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5 millones de derechos sociales

El sur de España es el paradigma de cómo la gente interpreta el papel del gobierno y los llamados derechos sociales. De cada diez personas en edad de trabajar, tres están en el paro y cuatro son funcionarios o trincan algún subsidio como el famoso PER.

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Zapatero ha sido el gobernante que más ha extendido eso que los socialistas denominan "derechos sociales", en concreto el derecho a cobrar el paro, que jamás ha sido tan ejercitado en nuestro país como en las postrimerías de su mandato. Hoy sabemos que cinco millones de ciudadanos españoles han ampliado ese paquete de derechos sociales a los que pueden tener acceso gracias al PSOE, porque lo del aborto libre a las menores de edad no iba a ser suficiente para cubrir el expediente de servicios a la patria de un socialista radical como ZP.

En España, a estar sin trabajo cobrando un subsidio de risa se le llama disfrutar de un derecho y trabajar una obligación poco reconocida salvo casos extremos. Nada raro tratándose de un país en el que asesinar a un ser humano no nacido es también un derecho y traerlo a la vida para cuidarlo una obligación que conviene eludir en la medida de lo posible.

Aquí, mientras haya dinero para pagar los 400 euros mensuales a los parados con cargas familiares, el trinque del PER y la renta básica de emancipación según las comunidades autónomas, la mayoría de la población valora su decisión electoral con una asepsia que provoca escalofríos.

Lo que prima en el terreno laboral no es el deseo de tener una economía pujante libre de trabas, donde el talento y el esfuerzo sean los motores del éxito y la generación de empleo, sino que el gobierno subsidie a todas sus víctimas cuyo agradecimiento suele transformarse en votos, que es de lo que se trata en último término.

El español medio votante de partidos de izquierdas quiere ser esclavo de su gobierno, y cualquier posibilidad de que el estado pueda aflojar los grilletes que le sujetan a la mazmorra socialdemócrata es considerada una amenaza que es necesario combatir por cualquier medio, sin excluir las opciones más violentas en casos desesperados.

El sur de España es el paradigma de la forma en que la gente interpreta el papel del gobierno y los llamados derechos sociales. De cada diez personas en edad de trabajar tres están en el paro y, de las siete restantes, cuatro son funcionarios o trincan algún subsidio como el famoso PER, origen del desfonde económico de la zona y causa de su estancamiento secular.

Cómo será de incompetente el PSOE de ZP y Rubalcaba que hasta en esos feudos van a perder presumiblemente un buen chorro de diputados. Ni González llegó tan bajo.

En España

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