Políticas públicas

Capitalismo en serio

Martín Krause

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Columna publicada el 19-03-2004

En la reciente inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso argentino, el presidente Kirchner llamó a “construir un capitalismo en serio”. Estoy de acuerdo. La pregunta siguiente, sin embargo, es: ¿qué es un capitalismo en serio o, mejor aún, qué entiende el presidente que lo es?

Según sus propias palabras sería tal donde exista “un Estado que ponga equilibrio en la sociedad y que permita el normal funcionamiento del país”. También de acuerdo, aunque sería mejor, tal vez, que se enfatizara la existencia de equilibrio en el propio Estado, ya que en las últimas décadas éste no ha de dejado de violar los derechos de los ciudadanos: desapariciones, expropiaciones, licuaciones de patrimonios vía inflación, corralitos, pesificaciones…, no ha dejado una sin hacer.

El presidente recibió el primer aplauso cuando definió ese capitalismo en serio como aquél donde “no imperen los monopolios y donde se evite la concentración que ahogue la iniciativa de los pequeños y medianos emprendedores”. Pues en el “capitalismo en serio” no puede haber monopolios, la competencia los destruye; sobre todo cuando ésta no tiene barreras a los intercambios comerciales y financieros con el resto del mundo. Cuando hay monopolios es porque el Estado los otorga; no son el resultado del capitalismo.

Finalmente, el presidente completó su definición de un capitalismo serio diciendo que deberá tener “reglas claras en las que el Estado cubra su rol con inteligencia, para regular, para controlar, para estar presente donde haga falta mitigar los males que el mercado no repara”.

Aquí es donde el presidente deja traslucir el mayor sustento teórico para sus argumentos, ya que presenta a la “teoría del fracaso del mercado” como fundamento para el rol que le asigna al Estado. Dicha teoría es abrazada hoy por gran número de economistas y funcionarios públicos, quienes están encantados de encontrar una justificación académica para justificar su papel.

Aunque de larga data, esta teoría comenzó a encontrar “fallas” por las que el mercado no podría alcanzar una situación óptima, tales como “externalidades” (Pigou), “bienes públicos” (Samuelson) o toda la gama de fallas por doquier que encuentra Stiglitz.

El razonamiento, muy simplificado, diría así: el mercado no puede alcanzar el óptimo (definido como una situación de equilibrio general, donde rige la competencia perfecta en todos los mercados), por la existencia de estas “fallas”, por lo que el Estado debe intervenir para llevar la situación a ese óptimo.

No obstante, esta teoría tiene muchos problemas. Para comenzar porque parte de un óptimo que es absolutamente irreal, ya que demanda “conocimiento perfecto” por parte de todos los agentes, algo que señaló Hayek hace décadas. Comparado con el “nirvana”, cualquier mercado real es un fracaso, y eso es lo que se termina encontrando. Pero en un mundo de información imperfecta, el mercado es, precisamente, un mecanismo para generar información, la que se encuentra dispersa entre muchos participantes.

Segundo, si el mercado no tiene la información para llegar a ese supuesto óptimo, ¿de dónde la va a sacar el Estado? Pues tampoco está disponible para los funcionarios.

Tercero, nada garantiza que donde el mercado supuestamente “fracasa”, el Estado vaya a tener éxito. Es más, uno debería esperar todo lo contrario: el “fracaso” del Estado es mucho más probable y puede observarse fácilmente con tan sólo visitar un hospital, presenciar una sesión del Congreso u observar un gobierno provincial.

Cuarto, las supuestas “fallas” son en muchos casos originadas por la ausencia de mercados y no por su presencia, por lo que la solución es, más bien, extender los derechos de propiedad y liberar los mercados a la competencia.

En definitiva, un capitalismo “serio” necesita otra teoría... y necesita otro Estado, uno que limite sus propios fracasos y cumpla las funciones que el mercado necesita para funcionar: la vigencia estricta del derecho de propiedad y el cumplimiento de los contratos.

© AIPE

Martín Krause, rector de ESEADE y corresponsal de AIPE.