Nadie en el Gobierno argentino ha siquiera intentado explicar por qué dejaron morir al fiscal Alberto Nisman en completa soledad. Nisman dejó de existir el domingo 17 alrededor de las 14 horas, pero los argentinos sólo supieron de su muerte en las primeras horas de la madrugada del lunes. Con posterioridad a su muerte, el Gobierno sí intentó ensuciar la memoria del fiscal con técnicas de espionaje y argumentos de libelo. El secretario de la presidencia, el ubicuo Aníbal Fernández, en su momento fiel operador todoterreno del presidente Menem, ahora en el mismo rol de la presidente Kirchner, acusó al fiscal, post mortem, de haber dejado sola a su hija preadolescente durante tres horas en el aeropuerto de Barajas, en ocasión de ese último regreso de Nisman a la Argentina. Por si resulta inverosímil, lo repetiré con mayor claridad: el secretario de la presidencia acusa al fiscal Nisman, al que acababan de anunciar muerto con un tiro en la sien, de haber abandonado durante tres horas a su hija, la del fiscal, en el aeropuerto de Barajas. Esto significa que el Gobierno tenía acceso a la vida privada de Nisman, a cada minuto, cada instante, de su cotidianeidad; a su ubicación, sus familiares, horarios de entrada y salida, palabras, documentos; no hay otro modo de aseverar cómo, cuándo y dónde estaba el fiscal con su hija. Sin embargo, esta misma bien informada y difamatoria maquinaria gubernamental desconoció durante al menos ocho horas los momentos previos y posteriores a su muerte por un balazo en la sien. Sabían dónde estaba cuando no tenían por qué saberlo, pero lo desconocen todo cuando debieron haberlo protegido como representante en riesgo del Poder Judicial. No sólo descuidaron la seguridad de Nisman: se cargaron el sistema judicial argentino.
Años atrás, el Gobierno argentino intentó una de sus tantas operaciones contra la prensa independiente; esa vez, contra el diario Clarín. La presidenta y sus subordinados intentaban hacer creer a la opinión pública que la empresa Papel Prensa, adquirida por Clarín y La Nación en 1976, había sido vendida por los Graiver, sus propietarios, a esos dos diarios por medio de la tortura. El hermano sobreviviente de los Graiver -David murió en México en un supuesto accidente aéreo-, Isidoro, viajó especialmente a la Argentina y desmintió por completo, ante escribano público, la acusación presidencial. Pero cuando, luego de su declaración, viajaba de Argentina rumbo a Londres, el entonces jefe de gabinete, el mismo Aníbal Fernández, dejó saber por medio de las redes sociales la hora, el día y el número de vuelo del pasajero Isidoro Graiver: "El 25 de Agosto de 2010 a las 11:18 hs, por British Airways, en vuelo 246, Isidoro Graiver se fue rumbo a Londres ¿Qué tal?", escribió en un blog de su autoría. Denunciaba hora, día y lugar de presencia del testigo que había declarado contra el autoritarismo kirchnerista. Nuevamente: la extorsión y la delación de los inocentes; el ocultamiento de los movimientos de los culpables.
En esta semana de terror con responsabilidad estatal en Argentina, el Gobierno ha vuelto a tomar la determinación de exponer y difamar a los inocentes mientras encubre a los culpables. El periodista del Buenos Aires Herald -el matutino en lengua inglesa de la capital- Damián Patcher, el primero en revelar la muerte del fiscal Nisman vía Twitter, anunció confidencialmente a algunos colegas que su vida corría peligro y que debía irse del país. Con su actitud inquisitorial y represiva, el Gobierno, por medio del Twitter oficial de la Casa Rosada nada menos, dejó saber al mundo el número de pasaje, la hora y los días de salida y regreso del periodista amenazado. En el contexto de la muerte de Nisman, esta nueva puesta en descubierto de un testigo en peligro por parte del Gobierno no es sino marcar el blanco con precisión a quien quiera que lo esté persiguiendo. Los perseguidos de todas las épocas lo saben: la confidencialidad es esencial; un minuto, un dato de más, les pueden costar la vida. El Gobierno repite su política de persecución a los testigos definitorios.
La presidenta, en primera instancia, aseveró que la muerte de Nisman era un suicidio, y su entorno calificó como golpista antidemocrático a todo aquel que pusiera en duda la hipótesis presidencial. A los tres días cambió su argumento y aseveró que se trataba de un homicidio, y los golpistas antidemocráticos pasaron a ser aquellos que pusieran en duda la nueva especie. Tenemos que suponer que la presidenta fue la primera en recibir la mayor cantidad de datos acerca la aparición del cadáver de Nisman, del mismo modo en que recibe hasta el último movimiento de cada periodista disidente, sea público o privado, o del propio Nisman, cuando estaba vivo. No se trata de que especule con los datos: los está manipulando para continuar el intento de imponer un poder omnímodo, a costa de la verdad.