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Columna publicada el 14-10-2005
Los únicos beneficiados realmente por leyes demagógicas, como la interminable reforma agraria, han sido los políticos que aseguraron su clientela y los votos con la promesa de dotar de tierras y dar subsidios a grupos campesinos, muchos de los cuales se acostumbraron a vivir del gobierno más que de su trabajo.
En la industria, el comercio y los servicios, también sufrimos de leyes que generan desempleo y que benefician solamente a ciertos monopolios empresariales y a una aristocracia corporativa que junto a funcionarios corruptos se han enriquecido de la explotación monopólica o protegida de diversos sectores de la economía. El costo para la nación de décadas de enriquecimiento de empresarios mercantilistas y líderes corporativistas, fruto de los privilegios concedidos por sus amigos en el gobierno, se ha pagado con desempleo para cientos de miles de ciudadanos.
Tenemos también varias leyes que, con la excusa de garantizar la soberanía nacional y la rectoría del estado, mantienen un monopolio en la explotación y refinación del petróleo. Esas leyes han impedido que los inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros, promuevan la creación de cientos de miles de empleos en la industria petrolera nacional.
Debido a prohibiciones absurdas, se procesa crudo mexicano en refinerías de Estados Unidos y de otros países. Si tuviéramos leyes que favorecen a nuestra gente, los empleos de esas industrias se hubieran generado internamente. Los altos costes energéticos en México, producidos por el monopolio estatal, son uno de los factores que eleva los precios de muchos productos mexicanos por encima de los precios en el mercado mundial.
Nuestras leyes laborales inflexibles, diseñadas para proteger excesivamente a quienes actualmente tienen trabajos, hacen que cientos de miles de medianos y pequeños empresarios no quieran crecer, sino que prefieren mantener sus empresas a nivel familiar, sin contratar a extraños. Mientras en Estados Unidos cientos de miles de medianas y pequeñas empresas son las principales demandantes de inmigrantes mexicanos, en México nuestras leyes, dizque para protegerlos, destruyen todo incentivo a los empresarios nacionales a crear más fuentes de empleos y a muchos inversionistas extranjeros a fundar empresas en nuestro país.
Muchas de las leyes teóricamente diseñadas para proteger al trabajador son más bien el obstáculo que impide que haya mayor oferta de empleos, lo cual impulsaría el aumento de salarios al haber competencia por mano de obra y, a su vez, mejoraría el nivel de vida de millones de trabajadores.
