Enriquecimiento, ¿para hacer política?

Durante casi todo el siglo pasado, los mexicanos vieron con naturalidad y resignación a los puestos públicos como una fuente de enriquecimiento para funcionarios y políticos. Amasar grandes fortunas durante el ejercicio de un cargo público era un hecho cotidiano en el sistema político mexicano.

El comentario “robó pero hizo” era considerado un cumplido para aquel político que se había enriquecido, pero había hecho algunas obras. Ese tipo de funcionario era lo mejor a lo que podía aspirar la sociedad. El mal político era aquel que robaba pero no hacía nada.

Con el advenimiento de la democracia y con diversos partidos en el poder, una ley de transparencia a nivel federal y medios de comunicación libres, los mexicanos ya podemos aspirar a políticos que hagan y no roben. La nueva cultura de no considerar el puesto público como una fuente natural de enriquecimiento ya está permeando en la sociedad mexicana.

Pero todavía en varios estados y municipios se resisten a instrumentar una ley de transparencia igual a la implementada por el gobierno federal bajo esta administración. Hay funcionarios que siguen actuando como lo hacían el siglo pasado. Se sienten dueños del patrimonio que manejan. Una de las justificaciones para enriquecerse, que aludían los políticos del viejo régimen, es que “necesitamos dinero para hacer política”. Con la excusa de que esos recursos los iban a invertir en precampañas y campañas de candidatos de su partido, toman dinero de empresas estatales y de las arcas gubernamentales con el teórico objetivo de “hacer política”.

No es un delito que los políticos y funcionarios públicos tengan dinero o inmuebles en México y en el extranjero, pero es cuestionable si no hay un origen lícito y claro de los recursos que permitieron adquirirlos. En las democracias más avanzadas, los que ingresan a la política son los que ya tienen dinero; no buscan hacer política para tener dinero.