Durante el siglo pasado, el cierre de fronteras obligaba a los consumidores a comprar lo hecho dentro de su país y dejaba en un segundo término la necesidad de ser competitivos a nivel mundial.
El abaratamiento del transporte, la aparición del fax, de Internet y la ubicación casi instantánea de remesas en casi cualquier parte del mundo vía electrónica hacen imposible mantener una economía aislada. Independientemente del término globalización y de que estemos de acuerdo o no con ese fenómeno, la tecnología ha conectado los mercados más allá de lo que digan las leyes. La opción de los países es abrirse con bajos aranceles, conocer y legalizar la importación o mantenerse cerrados y estimular el contrabando, la corrupción y la economía informal.
Actualmente, la competitividad mundial es fundamental para mantener altos niveles de empleo y de crecimiento. La competitividad la aumentan varios factores: una legislación fiscal con bajas tasas de impuesto sobre la renta; una legislación laboral flexible que permite la movilidad de la mano de obra; un entorno jurídico con bajos costes de transacción, es decir, pocas regulaciones, una rápida respuesta a las peticiones de las empresas y una justicia rápida que proteja y restituya los derechos de propiedad.
Otro factor fundamental para ser competitivo tiene que ver con la inflación. En tanto los precios de un país aumenten por arriba de los de sus socios comerciales y competidores, perderá competitividad. Si un gobierno escoge el obsoleto camino de estimular el empleo y el crecimiento por la vía del gasto público deficitario, aunque puede lograr raquíticos y fugaces empleos y crecimientos, perderá competitividad al exacerbar el aumento de los precios.
