El 19 de septiembre, el secretario de Hacienda Hank Paulson ponía una pistola en la sien de los estadounidenses: "o bien aprueban mi plan de rescate de la banca, cifrado en 700.000 millones de dólares y me conceden nuevos poderes ilimitados para adquirir con dinero público los activos tóxicos que están en manos privadas, o irán directos al infierno". Los funcionarios se pusieron a clamar que el mercado perdería un tercio de su valor si la propuesta de ley no se aprobada inmediatamente.

"Podríamos ver caídas de 3.000 ó 4.000 puntos del Dow," pronosticaba un republicano. "Podría no haber otra ocasión," amenazaba el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid. "No podemos permitirnos no hacer nada", repetían todos varios demócratas y republicanos de la cuerda de Paulson. Es "una decisión amarga", suspiraba el líder republicano de la Cámara, John Boehner, pero el precio de la inacción sería aun más elevado.

El 29 de septiembre, la Cámara se negaba a morder el anzuelo. El Dow perdía casi un 7% (una "caída récord" de 778 puntos, pero muy lejos de los niveles apocalípticos predichos por los agoreros de Paulson). La mitad de ese descenso tenía lugar antes del rechazo al rescate. El cielo, al margen de los nubarrones, no se desplomó. El mundo no acabó. Las pesimistas predicciones de Paulson y compañía no llegaron a materializarse. Al día siguiente, la bolsa (su barómetro, para que conste, no necesariamente el mío) repuntaba. Estamos más o menos donde estábamos en 2006. ¿Apocalipsis bursátil? Yo diría que no.

El monumental error de juicio de Paulson no es ninguna sorpresa para aquellos que hemos venido siguiéndole durante el último año. Este hombre proclamaba en abril de 2007 que la crisis de las hipotecas subprime "estaba baja control". Un mes después dijo que "la crisis casi ha terminado y en agosto de ese mismo año repitió, de nuevo, que los riesgos estaban bajo control. Asimismo, también anunciaba en octubre "no tener ningún interés por rescatar ni a las agencias de crédito ni a los especuladores inmobiliarios" y que "no puedo pensar en ninguna coyuntura en la que la economía global sea más sólida que hoy".

Paulson también sacó pecho por negarse a "arriesgar el dinero del contribuyente" en el rescate a Lehman Brothers el 15 de septiembre para a continuación cambiar radicalmente de opinión y rescatar a AIG con 85.000 millones de dólares de dinero público. Nada extraño, si tenemos en cuenta que afirmó "no tener planes para inyectar dinero" en Fannie Mae y Freddie Mac, cuando pocas semanas después comprometió 200.000 millones de dólares en capital y líneas de crédito a esas instituciones corruptas y sobrevaloradas.

El secretario del Tesoro proclamó también a los cuatro vientos que "es probable que lo peor haya pasado" en mayo de 2008 y en unos meses tuvo que suplicarle de rodillas a Nancy Pelosi que aprobara la Madre de Todos los Rescates por una cuantía que se sacó de la manga. ("No se basa en ningún dato particular", decía a Forbes.com una portavoz de Hacienda. "Simplemente quisimos elegir una cifra considerable".)

El 1 de octubre, por mandato de Paulson, el Senado votó la Madre de Todos los Rescates, versión 2.0. Todos los miembros menos 25 tragaron. "La mayor entidad deliberativa del mundo" no tenía tiempo para celebrar audiencias, considerar alternativas y estudiar la historia de rescates fallidos parecidos en todo el mundo. El colectivo de "hagamos lo que sea", sin embargo, tuvo tiempo para multiplicar por cuatro el número de páginas del paquete de emergencia urgente para añadir regalos electoralistas.

Tanto John McCain como Barack Obama recurrieron a difundir el miedo sobre la crisis de crédito para justificar la urgencia del plan. McCain advertía: "Cuando las pequeñas y grandes empresas no pueden pedir prestado, toda la comunidad sale perjudicada".

El New York Times, por su parte, centraba su atención apocalíptica en la caída en las concesiones de préstamos para adquirir automóviles durante el último año (desde el 83% en 2007 hasta el 63%). ¿Catástrofe? No. Si los agentes de crédito se están dando cuenta (por fin) de que no habría que otorgar créditos arriesgados, ¿por que es problemático?

Obtener un crédito no es un derecho constitucional. Facilitar la propiedad sobre la vivienda no debería ser un imperativo del Gobierno. La Cámara debe decidir: O suelta el arma y da a nuestros problemas económicos el tiempo que merecen para solucionarse o distribuye miles de millones entre una manada de lobos financieros.