La primera reunión del Gobierno regional de Cataluña tras el 9-N ha sido una fiesta en la que Mas y sus ministrillos no paraban de comentar jubilosos la jugada del domingo, señal de que todavía les dura el subidón. Están como los adolescentes la primera vez que se van de juerga a espaldas de sus padres, que al día siguiente se echan unas risas recordando la nochecita para dar envidia a los que aún no han vivido su primer botellón. Los nacionalistas se nos han hecho mayores, y eso que parece que fue ayer cuando se limitaban a llorar para sacarnos la pasta al por mayor y robar al detall.
En Madrid, los medios de comunicación de referencia, los intelectuales de progreso y el Partido Socialista insisten en que ahora Rajoy tiene que negociar con Artur Mas el famoso encaje de Cataluña. Para que nos entendamos, el "encaje" no hace referencia al ajuste de una pieza mal colocada, como se pretende hacer ver, sino a la destrucción del puzle entero. La tesis ampliamente compartida es que Rajoy no tenía que actuar cuando estaba a tiempo de hacerlo para impedir un acto ilegal, sino ahora que el delito se ha consumado, pero haciendo ver que aquí no sólo no ha pasado nada sino que hay que premiar a los delincuentes. Es como si el Gobierno se pusiera a negociar con la Pantoja no en qué centro penitenciario quiere cumplir su sentencia, sino cuánto quiere cobrar por hacer un programa semanal de televisión en la franja estelar de TVE.
Y la famosa tonadillera andaluza al menos sabe cantar y goza de gran prestigio en su profesión, pero que el Gobierno de un país desarrollado se arrodille ante personajes como Homs, Mas o el Tío de la Chancla es un trance vergonzoso que los españoles no tendríamos por qué sufrir. La única negociación que Artur Mas puede mantener con el Estado es la que lleve a cabo en su día su abogado con la Fiscalía durante el juicio oral, por haber incumplido las sentencias de los tribunales y haber impulsado un acto sedicioso como presidente de la Generalidad. "Es la hora de la política", dicen los partidarios de la negociación a calzón quitado para garantizar la inmunidad de Mas; pero olvidan que la primera condición de la política en un Estado de Derecho es garantizar la aplicación de la ley a todos por igual. Curiosamente, son las mismas voces que se escandalizan por el elevado número de aforados que hay en España, porque ese es un privilegio que sus epidermis superdemocráticas no pueden tolerar. Recordémoslo la próxima vez que pidan la dimisión de un senador por haber viajado a visitar a sus queridas con cargo al presupuesto estatal.