El filósofo inglés Thomas Hobbes (1588-1679) planteó en su famoso libro “Leviatán”, publicado en 1651, que los seres humanos somos básicamente criaturas egoístas y hacemos prácticamente cualquier cosa por mejorar nuestra posición. Según Hobbes, si las personas no fueran controladas, actuarían en base a sus peores impulsos, por lo que los gobiernos son necesarios para proteger a la gente de su propio egoísmo y maldad. Esa concepción de Hobbes encuentra respuesta en otro filósofo inglés, John Locke (1632-1704), quien básicamente plantea al análisis hobbesiano la pregunta: ¿quién custodia a los custodios? Es decir, una vez que, voluntariamente, entregamos la totalidad del poder al gobierno, ¿cómo hacemos para evitar que abuse de ese poder en contra de nosotros mismos?
Unos 300 años más tarde la misma cuestión nos persigue en el tema de las tarifas de los servicios privatizados. La situación es compleja y difícil. No podría ser de otra forma cuando en Argentina se han destruido todos los contratos y pisoteado todas las reglas de juego. Por un lado, las empresas privatizadas tenían contratos firmados y un marco jurídico general que las impulsó a invertir cuantiosas sumas para la modernización de infames servicios públicos y una buena parte de esos recursos provinieron del endeudamiento en dólares. Esos contratos no han sido cumplidos porque el gobierno que destruyó el marco jurídico, devaluó la moneda, pesificó las tarifas y condujo a las empresas a la cesación de pagos. Y pese a que había garantías firmadas de que las tarifas serían ajustadas o mantenidas en dólares, el gobierno se ha negado a hacerlo e incluso amenaza y ataca a las empresas que osan reclamar el ajuste.
Por otra parte, los usuarios de esos servicios también han sufrido por el cambio de las condiciones contractuales que el gobierno impuso; sus salarios y ahorros han sufrido un duro golpe. Por lo tanto, muchos no están en condiciones de soportar un ajuste de tarifas. En medio de todo este berenjenal tenemos al gobierno, al FMI, a los gobiernos extranjeros de los países de donde provienen esas empresas y a los políticos haciendo política con el tema, lo cual complica aún más las cosas.
El gobierno trata de hacer algún tipo de malabar mágico por el cual pueda satisfacer a unos sin perjudicar a otros, pero resulta prácticamente imposible. Seguramente las tarifas tienen que ser ajustadas para evitar que se frenen las inversiones y que las empresas se vayan o abandonen todo tipo de renovación tecnológica y volvamos a los apagones, a los teléfonos desconectados que no se arreglan, a la escasez de gas, a los trenes cancelados. Además, se puede introducir mayor competencia. Así, las empresas tendrían más libertad para fijar sus tarifas, pero los consumidores podrían elegir a la empresa que les brinde el mejor y más barato servicio. Se presentaría, entonces, una gran oportunidad para combinar el necesario reajuste de las tarifas con una amplia desregulación. Es cierto que no en todos los servicios es posible un aumento inmediato de la competencia, pero a menudo ese aumento resulta más restringido por la regulación que por la tecnología.
¿No se ponía hasta hace poco como ejemplo de "monopolio natural" al servicio telefónico? Hoy en la Argentina hay un millón de hogares que tiene solamente teléfono celular y prácticamente la misma cantidad de líneas fijas. Esto nos lleva de regreso a la pregunta inicial: ¿quién controla a los controladores? Tal vez sea el momento para que comencemos a tener más control en nuestras propias manos.
Martín Krause es corresponsal en Buenos Aires de la agencia © AIPE.
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