Hablar hoy, en España, de la universidad es llorar. Ese mastodonte burocrático que no atiende a la ciencia sino al poder de unas minorías estamentales más interesadas en sostener el privilegio del poco hacer, de la baja exigencia, del dejar vivir, que en el progreso de la investigación o en el avance del conocimiento que se trasmite, a través de los alumnos, a la sociedad. Basta con que se publiquen unos nada extraordinarios rankings de universidades, sean nacionales o internacionales, para que los oficiantes de la conducción de tanta ineficacia saquen a relucir el memorial de agravios, en el que todas sus páginas aluden a los escasos recursos que reciben del Estado o de las comunidades autónomas y ninguna contiene un mísero párrafo acerca de las ineficiencias, del derroche que supone mantener departamentos y facultades que carecen de alumnos, de la multiplicación de cargos y carguitos no estatutarios para colocar a los adeptos o de la tergiversación de los criterios de asignación de la carga docente a los profesores para que los peores de éstos, los que pasan de la investigación y ni siquiera están al día en su disciplina, trabajen lo menos posible y no tengan motivo de queja -no vaya a ser que su voto vaya a otro candidato en la próxima elección.
Los rectores quieren más. No importa si sus universidades se gastan lo que tienen y lo que no tienen. Para ellos, la cuestión no es si se cumple o no con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, lo suyo es la queja pedigüeña, pues dan por sentado que, en sus manos, la pasta que se dejan los españoles en financiar la educación superior no tiene mejor destino. Esta semana lo ha dicho el jefe de todos ellos, el presidente de la CRUE -que, aunque muchos no lo crean, carece de cualquier estatus oficial y no es más que un grupo de presión organizado, eso sí, con el dinero de los demás-, el rector de la Universidad de Extremadura -que, por cierto, ocupa un puesto entre la cuarta parte de las peores de España, según el último de los rankings publicados-, don Segundo Píriz, quien, pleno de esa sabiduría más propia de iletrados que de científicos, ha señalado, precisamente aludiendo a los rankings internacionales de universidades: "Con el dinero que recibimos tenemos un puesto muy digno", para añadir inmediatamente: "Estamos jugando con unas circunstancias económicas muy adversas". Y se queda tan campante, sin pensar en ningún momento en que la obtención de resultados científicos no es sólo una cuestión de dinero, sino de ganas de trabajar, tal como han demostrado en estos últimos años los miles de investigadores que, aunque marginados, aún quedan en nuestras universidades, cuando han logrado incrementar su productividad en más de un cuarenta por ciento disponiendo de una financiación pública que ha disminuido en más de una treinta por ciento.
Pero la cosa no queda sólo ahí. Esos rectores que reclaman más dinero son los mismos que se oponen a cualquier cambio institucional que pueda dar al traste con su poder oligárquico. Son los que hace unas semanas adoptaron el acuerdo de que los estudios de grado sigan durando cuatro años -no tres, como ocurre en casi toda Europa-, amenazando de expulsión a las universidades que lo incumplan. La CRUE no sólo actuó en este asunto como un grupo de presión, sino que conculcó todas las reglas del libre mercado y anuló cualquier atisbo de competencia en el sector de la enseñanza superior. Porque, no se olvide, el universitario es un sector en el que, de acuerdo con su regulación específica, se puede y se debe competir. Pero no, los rectores prefieren el café para todos y no quieren verse presionados por los mejores resultados de otros al atraer a los alumnos a sus aulas. Lo suyo es la mediocridad generalizada. Y la competencia, para ello, es un incordio. Por eso claman contra las tasas que pagan los estudiantes -éstos, dirá don Segundo Píriz, "tienen razón cuando protestan por este tema"- y esperan pacientemente a que, como también señala su presidente, "cuando las comunidades [autónomas] aporten más fondos sea el momento de bajar el precio".
Puestos a no competir, los rectores también prefieren que se olvide la ley que establece que cada una de las universidades pueda hacer sus propias pruebas de selección de los alumnos que quieren acudir a sus aulas. Por eso dice don Segundo Píriz que con esas pruebas diferenciadas "se genera una desvertebración y una desestructuración del sistema universitario español". Permítanme los lectores que dude acerca de si tan egregio rector conoce el significado de los dos términos que emplea, porque precisamente para vertebrar y estructurar el sistema universitario de una manera distinta de la actual, para dirigirlo hacia la excelencia y alejarlo de la mediocridad que ahora exhibe, se cambió la Ley de Universidades y se introdujo esa posibilidad de empleo de sistemas de selección singulares en cada una de ellas. Pero no, lo que las universidades quieren es ser todas iguales en el rasero inferior. Y por eso, añade el rector Píriz, se está negociando con el ministro de Educación para que baste con el examen final de bachillerato y así "los 400.000 estudiantes que dentro de un año quieran ingresar en la universidad tengan una prueba cuya nota sea válida para todo el territorio nacional". Eso sí, puntualiza nuestro rector, en un arranque de inmovilismo digno de otra épca, que tal examen debe ser "parecido al que se venía haciendo". O sea, que apruebe casi todo el que se presenta, tenga o no conocimientos y capacidades suficientes para abordar los estudios universitarios que pretende.
Es así como los eminentes rectores de nuestras universidades pretenden construir el futuro de estas instituciones: dando continuidad a las peores prácticas para que nada cambie mientras reclaman de los gobiernos que rieguen con más dineros públicos su inane gestión.