la única razón que se me ocurre para entender su optimismo es que se cree el tuerto más guapo del reino de los ciegos. El problema es que también votan los videntes.