Los recientes sucesos en Argentina son un claro ejemplo del creciente fenómeno de la globalización y del efecto que ésta tiene como limitante del poder de los políticos. Éstos terminan actuando bajo presiones que los llevan por caminos que muchas veces no quisieran recorrer, pero deben hacerlo porque la amenaza de sanciones por parte de los mercados es muy fuerte.
En el caso de Argentina nos encontramos con un gobierno que fue electo con un mandato de reducir la corrupción y recuperar el sendero de crecimiento económico aunque duda en perseguir el primer objetivo y no sabe como alcanzar el segundo; con una clase política, en particular los legisladores, que tienen una alta propensión a incrementar el gasto público sin preocuparse de los ingresos correspondientes y con un equipo económico que desearía administrar en detalle el funcionamiento de la economía y promover éste sector o aquél, pero que no cuenta con los fondos para ello.
Todos ellos, con objetivos parcialmente distintos, se ven estrictamente limitados por la reacción de los mercados, a los cuales están atados como resultado de esas mismas políticas que ahora quisieran seguir. Pues resulta que muchos años de “administración detallada” de la economía con reparto de subsidios a granel, con el consiguiente crecimiento del gasto público y del endeudamiento, obligaron al estado argentino a acudir a todas las fuentes posibles de financiamiento. Lo hizo con el ahorro interno hasta que lo agotó, y lo hizo también con el externo, del cual depende en forma vital para su propio financiamiento.
Claro, si hubiera medido sus gastos no le haría falta depender del ahorro externo, pero no ha sido ni es así ahora, y se encuentra entonces sometido a la disciplina de los prestamistas. Éstos no son ya los grandes bancos del mundo con quienes un gobierno se podía sentar a conversar bajo la presión de no pagar, ahora son cientos de tenedores de bonos dispersos por todo el mundo a quienes no se puede sino asegurar que se mantendrán los compromisos bajo la amenaza que ellos mismos u otros se nieguen a prestar dinero en el futuro.
Ellos ejercen ahora un control fenomenal, mayor al que los mismos votantes argentinos pueden ejercer, ya que éstos solamente lo hacen en las urnas cada cuatro años en el caso de las elecciones presidenciales, pero los tenedores de bonos lo ejercen todos los días con sus decisiones de compra y venta. Así, el precio de esos bonos, o la contraparte de los mismos, la tasa de interés que el país debe pagar para encontrar a otros dispuestos a comprarlos, y más específicamente la diferencia entre esa tasa y la que paga por bonos similares un país como Estados Unidos, ha pasado a denominarse “riesgo país” y sus fluctuaciones determinan las perspectivas futuras de la economía y, por ende, de la misma política.
Cuando el riesgo país se eleva refleja la pérdida de confianza por parte de los inversores, lo cual está estrechamente ligado a la percepción que se tenga sobre la capacidad del gobierno para pagar sus compromisos de deuda. Y esta capacidad está, a su vez, ligada a la seriedad de la política económica que el gobierno lleve adelante, en particular, la administración de sus cuentas fiscales. Por ello, el “riesgo-país” se convierte en una calificación inmediata.
Es tal la influencia del indicador que la estrategia de un determinado gobierno se ve acotada por la reacción del mismo, e incluso lo es el curso de los actos de gobierno.
Así, por ejemplo, hay ciertas políticas que no pueden implementarse ya que el castigo de los mercados sería muy grande. Por eso, nos encontramos con un ministro de Economía que comenzó sus funciones a fines del año pasado aplicando un fuerte aumento de impuestos y ahora comienza tímidamente a reducirlos, no por convicción sino forzado por las presiones. Asimismo, vemos que cada vez que ese riesgo-país se dispara el gobierno anuncia un nuevo paquete de medidas para intentar su reducción. Incluso los legisladores actúan al ritmo del indicador: cuando éste sube se acelera el tratamiento y la aprobación de ciertos proyectos (como el presupuesto anual o algún proyecto que beneficie la inversión), mientras que las declamaciones políticas o los proyectos demagógicos quedan por el momento de lado.
Los votantes, mientras tanto, miran a sus representantes moverse al ritmo del indicador, no ya de sus preferencias.
Por suerte para ellos, la racionalidad de los inversores va a favor de los intereses de los votantes ya que promueve una economía más estable y que favorezca la inversión. La globalización limita a los políticos, los restringe y al hacerlo, libera a los demás de serias consecuencias.
© AIPE
Martín Karuse es corresponsal de la agencia de prensa AIPE en Buenos Aires.
En Internacional
0
comentarios
Servicios
- Radarbot
- Libro