Releer hoy, cuando el embate separatista de Cataluña se presenta con tintes de insurrección, las páginas con las que el ministro canadiense Stéphane Dion introduce su obra La política de la claridad resulta particularmente aleccionador, toda vez que, llegados a este punto, hemos de encontrar una vía para que la cuestión de la secesión deje de dirimirse en el campo de juego nacionalista y pase a deliberarse en la arena institucional democrática. Dion señala que, en Canadá –y yo diría también que en España, propuestas federalistas incluidas–, el debate sobre la unidad ha llevado a "una estéril discusión sobre la Constitución", pues la unidad no está cuestionada por el reconocimiento de la diversidad, sino por un "procedimiento (…) secesionista muy difícil de conciliar con la democracia" cuyos dos pilares son "una pregunta refrendaria confusa y una apretada mayoría [que no permite asegurar] que la secesión sea la elección claramente expresada por la población". La verdadera cuestión, añade Dion,
no es saber si los quebequeses pueden decidir su futuro, (…) [sino] saber cómo, por qué procedimiento, los quebequeses que no quieren la nacionalidad canadiense podrían retirársela a los quebequeses que quieren conservarla.
Stéphane Dion –que en su libro confiesa haber transgredido las dos reglas de oro de la corrección política en el debate sobre la secesión, o sea la de que "es necesario cortejar a los nacionalistas con suaves palabras" y la de "no admitir nunca en público que el adversario podría ganar"– fue quien planteó en 1996 a la Corte Suprema de Canadá las tres preguntas que dieron lugar al famoso dictamen de este tribunal acerca del asunto. Un dictamen que dejó sentado que ni sobre el fundamento del Derecho Internacional ni sobre el de la Constitución de Canadá existe un derecho a la secesión, aunque ello no obste para que sí haya un "derecho a plantear la demanda de secesión (…) y a obtener una respuesta democráticamente fundamentada". Fue precisamente para para dar esa respuesta para lo que Dion presentó a la Cámara de los Comunes canadiense su Ley sobre la Claridad, obteniendo el respaldo parlamentario en marzo del año 2000.
El Tribunal Constitucional español ha dejado también claro, en su sentencia de 2008 sobre la Ley de Consulta del País Vasco y en la más reciente de 2014 sobre la declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña, emitida un año antes por el Parlamento catalán, que la Constitución no exige una adhesión militante a su contenido y puede, por ello, plantearse la cuestión secesionista a través de su reforma, estando habilitadas las Asambleas legislativas de las comunidades autónomas para proponer tal cambio, siendo un deber del Parlamento español entrar a considerarlo. Parecería, por tanto, que el tema de la secesión sólo se puede proponer a través de la reforma constitucional, lo que haría prácticamente inviable, por la naturaleza de los consensos requeridos, su consecución.
Sin embargo, como ha señalado recientemente José María Ruiz Soroa en un interesante capítulo del libro colectivo La secesión de España, bases para un debate desde el País Vasco,
si la Constitución ha previsto y regulado su propia reforma, nada impide al legislador ordinario regular los trámites previos necesarios para iniciar ese proceso de reforma (…) en los supuestos que afecten a la unidad nacional.
Dicho de otra manera, también en España es posible que una política de la claridad encuentre su plasmación legislativa, entrando a regular los procedimientos democráticos a través de los cuales se pueda constatar, en una comunidad autónoma y en cada una de sus unidades territoriales, la existencia de una voluntad clara y mayoritaria de secesión, y a partir de ella establecer de manera negociada sus condiciones, dando al conjunto del pueblo español, a través del trámite concreto de reforma constitucional en el que esas condiciones se plasmen, la oportunidad de pronunciarse en su favor o en su contra.
Esta propuesta de Ruiz Soroa debería, en mi opinión, completarse con otros elementos destinados a hacer más nítido el debate y, sobre todo, a dejar fuera de él los pronunciamientos que lo contaminan, por lo general desde el bando nacionalista. Un ejemplo de ello es la cuestión de la permanencia de las regiones secesionadas en la Unión Europea; un tema éste que ha dado lugar tanto a un debate académico serio como a múltiples declaraciones carentes de fundamento, y que debiera dirimirse con una consulta formal del Gobierno español a los órganos europeos que tengan competencia para establecer una declaración doctrinal incontrovertida. Lo mismo puede decirse con respecto al asunto de las condiciones de utilización del euro en el caso de que la región separada decidiera adoptarlo como unidad monetaria. Y así un sinfín de temas de naturaleza económica e institucional sobre los que los ciudadanos necesitan tener la mejor información posible antes de pronunciarse acerca de su futuro en común, y sobre los que merecería la pena establecer un programa de estudios al que pudieran concurrir los mejores investigadores académicos del país.
La secesión es, sin duda, en este momento, el tema político de mayor envergadura al que nos enfrentamos los españoles. En Cataluña, sus valedores han franqueado ya, aunque por ahora sólo sea verbalmente, la frontera que separa la aceptación formal de las instituciones del terreno sedicioso de la declaración unilateral de independencia. Tal vez, en el momento supremo en el que ya no caben las palabras, esta última acabe siendo sólo un deseo frustrado, un desiderátum irrealizable, un tránsito para el que falte el coraje político que conduce inevitablemente a la violencia. Sea cual sea, sin embargo, el momentáneo devenir de los acontecimientos durante las próximas semanas, bueno será que quienes tiene la responsabilidad de mover la rueda que los impulsa no se dejen arrollar por ella y encuentren en la política de la claridad la inspiración necesaria para reconducir la cuestión al ámbito de la deliberación democrática, en el que aún no ha entrado.