Los casos de corrupción que afloran en España tienen como principal protagonista al Partido Popular. Es lo lógico por dos razones fundamentales: el PP es el partido que acumula una mayor cuota de poder político y, a diferencia de los socialistas, que se llevaron un susto muy duradero tras la apabullante corrupción del tardofelipismo, los populares no habían vivido en sus carnes nada parecido, lo que ha permitido que se corrompieran sin grandes sobresaltos.
Los corruptos son inevitables, sobre todo en una Administración tan disparatada como la nuestra, que mantiene en nómina a unos 100.000 profesionales de la política en ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, parlamentos, empresas públicas y el Gobierno central. Por pura estadística, es imposible evitar que al menos unos cuantos decidan enriquecerse a cuenta del erario. De hecho, si despojáramos al trinque del dinero público de su perfil odioso, podríamos decir que tenemos un índice de corrupción aceptable para un Estado que maneja casi medio billón de euros anuales. Con los felipistas en plena forma, el desfalco generalizado podría ser ahora monumental.
Pero lo grave en estos asuntos no es que algunos golfos utilicen la política para hacer negocio. Lo que resulta letal es que alguien de dentro denuncie a un corrupto y en el partido mantengan al segundo y sancionen al primero por lenguaraz. En ese momento, todos los diques se rompen y los corruptos vocacionales, que hasta entonces no se atrevían, se lanzan a trincar como si no hubiera un mañana, convencidos (con razón) de que el partido los protegerá llegado el caso. Puro felipismo, este marianismo actual, al que solo le falta ya que le salga una directora general con una cámara frigorífica en casa para guardar decenas de abrigos de visón, comprados con las mordidas del ministerio.
Los populistas, que ya han empezado a hacer sus pinitos en la corrupción antes de haber tocado el poder (traficando con VPO, cobrando informes absurdos a países tercermundistas, defraudando a Hacienda, trincando becas black o abusando de empleados domésticos sin darlos de alta), confían en que, esta vez sí, la gente, o sea los de abajo, les dará su confianza para que dignifiquen la política, como la encarnación del espíritu puro que son. Lo más asombroso de todo es que puede que tengan razón.
El felipismo, al menos, no tenía enfrente un movimiento totalitario dispuesto a poner en jaque todo el sistema. Lo de ahora puede llegar a ser mucho peor.