Los políticos argentinos están preocupados por el aumento del precio de los medicamentos. Y como en tantas otras circunstancias, ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Que los precios de los medicamentos han aumentado, incluso hasta el 200% este año, nadie lo duda, pero ellos no miran al descalabro que han generado a través de la destrucción de la moneda, devaluando, declarando el default sobre la deuda pública, destruyendo el sistema financiero y volviendo a emitir billetes para financiar el déficit del gasto público estatal. Nada de eso forma parte de sus consideraciones: ellos miran a los laboratorios farmacéuticos y les place encontrar allí culpables a quienes transferir parte de sus propias culpas. Además los laboratorios, sobre todo los más grandes que son empresas internacionales, tienen “mucho dinero” y eso, para los políticos y una parte de los argentinos, ya es una prueba de que son culpables.
Entonces, para beneficiar a las “masas” y castigar a los expoliadores que aumentan los precios, han decidido aprobar, casi unánimemente, una ley que obliga a los médicos a recetar genéricos. Esto significa que en lugar de recetar una determinada marca como hasta ahora, deben poner el componente químico de la misma.
Los laboratorios han criticado esta norma, pero no es éste el principal problema que genera. Dado el desconocimiento que usualmente tenemos los pacientes respecto a los distintos remedios disponibles, por cierto es que necesitamos consejo para saber cuál utilizar. Hasta ahora, lo obteníamos de nuestros médicos. Si éstos tuvieran que indicar solamente el componente químico, ¿quién nos aconsejará que remedio específico comprar? La norma aprobada no elimina esto del todo, ya que obliga al médico a recetar el componente, pero le permite incluir en la receta la “marca” que él sugiere.
Esto parece no cambiar las cosas demasiado, pero queda pendiente una cuestión muy importante: ¿quién tendrá ahora la responsabilidad por el efecto que un determinado remedio pueda ocasionar? Hasta ahora, el médico era responsable por el trato y cuidado que daba al paciente, lo cual incluía la calidad del remedio recetado. ¿Quedará ahora a salvo de responsabilidad si el paciente decide comprar otro porque el farmacéutico le dice que es más barato?
Además, existe otro problema más serio aún. Tenderán ahora a proliferar remedios “genéricos” sin marca y la pregunta es obvia: ¿cómo se controla la calidad? ¿Será el farmacéutico el responsable de la calidad de los genéricos sin marca que vende? Nada de eso dice la nueva norma, por lo que habrá de esperarse que surjan una serie de productores desconocidos que se dediquen a copiar productos, tanto sean patentados como aquellos cuyas patentes hayan vencido, ofreciéndolos a precios bajos ya que no cargan con gastos de promoción de la marca ni del pago de patentes.
Lamentablemente, los políticos poco entienden acerca del papel que una “marca” cumple en el funcionamiento del mercado como mecanismo para garantizar la calidad. Pensemos en alguno de los grandes laboratorios internacionales, o incluso alguno de los grandes locales que tienen mucho prestigio, ¿estarían dispuestos a arriesgar su nombre (marca) reduciendo la calidad de los componentes para lograr una eventual y pasajera ganancia? Pues hacerlo sería mortal, ya que el menor contratiempo lograría destruir un prestigio logrado luego de años de asegurar remedios de buena calidad.
En cambio, el que produce “genéricos” sin marca, poco tiene para arriesgar. Es más, siendo que su propio nombre no está en juego, irá detrás de los componentes más baratos, por más que sean los peores. En definitiva, entonces, los legisladores argentinos no han aprobado una ley para lograr que los remedios sean más baratos, sino una para que sean peores.
Martín Krause es corresponsal en Buenos Aires de la agencia © AIPE .
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