El discurso con que Aznar ha inaugurado los cursos de la Fundación Faes ha generado polémica. Dada la fragmentación galopante que padece la izquierda española, es lógico que ésta trate de exagerar cualquier cosa que le pueda dar un respiro, pero hablar de fractura en el PP es ridículo.
La biografía política de Aznar lo acredita como un “europeísta crítico”, alguien que conoce la importancia que las instituciones comunitarias tienen para España. Sabemos que los gobiernos de Aznar se hicieron cargo de una España incompatible con el euro, y la situaron en condiciones de cumplir los criterios de convergencia. Pocos recuerdan, sin embargo, que Aznar dedicó la mayor parte de su última legislatura en la oposición a advertir a la opinión pública de los efectos negativos que el Tratado de Maastricht podía tener si la gestión de la economía no cambiaba radicalmente, y de los sacrificios que serían necesarios para corregir la situación. Es fácil reconocer en sus intervenciones parlamentarias de esos años el tono de la conferencia que ahora tanto ha llamado la atención.
Es, sencillamente, la expresión de un europeísmo serio; algo poco habitual entre nosotros. Sólo quien desconoce la realidad de la UE se permite frivolizar sobre ella, y Aznar no se caracteriza por su frivolidad. Su advertencia de entonces parecía ser esta: no es lo mismo un tratado de Maastricht gestionado por el PSOE que un Tratado de Maastricht gestionado por el PP. El PP dijo sí al Tratado de Maastricht, pero dijo no a que lo gestionara el partido socialista.
Ahora, como entonces, el ex Presidente ha querido advertir de los efectos que puede tener la nueva constitución europea si es gestionada por el PSOE, un partido que ha acreditado como uno de los rasgos más marcados de su europeísmo la renuncia a la defensa del interés nacional. En estas condiciones, no es lo mismo una constitución europea gestionada por el PSOE que esa misma constitución gestionada por el PP. En esta dirección parece encaminarse el llamamiento de Aznar.
¿Es todo esto contradictorio con la posición del PP? Es diferente, pero no contradictorio. Rajoy ha advertido igualmente de la grave pérdida de peso que España ha padecido por obra de la negociación del PSOE, pero ha anunciado su voto favorable a la ratificación. Como Aznar con motivo del tratado de Maastricht, Rajoy cree poder enmendar la mala negociación del PSOE, y probablemente tiene razón. La política europea conoce acuerdos que corrigen de manera más o menos informal lo que resulta ser inaceptable para un Estado miembro. Por otra parte, el PP sabe que la entrada en vigor de la nueva constitución –si es que llega a producirse-, tendrá lugar muy poco tiempo antes de que se celebren las próximas elecciones generales en España (en el caso de que el PSOE pueda agotar la legislatura, lo que es dudoso), y que en ese momento y dependiendo de los efectos reales que tenga la constitución europea, podrá incorporar a su programa electoral la modificación de las condiciones de nuestra presencia en la UE aceptadas por el PSOE, que son sólo una parte del nuevo tratado, y han sido rechazadas por el PP. No sería la primera vez que un gobierno entrante renegocia lo que acordó el saliente.
Sobre las reformas constitucionales las diferencias son aún más insignificantes. Lo que Rajoy declaró, después de prestar atención a lo que Zapatero tenía que decir al respecto, fue que no había nada que el PP pudiera decidir, puesto que el PSOE no sabía lo que quería. Aznar ha sido más contundente y ha afirmado que dadas las circunstancias –separatismo y terrorismo-, resulta inconveniente proceder a la reforma constitucional. De nuevo, es necesario interpretar esta declaración a la luz de su historia, y recordar que el PP de Aznar participó como proponente en la única reforma constitucional que ha tenido lugar hasta hoy, para que fuera posible ratificar el tratado de Maastricht, en 1992. También entonces era evidente la presencia del separatismo y del terrorismo, y que Aznar rechazaba las propuestas de reforma constitucional que afectaban a la estructura territorial del Estado, pero esto no le impidió impulsar la del artículo 13.