El coste de la política antierrorista, en lo que atañe a ETA, se ha cifrado en unos 700 millones de euros al año, de los que cerca de tres cuartas partes han correspondido a la Administración del Estado y el resto, al Gobierno vasco
La importante caída que, desde hace algo más de dos años, han experimentado las actividades terroristas de ETA, ha suscitado una cierta reordenación de la política antiterrorista destinada principalmente a la reducción de su coste económico. Recordemos algunas de las cifras fundamentales a fin de eludir las impresiones difusas que pueden dar lugar a valoraciones poco fundamentadas.
Por una parte, es meridiano que las acciones terroristas se han ido difuminando: desde agosto de 2009, ETA no ha cometido ningún atentado en España —aunque se anota dos actos de este tipo en Francia, uno en 2010 y otro en 2011—; el terrorismo callejero, aunque no ha desaparecido completamente, se ha atenuado, de manera que se ha pasado de 155 incidentes en 2009, con un coste de 2,6 millones de euros, a 50 en 2011, con unos daños de apenas 76.000 euros; también se han reducido los robos de vehículos, explosivos y otros materiales destinados a la realización de atentados; y las últimas cartas de extorsión a empresarios datan de noviembre de 2010. No significa todo esto que la amenaza terrorista haya desaparecido, pues de hecho ETA sigue en activo como tal organización y el movimiento que lidera ha obtenido importantes progresos en el terreno político. Pero sí puede afirmarse que el nivel de esa amenaza violenta es ahora sustancialmente inferior al que existía hasta hace un par de años.
La reducción de las actividades de ETA guarda una estrecha relación con la intensidad de la lucha policial contra esta organización terrorista. Recordemos que, por mencionar sólo el último quinquenio, las fuerzas de seguridad han desmantelado 88 depósitos de material logístico, incautándose de 105 armas y 7,4 toneladas de explosivos, además de otros tipos de materiales; que también han detenido a 486 militantes o colaboradores de la banda, así como a 487 individuos implicados en el terrorismo callejero. Y recordemos asimismo que ha sido la acumulación de acciones represivas la que, como he mostrado en un reciente informe publicado por la Cátedra de Economía del Terrorismo, ha inducido la progresiva incapacidad de ETA para sumar nuevos actos a su larga carrera delictiva.
Pues bien, el coste de la política antiterrorista, en lo que atañe a ETA, se ha cifrado en unos 700 millones de euros al año —690,2 en 2011, para ser más precisos—, de los que cerca de tres cuartas partes han correspondido a la Administración del Estado y el resto al Gobierno Vasco. Ha sido un coste importante que, desde una perspectiva estrictamente económica, puede justificarse por el hecho de que la reducción de los atentados que ha tenido lugar en el quinquenio anterior a su cese, ha evitado unas pérdidas anuales del orden de 1.043 millones de euros para el conjunto de la economía española.
Tal vez convenga explicar este último dato. Los estudios sobre la economía del terrorismo que se han desarrollado durante la última década han destacado que esta forma de violencia política, cuando adquiere un carácter recurrente a lo largo del tiempo, rebaja las expectativas de los consumidores y los empresarios, dando lugar a una reducción del nivel de inversión y afectando, por esta vía, al crecimiento económico. Éste, a su vez, se ve también mermado por la necesidad de destinar recursos a incrementar las políticas de seguridad, reduciendo las disponibilidades de otros destinos más productivos para el gasto público. En conjunto, según las estimaciones más recientes de los profesores Khusrav Gaibulloev y Todd Sandler para los países de Europa Occidental, la variación en el tiempo de una unidad por cada millón de habitantes en el número de atentados provocados por organizaciones terroristas internas, da lugar a un cambio, en sentido inverso, de 0,17 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento del PIB. Tomando esta cifra y teniendo en cuenta que, en España, los atentados de ETA se redujeron desde 1,07 a 0,53 unidades por millón de habitantes entre la primera y la segunda mitad de la pasada década, se llega a la cifra de algo más de mil millones anuales que antes se ha mencionado al valorar el efecto positivo de la política antiterrorista sobre el crecimiento del PIB.
Lógicamente, esta mejora del PIB derivada de la reducción del terrorismo se ha mantenido en un nivel similar con el cese casi completo de las acciones violentas durante los dos últimos años. Pero esta última circunstancia señala que ya no quedan apenas ganancias económicas futuras que puedan derivarse del sostenimiento de la política antiterrorista en los mismos términos que se han mantenido hasta ahora. Dicho de otra manera, el argumento económico señala que es razonable plantear una reducción de los recursos destinados a combatir a ETA salvo que ésta volviera a ejercer la violencia.
Naturalmente, la lógica económica no es lo único que hay que considerar, pues, debido a que ETA aún no se ha disuelto y entregado sus armas, deben tenerse en cuenta también los aspectos políticos implicados en este asunto. Ello hace que lo prudente sea una reducción parcial y paulatina de los recursos económicos destinados a la lucha contra esta banda que permita aminorar significativamente los costes de la política antiterrorista. Esto es lo que, a la vista de las informaciones que se han ido publicando en los últimos meses, parecen haber entendido tanto el Ministerio del Interior como la Consejería de Interior del Gobierno Vasco.
En efecto, desde septiembre de 2010 se ha asistido a una reducción de los efectivos policiales destinados a la protección de personalidades. Y lo mismo ha ocurrido, un año más tarde, con respecto a la contratación de escoltas privados con la misma finalidad. Las acciones emprendidas por los responsables de Interior han posibilitado, ya en 2012, un ahorro de unos 100 millones de euros en cuanto al empleo de empresas privadas de protección. Por otra parte, se ha anunciado una reducción del 70 por ciento en los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados a la misma tarea para derivarlos hacia otras funciones policiales no relacionadas con el terrorismo. Ello afectará a alrededor de 1.850 miembros de las fuerzas de seguridad, con una reducción de costes para la política antiterrorista de algo más de 110 millones de euros. Y lo mismo se puede decir con respecto a la Ertzaintza, cuya plantilla de escoltas se ha reducido en unos 300 ertzainas, con un ahorro de 22,5 millones de euros.
Todo ello señala que, en 2012, el coste de la lucha contra ETA se va a quedar, seguramente, en unos 460 millones de euros, lo que, teniendo en cuenta los argumentos antes expuestos, parece bastante razonable. Este coste se va a aproximar, por otra parte, al que corresponde a la prevención del terrorismo yihadista internacional, que actualmente se estima en unos 370 millones de euros al año. Y si la actividad terrorista de ETA no repunta e incluso desaparece, es probable que, en años sucesivos, veamos un ajuste adicional, con lo que la sociedad española habrá empezado a disfrutar del dividendo económico del final del terrorismo.
