La opinión internacional tiene parte de la culpa del asesinato de los once diputados del Valle de Cauca. Su indecisión, su poca comprensión del problema colombiano, su crítica constante y muchas veces inmerecida contra el Gobierno y el ejército de Colombia, y su increíble silencio ante la mayoría abusos de la guerrilla son los causantes de que los terroristas de las FARC se atrevan a actuar con la impunidad que lo hacen.
La comunidad europea, y en algunas oportunidades también la norteamericana, ha hecho solo tímidos esfuerzos por condenar abusos contra los derechos humanos perpetuados por la narcoguerrilla. Casi nada se ha oído contra el reclutamiento, entrenamiento y utilización, como combatientes de primera línea, de niños y niñas menores de 15 años. Pocos se han manifestado contra los ataques a poblaciones civiles, algunas de ellas masacradas a bala o machete o quemadas con cilindros de gas disparados a distancia. Y pocas y tardías condenas han hecho contra el secuestro constante de civiles para ser canjeados por dinero o para obtener concesiones del Gobierno.
Durante años, Colombia ha buscado la condena internacional de estos hechos y ha obtenido solo una pálida respuesta. Fue difícil que incluyeran a las FARC en la lista de organizaciones terroristas y aún son varios los países y organizaciones europeas que apoyan estos grupos dándoles tanta o más credibilidad que al Gobierno. Reciben a sus enviados como "luchadores por el cambio social", ignorando su actuación como terroristas y narcotraficantes.
Tal vez el mundo desconoce las escalofriantes cifras del secuestro en Colombia. Según la Fundación País Libre, durante los últimos diez años han sido secuestradas en Colombia 23.144 personas, de las que 1.254 han sido asesinadas en cautiverio.
Solo desde el secuestro de Ingrid Betancourt, ciudadana colombo-francesa, Francia ha tomado conciencia y ha hecho esfuerzos serios en lo referente a este crimen de lesa humanidad. De igual manera, otras naciones, en años recientes, han ofrecido su colaboración en las negociaciones y se han ofrecido como garantes en un proceso de paz. Pero no se escucha una condena enérgica y "con dientes" contra las FARC. Tal vez este horrendo genocidio político de los diputados colombianos se hubiera podido evitar si la comunidad internacional hubiese actuado de otra manera.