En primer lugar, creo que el apoyo al Referéndum Vida Sí que piden numerosas asociaciones y grupos pro vida no implica a priori legitimar implícitamente la ley vigente. De hecho se preguntaría exclusivamente si se está a favor o no del proyecto de ley de aborto del Gobierno socialista actualmente en trámite, el cual vulnera claramente el derecho a la vida.
El derecho a la vida de todo ser humano es el principal derecho fundamental y está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual la Constitución Española no debe contravenir según dispone su propio texto.
Declaración realizada el 10 de diciembre de 1948, tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial y el holocausto nazi, con el fin de servir de referente para toda la comunidad internacional. Desde entonces, el ordenamiento jurídico de cualquier país que entre a formar parte de Naciones Unidas debe respetar siempre los derechos fundamentales recogidos en dicha declaración. El respeto al derecho a la vida es una cuestión de derecho natural, y por ello incuestionable en el ámbito del derecho positivo, porque afecta a la dignidad del ser humano, independientemente de su reconocimiento religioso, y no exclusivo de la religión católica. Y por ello es ilegítimo que su reconocimiento dependa del eventual apoyo de las mayorías. Como sería síntoma inequívoco de relativismo sostener que no hay límite moral para legislar y que basta con al apoyo mayoritario y potencialmente cambiante de una representación popular o incluso de la mayoría de una sociedad para sostener la legitimidad de cualquier ley. El derecho a la vida de todo ser humano es, por tanto, incuestionable.
En segundo lugar, no creo que todo aquel que votara "no" al proyecto actual de ley de aborto esté necesariamente de acuerdo con la ley vigente. Puede uno no estar de acuerdo con dicha ley y tampoco (con más motivos, porque es más permisiva con el aborto que la actual) con la que el Gobierno socialista pretende aprobar. Se trataría de parar un proyecto de ley que reconoce el derecho a matar a seres humanos cuando son más indefensos, y además por sus propias madres, y que trata de fortalecer el negocio del aborto, ya lucrativo, garantizando la seguridad jurídica de las clínicas abortistas. Como decía Julián Marías, la aceptación social del aborto es lo más grave que ha ocurrido en el siglo XX.
Y si se aprobase el proyecto de ley de aborto se contribuiría con ello a afianzar todavía más su aceptación social en el presente siglo. No necesariamente lo legal es legítimo, pero socialmente produce el efecto perverso de confundirse. Todo derecho sugiere algo positivo, bueno, y es precisamente el mensaje que pretende transmitir el Gobierno, aunque digan que es un "mal", porque lo real y efectivo es que dan prioridad a la voluntad de la madre para que decida dar vida o dar muerte a su propio hijo. Si es un mal, así debe reconocerse, y es ilegítimo, aparte de contradictorio, que un Estado de Derecho como es España reconozca el derecho a hacer un mal. Salvando las distancias –pues matar es un mal incomparablemente mayor–, si el alcohol puede ser malo para la salud y el actual Gobierno en base a ese mal que puede causar a los menores de edad, les prohíbe su consumo, es una contradicción reconocer, como Bono, que el aborto es un mal, pero hay que permitirlo, incluidas las menores de dieciséis años, y todavía más, elevarlo a la categoría de derecho.
El artículo 1 del proyecto de ley de aborto se refiere a "los derechos fundamentales en el ámbito de la salud sexual y reproductiva" sin especificar qué derechos son éstos ni cuál es su contenido. Esos supuestos derechos fundamentales no están contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es una invención del actual Gobierno impuesta en su proyecto de ley de aborto para vulnerar el derecho fundamental a la vida de todo ser humano no nacido en los primeros meses de su gestación. El respeto a la vida de todo ser humano (sin distinción de ningún tipo) es lo que está reconocido como derecho fundamental en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
En tercer lugar, apoyar la celebración de este referéndum podría servir de instrumento para despertar conciencias, aquéllas que no son todavía firmes en defender sin paliativos la cultura de la vida, pero que al menos han reaccionado en contra de la ambiciosa pretensión de este Gobierno de afianzar la cultura de la muerte a través de su proyecto de ley de aborto. Quizás apoyando efectivamente el referéndum se pueda no sólo frenar este nuevo y más fuerte envite de destrucción moral, sino también incitar a un replanteamiento social más profundo y realista del fenómeno del aborto bajo la vigente ley. Ojalá.
Por último, creo que uno debe siempre defender todo aquello de lo que en conciencia esté firmemente convencido, independientemente de la probabilidad de éxito. La mayoría de españoles a través de múltiples encuestas rechazan el proyecto de ley de aborto. De forma más contundente se podría dejar patente la ilegitimidad de dicho proyecto y su imposición a la sociedad por el Gobierno convocando un referéndum. Si la vía constitucional del referéndum puede parar ese atropello al derecho a la vida,creo que merece la pena pedirlo. Como decía Julián Marías, "por mí que no quede". Por ahora somos más de un millón...