Cuando Álvaro Uribe inició su campaña para la presidencia de Colombia pocos pensaron que era viable. Era bastante desconocido fuera de su departamento, Antioquia, del que fue gobernador. Algunos lo acompañamos porque sabíamos que se necesitaba un mensaje diferente frente al estatismo que pregonaba Serpa, candidato oficial del Partido Liberal, y se requería firmeza frente a una guerrilla marxista que se burlaba del gobierno y de los colombianos. En efecto, la posición de Uribe obligó a Serpa a endurecer su lenguaje y algo parecido ocurrió con la posición de Noemí Sanín, la otra candidatura prometedora.
El mensaje de Uribe coincidió con la desilusión de los colombianos con las estériles negociaciones de paz y con el rechazo a los actos cada vez más viles de las FARC y del ELN. Hoy, Uribe lleva una amplia delantera en las encuestas y es posible que triunfe en la primera vuelta. Pero, si llega a la presidencia enfrentará a la subversión marxista, enriquecida con dinero del narcotráfico. No se trata sólo de un problema militar. En el campo político, el nuevo gobierno tendrá que enfrentar una poderosa alianza que incluye a la izquierda marxista nacional e internacional y a sus simpatizantes en todo el mundo.
Desde hace tiempo, en forma muy acorde con la doctrina marxista, la subversión ha utilizado “todas las formas de lucha”, incluida la calumnia y la difamación. Esto ha coincidido con que la extrema izquierda se ha apoderado en buena parte del tema de los derechos humanos. Muchos de los mejores militares colombianos han sido acusados falsamente de violaciones de derechos humanos con el objeto de anularlos y de difundir el mito del “oscuro historial” del Ejército de Colombia. La realidad es bien diferente. Casos de errores y violaciones conscientes han habido, como en toda guerra, pero el historial es sorprendentemente bueno, algo que la opinión pública en Colombia reconoce. La campaña de difamación tiene el objetivo de destruir el buen nombre de los mejores oficiales y evitar que Colombia reciba ayuda contra la subversión.
El proceso de difamación se inicia con denuncias ante la Fiscalía y la Procuraduría, la entidad disciplinaria para funcionarios del Estado. Durante años, estos organismos fueron pacientemente infiltrados por simpatizantes de la subversión. Para iniciar el proceso se utilizan testimonios falsos o amañados de testigos que luego desaparecen. La “investigación” dura años y cuando el oficial finalmente demuestra su inocencia, ya su carrera está destruida. Mientras tanto, un centenar de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de derechos humanos y organismos internacionales, entre ellos las mismas Naciones Unidas, proclaman la culpabilidad anticipada de la víctima escogida y así logran el desprestigio del Ejército. Esto ha funcionado tan bien que ha participado hasta el Departamento de Estado de Estados Unidos, el cual recoge los informes de “fuentes fidedignas” y condena a oficiales colombianos sin juicio alguno. Claro que los funcionarios responsables no se atreverían a hacer lo mismo con militares americanos porque de hacerlo terminarían en la cárcel.
Hace poco asumieron funciones un nuevo Fiscal General, Luis Camilo Osorio, y un nuevo Procurador, Edgardo Maya. Ellos están limpiando esas dependencias. Han sido despedidos decenas de simpatizantes de la subversión y no han faltado estridentes protestas de las ONG. Será más difícil continuar la campaña de desprestigio sin la complicidad de los organismos de investigación y control, pero no imposible. Y ahora se acusa no sólo al Ejército sino también a Alvaro Uribe. Ya la campaña de Serpa, quien siempre fue cercano a la izquierda, especialmente al ELN, inició el ataque acusando a Uribe de haber expedido licencias a las aeronaves de los narcotraficantes cuando fue Director de la Aeronáutica Civil. Uribe les recordó a sus acusadores que siempre exigió el aval de las autoridades militares y de la policía para expedirlas. Además, anotó que fue investigado por solicitud propia y exonerado por el Procurador de la época, el mismo Horacio Serpa. Por el momento son acusaciones de campaña electoral, pero el enorme aparato de apoyo a la subversión continuará atacando.
Estados Unidos empieza a reconocer que le conviene ayudar a Colombia, país que enfrenta una subversión enriquecida con dinero que proviene del consumo de drogas de americanos. Para evitar esa ayuda, la campaña de desprestigio estará a cargo de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y WOLA, acompañados de otras decenas de ONG, los legisladores y la prensa de izquierda.
La Constitución y la legislación colombianas, establecidas con fuerte influencia de la izquierda, parecen diseñadas para Suiza, no para un país atacado. La campaña para evitar que se logre una legislación adecuada para la guerra será dura, pero Uribe tendrá que lograrlo. También tendrá que mantener la voluntad de la población para enfrentar el reto subversivo, defender el prestigio de las Fuerzas Armadas y el suyo propio de la avalancha de acusaciones que inventarán en su contra.
Miguel Posada es director del Centro de Análisis Sociopolíticos.
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