No existe peor situación para quien ha hecho de la redistribución de ingresos su bandera política y moral que no tener fondos para redistribuir. La justicia “social” se ha vuelto la vaca sagrada de la política actual y no existe pecado más grande para un político que el aparecer como prestando poca atención a la misma.
Así, los funcionarios de gobierno aseveran que están destinando más fondos a los programas “sociales”, mientras que los de la oposición afirman que deberían gastarse más y que ésa sería su prioridad en caso de acceder al gobierno. Entonces, el gasto público aumenta, los impuestos y las tasas de interés se elevan, la economía decae y, por lo tanto, se necesitan más fondos para programas sociales y así sucesivamente.
Entre tanto, pocos se preguntan ¿cuál es el costo “social” de los programas “sociales”? Ya que el mal rendimiento de la economía implica menores salarios para aquellos afortunados en conseguir un puesto de trabajo y para el creciente número de desocupados.
Este fenómeno puede observarse claramente en la discusión actual sobre el presupuesto del gobierno argentino para el año 2001. La economía va a terminar creciendo durante el presente año aproximadamente 0,5%, lo cual es nada, y la desocupación ronda el 15%, con tendencia a crecer. Las inversiones caen y los consumidores postergan sus decisiones ante la inseguridad del futuro. Existen serias dudas acerca de la capacidad del gobierno argentino de pagar los servicios de su deuda y de cumplir con los objetivos fijados con respecto al déficit fiscal del año próximo.
Y en el medio de esa situación, los congresistas del gobierno y de la oposición se manifiestan indignados ante la propuesta de recortar ciertos subsidios, tales como los del combustible en la Patagonia o a la producción de tabaco en el norte del país. Todo ello, por supuesto, para enfrentar el “costo social” de tales medidas y levantar bien alto la bandera de la justicia.
Pocos sugieren de dónde habrán de salir esos recursos teniendo en cuenta que el año próximo habrán de pagarse 1.600 millones de dólares adicionales de intereses sobre deudas asumidas en el pasado para financiar sucesivos aumentos del gasto público y del déficit fiscal. En algún lado hay que cortar, pero todo corte se enfrenta con la bandera de la “justicia social” y por lo tanto queda en el camino.
¿Cómo podría resolverse el problema sin generar ese costo “social”? Pues para estos abanderados de la justicia si el gasto no puede reducirse quedan dos o tres alternativas: la más fácil de declamar, pero no por ello fácil de aplicar, es reducir la evasión fiscal; una segunda sería aumentar los impuestos y una tercera no pagar o refinanciar la deuda externa.
La pregunta que no suelen hacerse es: ¿cuál sería el costo “social” de cada una de esas alternativas? Pues sucede que sería mucho mayor que el de suprimir algún subsidio. Es necesario tener en cuenta que tanto la evasión fiscal como el nivel de la presión impositiva son límites difíciles o imposibles de pasar pues responden a una reacción de los argentinos que bordea ya la rebelión fiscal. Si realmente se cobraran los impuestos que hoy se evaden buena parte de esas actividades desaparecerían con su consiguiente costo “social”. Si se aumentaran los impuestos la inversión y el consumo permanecerían estancados con el respectivo costo en materia de puestos de trabajo que no se crean. Si no se pagara la deuda, la tasa de interés se dispararía a niveles que garantizarían una seria depresión económica.
Teniendo en cuenta estas limitaciones es reducido el margen de lo que puede hacerse. Esto, al menos, es lo que ha comprendido el actual equipo económico al proponer esos recortes; sabido es que si tuvieran holgura presupuestaria no se les ocurriría reducirlos y, es más, tienen en carpeta sus propias preferencias. Sería bueno que pensaran en derogar subsidios por comprender su escasa justificación, tanto desde el punto de vista ético como económico. Por el momento lo hacen por no tener con qué.
Mientras tanto, los políticos se resisten a aceptar esta pragmática conclusión. Así el ex presidente Raúl Alfonsín declara que “ni Mandrake logrará eliminar esos subsidios”. Pues Mandrake tampoco es capaz de sacar recursos de la galera.
© AIPE
Martín Krause es corresponsal del servicio de prensa AIPE en Buenos Aires.
En Internacional
0
comentarios
Servicios
- Radarbot
- Libro