Es un hecho conocido que así como unos perros muerden, algunos ciudadanos violan las leyes. Por eso, ya no tarda en salir una ley prohibiendo que se viole la ley, algo así como una ley que prohíbe hacer todo lo que ya está prohibido. Por supuesto, para que esa ley no sea solamente decorativa, habrá que crear otra nueva y flamante burocracia para implementarla, con los poderes extraordinarios y discrecionales urgentes.
Esta ley sin duda establecerá que toda actividad o transacción entre particulares debe ser presenciada y aprobada por una alta Comisión de tres testigos probos, uno designado por el Colegio de Abogados, otro por el Congreso Legislativo y otro por la muy competente y prestigiosa Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Si no se encuentran a los probos, pues con los que están. La razón de hacerlo tan estricto es para estar seguros de que nadie, pero nadie, falta a una ley. Y, por si acaso a alguien se le ocurre cómo meterle gato por liebre a la comisión, podemos pasar otra ley prohibiendo meterle gato a la Comisión. Aparte de ello, toda persona que hace alguna transacción deberá entregar al cliente un manual con un tratado sobre seguros, otro sobre la industria de manufactura química y física, con la advertencia de que la ley de gravedad puede romper lo frágil. Quien paga con quetzales deberá explicar los riesgos propios de esa moneda. Así, poco a poco con perseverancia eliminaremos todos los males de éste mundo y si es necesario exigiremos al Congreso que tenga sesiones nocturnas y aumentaremos el número de diputados.
Como el gobierno está pobrecito y sigue creando costosas burocracias y como los ciudadanos que aún están vivos y que no han logrado visa para abandonar el país ya no quieren pagar más impuestos, se seguirá con la modalidad de que el incremento al déficit fiscal los pagarán sus descendientes, para lo cual se emitirán bonos pagaderos cuando los niños de hoy cumplan mayoría de edad.
Como ya no nos compran bonos en dólares, probaremos con pesos argentinos. Ello tiene otras ventajas pues el FMI esta preocupado y cuando el FMI se preocupa es por algo. Ya lo hemos visto.
Como cada día más guatemaltecos huyen a la economía informal y otros se fugan a California en busca de las oportunidades que aquí no hay, de repente se quedan aquí muy pocos y la carga fiscal de las generaciones venideras resulta onerosa. Por eso hay que evitar el problema y como ya sabemos que todos los males se corrigen por ley, habrá que prohibir fugarse del país, salvo cuando sea para enviar remesas familiares con qué pagar los impuestos de los que se quedan. Es evidente que esas remesas deberán se obligatorias, para lo cual se pasará una ley con severos castigos por incumplimiento. Y, sabiendo que más vale que sobre a que falte, se emitirá otra ley prohibiendo que se viole la primera. Quizá nos veamos obligados a pasar una ley que obligue a los gringos a comprarnos los bonos, y si les ponemos buenas multas tal vez resolvemos el problema fiscal.
Claro, de nada servirá que se pasen leyes si no se implementan con seriedad y, por tanto, se establecerá un Organismo Controlador para que controle a los controladores. El presupuesto de este nuevo organismo se cubrirá con el producto de bonos a 60 años porque los que están vivos no lo quieren pagar, entonces lo pagarán los que aún no han nacido, ya que por el momento ellos no pueden oponerse ni bloquear carreteras.
P.D. Un futuro y sensato Congreso deberá comenzar la tarea de derogar las leyes tontas; las copiadas y las criollas.
Manuel F. Ayau Cordón es ingeniero y empresario guatemalteco, fundador de la Universidad Francisco Marroquín y ex presidente de la Sociedad Mont Pelerin.
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