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Pablo Molina

El PSOE retoma la guerra del agua

Aquí el agua no es un bien común, sino un recurso privativo de la clase política autonómica para ganar elecciones excitando el odio de la gente.

Aquí el agua no es un bien común, sino un recurso privativo de la clase política autonómica para ganar elecciones excitando el odio de la gente.
EFE

Cuando las izquierdas llegan al poder se ponen inmediatamente a resolver las cuestiones más graves que acucian a los ciudadanos. En el Ayuntamiento de Madrid están estudiando el callejero para expurgar a todos los franquistas, aunque murieran antes de la llegada de Franco al poder y no les diera tiempo a ser oficialmente fachas. En Castilla-La Mancha no van a modificar los nombres de las calles porque, en tal caso, tendrían que suprimir las varias dedicadas al padre de José Bono, alcalde por la gracia de Dios y la voluntad del Caudillo, y eso sería un feo muy grave al ejpresidente. Allí prefieren reanudar la guerra del agua, que tantos beneficios electorales propicia a los partidos que defienden los trasvases y los que los rechazan, según el territorio en cuestión posea agua suficiente o no.

La oposición a los trasvases de agua desde el Tajo a la cuenca del Segura es una característica transversal en la política castellano-manchega. Cospedal, en su día, ya intentó acabar con ellos porque aquí el agua no es un bien común de todos los españoles, sino un recurso privativo de la clase política autonómica para ganar elecciones excitando el odio de la gente contra sus compatriotas menos favorecidos. En aquellos momentos –se tramitaba la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha– José Bono (aquí un patriota) felicitó a su sucesor, Barreda, por haberse "cargado" el trasvase, al que solía referirse como una infraestructura "franquista" que, en consecuencia, había que destruir. Esas cosas decía José Bono mientras ejercía su cargo de presidente del Congreso de los Diputados, a pesar de lo cual sigue siendo considerado por gran parte de la prensa como un estadista defensor de la igualdad de todos los españoles.

Situado el listón de la deslealtad sociata en esas bajuras bonescas, no puede resultar extraño que García Page, elevado a la presidencia autonómica gracias al voto podemita –otros patriotas–, retome con brío este combate contra los regantes murcianos y alicantinos, los más productivos de Europa, a ver si con un poco de suerte acaba con sus ya bien magras esperanzas de supervivencia. El nivel dialéctico está ya tan desplomado que a los envíos de agua sobrante a la cuenca del Segura los tachan de "agresiones contra el Tajo", como si el río fuera una mujer maltratada y los regantes del sureste unos machistas violentos. El día en que alguien explique a los socialistas manchegos que el Tajo-Segura no lo inventó Franco sino Indalecio Prieto, allá por los años treinta del siglo pasado, les da un aire, aunque antes haya que contarles quien fue el héroe del Vita.

Al PSOE le parece mal que el PP pretenda dar competencias al Constitucional para castigar a las autoridades y funcionarios que actúen con deslealtad. En eso es coherente Pedro Sánchez: si se aplicara de verdad alguna vez ese principio no quedaba un socialista con cargo ni para un remedio.

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