Emilio Olabarría ha destapado la caja de los truenos del Consejo General del Poder Judicial. El actual gobierno de los jueces despide su legislatura como empezó, preocupándose por el dinero; sobre todo, por el dinero de sus vocales.
Es el momento de recordar que Olabarría y otros veinte integraban el pleno que decidió subirse el sueldo para equipararlo al de los magistrados del Supremo. Y también es el mismo pleno que estuvo a punto de subirse los trienios de antigüedad para igualar el sueldo de todos los vocales al del más veterano, Bruno Otero. Como general del Ejercito, Otero presenta en su nómina más trienios que ningún otro vocal. Al final, aquella operación no fraguó por vergüenza torera y por eso el pleno decidió incrementar sólo los trienios de los vocales que no son funcionarios y que son, curiosamente, a quienes la Ley Orgánica –en su artículo 121– les premia con un año de sueldo desde el momento en que abandonen el Consejo.
Es el artículo 121, precisamente, el que ha originado la polémica: no es cierto que Olabarría haya exigido los 19 millones de pesetas que contempla la Ley para los vocales no funcionarios; sí es cierto que preguntó en el Consejo si podía reclamar ese dinero. Al igual que Olabarría, varios vocales del Consejo también se están planteando aplicarse el artículo 121. Por esta razón, el gobierno de los jueces ya está elaborando un informe que deje muy clarito quién puede reclamar el sueldo de un año.
Algunos vocales, como Javier Moscoso, Bruno Otero, Ester Jiménez, Francesc Caminal y Margarita Retuerto también podrían exigir ese dinero, porque ellos no eran funcionarios cuando llegaron al CGPJ. Eso es lo que argumentan, algunos con dificultad, como es el caso de Moscoso.
Lo curioso es que Javier Moscoso es fiscal de carrera y, por tanto, funcionario; pero él pidió una excedencia voluntaria cuando fue nombrado vocal. Estando ya en el consejo solicitó la reincorporación para no perder antigüedad, y ahora, cuando abandone el gobierno judicial podría pedir de nuevo una excedencia para cobrar esos 19 millones de pesetas. Además, en el Consejo nadie duda de que a partir del próximo mes, Moscoso no pasará al INEM porque le espera un despacho en Aranzadi.
El caso de Bruno Otero también es peculiar. Al parecer, el general también quiere cobrar los 19 millones de sueldo, porque argumenta que cuando deje de ser vocal estará jubilado y, por tanto, ya no engrosará las filas del Ejército. Una razón, la de Bruno Otero, que no convence a los técnicos del Consejo.
La vocal Ester Jiménez también podría reclamar el sueldo de un año porque tampoco es funcionaria: es profesora de la Pompeu Fabra, universidad a la que durante estos cinco años ha seguido vinculada de manera muy estrecha.
Francesc Caminal también reclamará los 19 millones de pesetas porque es abogado y entiende que, al ir al CGPJ, pudo perjudicar la situación de su despacho. Los técnicos del Consejo se preguntan si, durante este año que empieza, Caminal podrá reanudar su actividad laboral.
La polémica ha surgido en el CGPJ, pero la misma situación se producirá en el Tribunal Constitucional: los magistrados no funcionarios que abandonan su puesto también podrán reclamar el sueldo de un año. ¿Qué hará Cruz Villalón? ¿Solicitará una excedencia de un año en la Universidad para reclamar también los 19 millones? Es el momento de recordar que este alto tribunal hizo aquello a lo que no se atrevió el CGPJ: en pleno, los magistrados del Constitucional se subieron los trienios de antigüedad para que todos cobraran como el más veterano, Rafael Mendizábal... Vergüenza torera.
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