El anteproyecto de Ley que el Gobierno acaba de aprobar para endurecer las penas de los terroristas explica en su preámbulo que esta reforma legal se ha creado para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos. Es cierto, como señala ese texto, que la sociedad reclama una protección más eficaz frente a las formas de delincuencia más graves. Pero no es menos cierto que los ciudadanos no tienen un pelo de tontos; y si es así, pronto percibirán que el Gobierno va a utilizar con fines electorales sus reformas legislativas contra ETA. Como muy bien explica el anteproyecto de ley, está acreditado que los terroristas utilizan las reglas del Código Penal para vulnerar constantemente el Estado de Derecho. Pero está por ver si el Gobierno se va a servir también de esos instrumentos legales para obtener un rédito electoral. El caso del terrorista Ángel Alcalde demuestra que contra ETA todo vale, incluso la mentira.
En la primera semana de enero hemos leído en los periódicos y hemos visto en la televisión que este miembro de ETA, “prófugo de la justicia”, según fuentes de Interior, había reaparecido en un acto público organizado por el entorno de Batasuna. Enseguida la maquinaria se puso en funcionamiento: los políticos se preguntaban cómo este etarra eludía la acción de la justicia. Interior “ponía a sus policías a buscar al terrorista”. Otros, más osados, incluso adelantaban actuaciones penales de la fiscalía de la Audiencia Nacional. Nadie se preguntó por qué Alcalde había comparecido tan tranquilo en ese acto. Nadie se hizo esa pregunta porque el miembro de ETA figura en las listas europeas y americanas de terroristas más buscados. Nadie ha querido escuchar a la fiscalía de la Audiencia Nacional, que lleva tiempo advirtiendo que la causa abierta contra Alcalde está prescrita desde hace años. Interior lo sabía, pero no le ha importado nada: el pasado mes de diciembre, Rajoy presentaba la lista europea de etarras y además en esa rueda de prensa ponía el ejemplo de Alcalde, como uno de los terroristas que a partir de ese momento tendría más dificultades para eludir la acción de la Justicia. Ya nos hemos dado cuenta de esos problemillas, incluso los hemos visto por televisión.
Estos días incluso hemos escuchado que el Tribunal Supremo condenó en rebeldía a Alcalde, cuando éste se fugó de España en 1989. A no ser que otra reforma legislativa del Gobierno lo corrija, por ahora nuestro país no puede juzgar a nadie --ni siquiera a un etarra-- en rebeldía. Pero, como ahora nos fijamos mucho en Europa, ¡ojo!, que en Francia sí se condena en rebeldía. Quizá quien condenó a Alcalde no se equivocó, simplemente pudo adelantarse a los acontecimientos.
Lo que está claro es que Alcalde no es prófugo de la Justicia; no hay una orden internacional de busca y captura contra él; la Policía española no le busca, aunque con las listas europeas, quizá sí le persigan en Grecia, o en Austria… Si Carmen Tagle estuviera viva podría explicar mejor que nadie cómo Alcalde se le escapó antes de sentarlo en el banquillo. Eso sí, el terrorista encima tuvo la satisfacción de que el Constitucional le diera el amparo cuando, en el año 89, él y sus compañeros Idígoras y Aizpurúa juraron la Constitución en el Congreso de los Diputados “por imperativo legal”. Como dice el preámbulo del último anteproyecto del Gobierno, son los instrumentos que utilizan los terroristas para vulnerar el Estado de Derecho. Tendremos que esperar al siguiente preámbulo, del siguiente anteproyecto, de la siguiente reforma, del siguiente golpe a ETA.
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