Cuatro años durante los cuales los padres objetores hemos vivido una peculiar escuela de ciudadanía que nos ha hecho aprender a base de encontronazos con la realidad. Una realidad cuyo verdadero rostro no podíamos imaginar siquiera cuando nos pusimos en pie frente a la imposición de la Educación para la Ciudadanía.

Lo hicimos poco a poco, un puñado de padres que luego llegaría a varios millares, parpadeantes al ir tomando conciencia de la que se estaba fraguando. Y es que, lo más inquietante del caso era tomar conciencia de que quienes habían negociado el sistema para adoctrinar a nuestros hijos desde el Estado lo habían hecho a nuestras espaldas.

Así, sin sospechar la intromisión sin precedentes del Estado en las libertades ideológicas de los padres y sus hijos, comenzó el curso académico 2007/2008 en el que se introdujo la Educación para la Ciudadanía en las primeras comunidades autónomas. El comienzo del curso escolar escenificó la tensión entre quienes pretendían una imposición ignorante y sumisa de la Educación para la Ciudadanía y algunas asociaciones que dieron la voz de alarma a los padres advirtiéndoles del cariz invasivo que suponía el proyecto. 

A pesar de la falta de información veraz, gracias al tremendo esfuerzo de algunas organizaciones familiares y educativas que explicaban el calado intrusivo de la Educación para la Ciudadanía y recomendaban la objeción de conciencia, se fue organizando espontáneamente una red de padres objetores que se esforzaban por difundir el mensaje a quienes la información no les llegaba o les resultaba difícil dar crédito a lo que leían.

Sin más medios que sus ordenadores domésticos y robándole horas al descanso, miles de padres fueron constituyendo un mosaico de plataformas regionales variopintas plantando cara a los gobiernos autonómicos y al gobierno central. Tras las objeciones, que llegaron a sobrepasar las 50.000, llegaron los recursos y apelaciones judiciales que se cuentan por miles en toda la geografía española. Estando en una situación políticamente insostenible, llegaron en ayuda del Gobierno las polémicas sentencias del Tribunal Supremo que denegaron el derecho a la objeción de conciencia en el ámbito educativo.

Tras las sentencias del Supremo, la gran mayoría de organizaciones que alentaban a los padres a objetar cambiaron de discurso y procuraron que los padres depusiéramos nuestra actitud y los alumnos objetores entraran en clase, pues, según procuraban explicar, la objeción de conciencia ya no gozaba de cobertura legal. 

Algunos padres desistieron de la lucha plegándose a las consignas de quienes hasta ese momento les habían animado a ejercer la objeción de conciencia. Otros, convencidos de que en el ejercicio de las libertades nadie puede tomar las decisiones por uno mismo, redoblamos la oposición. Para empezar, porque una objeción de conciencia no varía mientras no cambie la causa que la produce y estaba claro que el Supremo no modificaba ni una tilde de las asignaturas. Y, en segundo lugar, porque la defensa de las libertades era causa suficiente como para llegar, por la vía jurídica, hasta las últimas instancias.

La oposición a las asignaturas adoctrinadoras continúa porque, sea del color que sea, el gobierno no tiene derecho a pretender modelar la conciencia de nuestros hijos. Y es que, más allá de ser un derecho, los padres tenemos el deber inexcusable de educar a nuestros hijos para procurar que sean personas felices y ciudadanos comprometidos.