La primera persona que ocupó el puesto de juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue Eduardo García de Enterría. Al maestro de administrativistas le sucedió el catedrático de Internacional Juan Antonio Carrillo Salcedo, que cedió su sillón al magistrado del Tribunal Supremo Jose María Morenilla. El último en ocupar tan importante cargo ha sido el catedrático Jose Antonio Pastor Ridruejo. Desde hace meses, ese puesto está vacante y el gobierno se ha empecinado en enviar a Estrasburgo a Margarita Retuerto, cuyo perfil jurídico no alcanza el de quienes han ocupado hasta ahora ese puesto en el TEDH. Ese empeño por parte del ejecutivo sólo puede indicar que le importa muy poco la imagen que pueda proyectar en las instituciones europeas.
Cuando el Consejo de Europa recibió el currículum de esta abogada madrileña enseguida se supo que aparecía en el documento como ex magistrada del Tribunal Supremo, algo que no es verdad. Fue un más que dudoso “error”, enseguida atribuído a los traductores europeos. Eso ocurrió en marzo y desde entonces el gobierno ha desaprovechado la oportunidad para deshacer el entuerto.
Puede ser que el ejecutivo se empeñe en mantener la candidatura de Retuerto por la difícil situación personal y familiar que atraviesa la ex vocal del CGPJ; hasta quienes critican su postulación lamentan el duro trance que atraviesa. Miembros de la judicatura recuerdan que en una decisión tan importante en la que España se juega su reconocimiento internacional y el de sus juristas, el gobierno no puede actuar movido por la lástima.
A pesar de la campaña de los populares europeos para aupar a Retuerto, hoy tampoco han conseguido su objetivo; la segunda votación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se ha saldado con un empate sin precedentes en esta institución europea. Ahora el gobierno tiene de nuevo la posibilidad de rectificar y presentar un jurista de reconocido prestigio, que se pueda desenvolver sin problemas en las deliberaciones del tribunal de Estrasburgo, que se mantienen en inglés y francés. Sería lo deseable, pero no es lo previsible. Al parecer, el ejecutivo ha creado una plaza nueva, que será ocupada por un juez del CGPJ, para el asesor en Estrasburgo de Margarita Retuerto. Más vale que por lo menos en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo Gil Carlos Rodríguez y Dámaso Ruiz Jarabo mantienen el listón español todavía muy alto.
Con independencia de lo que ocurra el viernes en la Asamblea del Consejo de Europa, sería de esperar del gobierno español que, ahora que parece haber mostrado interés en impulsar una candidatura al TPI, haya aprendido la lección. La crisis de Estrasburgo ha mostrado profundas diferencias entre Exteriores y Justicia; es difícil pensar que el segundo candidato de la terna presentada, el embajador Aurelio Pérez Giralda, no haya contado con el apoyo de alguno de sus colegas. El empate sin precedentes vivido en la votación ha desprestigiado al gobierno español, que tradicionalmente había enviado como candidatos a puestos internacionales, judiciales o no, a personas de gran prestigio. Ahora el ejecutivo tendrá que sopesar las consecuencias de enviar al TPI a un candidato con perfil inadecuado.
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