Resulta irrisorio que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, anticipe un "cambio de tendencia" en el drama laboral que sufre este país tras un mes de abril que, descontando el efecto calendario de la Semana Santa, ha expulsado del mercado de trabajo a 120.000 personas. Con independencia de los maquillajes estadísticos que aplique el Ministerio, la realidad es que no existe por el momento ni una sola señal esperanzadora sobre la futura evolución del paro en España.

Para empezar, la última Encuesta de Población Activa (EPA) arrojó un dato desolador: la tasa de desempleo alcanzó el 17,3% el pasado 15 de febrero, fecha en la que el Instituto Nacional de Estadística (INE) cerró el muestreo que sirve de base para componer la EPA del primer trimestre de 2009. Es decir, en la actualidad, España ya ha superado con creces ese porcentaje. Además, la Comisión Europea, de cuyos cálculos uno no debe fiarse, prevé una tasa del 20,5% para 2010. El problema es que la propia Comisión reconoce que sus pronósticos están desfasados, ya que han sido superados por la realidad: estimaba un paro próximo al 17% para el presente año.

Más allá de los porcentajes, la clave de la cuestión radica en que el tiempo pasa, los trabajadores se van a la calle y ninguna fuerza política de este país parece estar dispuesta a afrontar la situación. Esto es, apostar por una profunda reforma que flexibilice al máximo un mercado laboral, cuya estructura y regulación fue impuesta por el franquismo. ¡Abajo los sindicatos verticales! Bye, bye diálogo social. O se impone la cordura y se hacen los deberes en esta materia o nos veremos abocados a picos de paro nunca vistos en este país, de entre el 25% y el 30% en 2010 ó 2011, junto a un desempleo estructural atenuado a base de subsidios públicos.

Por desgracia, nada hace pensar que esto vaya a ocurrir en el corto plazo. Por ello, el Gobierno tira ya con descaro de la ocultación de datos y el maquillaje de cifras para ofrecer a sus electores una imagen edulcorada del auténtico drama social que ya asoma. Primero fue el efecto Caldera, un cambio estadístico aprobado en febrero de 2008, justo antes de las elecciones, y que consiste en sacar de las listas del Inem a todos aquellos desempleados que acuden a cursillos de formación, y que se engloban bajo las siglas de demandantes de empleo no ocupados (DENOS).

Por si ello fuera poco, los parados "con disponibilidad limitada" o con "demanda de empleo específica" tampoco aparecen en las cifras oficiales del paro. Los prejubilados o afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) son, igualmente, tratados como desempleados de segunda categoría. Con tales trucos de magia no es de extrañar la divergencia existente entre los datos que ofrece Trabajo y los que refleja la EPA.

Además, en un alarde de creatividad estadística, el Ministerio que dirige Corbacho decidió no publicar las cifras de afiliación a la Seguridad Social correspondientes al último día de mes. Un dato que, históricamente, es el que se venía empleando como referencia a la hora de medir el ritmo de destrucción o creación de empleo en España.

Más allá del mercado de trabajo, destaca la estadística que, periódicamente, ofrece el Ministerio de Vivienda sobre el precio de los pisos. ¿Alguien se cree de verdad que los inmuebles se hayan depreciado de media apenas un 6,5% interanual en el primer trimestre de 2009, tras sufrir la mayor burbuja a nivel mundial en este ámbito? Algo no cuadra, sobre todo, cuando los bancos y la mayoría de inmobiliarias ofrecen descuentos de entre el 30% y el 40% sobre su valor máximo.

¿Cómo es posible? El truco radica en que Corredor se basa en los datos de compraventa que revisan los notarios y que, como es lógico, cuentan con un retraso de meses, si no de años, con respecto al precio de las transacciones actuales. Una filfa más del Gobierno que, pese a constituir un dato oficial, nada tiene que ver con la realidad. Cualquier propietario que hoy pretenda vender su piso sabe que le resultará muy difícil si no está dispuesto a ofrecer una rebaja sustancial.

Por último, y sin ánimo de ser exhaustivo, el próximo paso será maquillar el PIB de cara a las elecciones previstas para 2012. El INE renovará poco antes la Contabilidad Nacional con la intención de hacer aflorar partes de la economía que hoy no aparecen. Es decir, engordará las cifras del Producto Interior Bruto. El dinero negro y la economía sumergida tienen un peso muy importante en España debido a las trabas administrativas y fiscales vigentes.

De este modo, el Gobierno apuesta por el apagón estadístico para suavizar los datos y por una agresiva política de subsidios para tapar los agujeros que sobren y, así, acallar bocas. Algo que, por otra parte, está en sintonía con el discurso propio de todo gobierno: cuando las cosas van bien, van "mejor", mientras que si la cosa pinta mal "no es para tanto", "no hay que exagerar". No se crean ni una palabra. Medios, empresas y particulares deberían empezar a tomarse en serio los datos y cifras que ofrecen organismos y analistas independientes. Que el Estado pruebe su propia medicina. Apagón informativo a las estadísticas de las instituciones oficiales o, como mínimo, dudar, que siempre es bueno.